El fiscal rebaja a cuatro años la pena de inhabilitación al exalcalde Abreu por prevaricación

Veinte años después de la firma del expediente administrativo que adjudicó de forma directa, al estudio de arquitectos Cuende y Gutiérrez, la redacción del proyecto para construir un centro dedicado a la atención de personas con discapacidad en Buenavista del Norte, y tras algo más de una década desde que Sí Se Puede (SSP) presentara una denuncia por presunta prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos contra el entonces alcalde socialista Aurelio Abreu y el secretario-interventor municipal Francisco Javier Bardón, el caso se juzgó y quedó visto para sentencia ayer. En la vista, celebrada en la Audiencia Provincial de SantaCruz de Tenerife, el fiscal rebajó de ocho a cuatro años su petición de inhabilitación para los acusados por «dilaciones indebidas muy cualificadas».

El origen del caso se remonta a un pleno municipal celebrado en 2005 en el que se aprobó iniciar los trámites para construir el centro. A comienzos de 2006 se pidió una subvención al Gobierno de Canarias, pero antes debía encargarse la redacción del proyecto con un presupuesto justificativo para acceder a la misma y el expediente se aprobó por la vía de «urgencia», según declararon los concejales que participaban en la Junta de Gobierno municipal y el propio Abreu, que firmó el documento.

Para la Fiscalía y la acusación popular, Ramiro Cuende no solo era arquitecto del estudio junto a Esteban Gutiérrez, también fue concejal socialista en Santa Cruz, y sostienen que se encargó el proyecto a dedo y sin concurrencia pública para beneficiarle. Cuende cifró la redacción del proyecto en 180.000 euros y otros 90.000 por la dirección de obra. El Ayuntamiento recibió la subvención nominativa de 162.000 euros y se ordenó el pago al estudio, en 2007, pero la obra nunca se llevó a cabo, ni el expediente se encontró en el área de Urbanismo cuando, tras llegar a la Alcaldía Antonio José González (SSP) en 2011, quiso impulsar el proyecto y preguntó por la documentación.

La denuncia

Durante su declaración, González explicó que al no encontrar el expediente sospechó que su tramitación pudo ser irregular y decidió presentar la denuncia. En esa denuncia, a la que se sumó la Fiscalía en 2018, no solo acusa a los investigados por prevaricación, también por malversación de caudales públicos.

En su declaración negó, a preguntas de la defensa de Abreu, que denunciara al exalcalde socialista por rencillas familiares al acudir a concursos de contratación municipal y no obtener resultados positivos o un conflicto entre su padre y Abreu cuyo origen estaría relacionado con la parcela destinada a la construcción del centro.

Además, el denunciante aseguró que en el expediente no había ninguna firma del secretario, quien para él debía ser preceptiva para avalar el expediente. Esta afirmación fue desmentida por el propio secretario quien dijo que solo tenía que firmar expedientes cuando estos se llevaran a cabo por el trámite de «urgencia» y en el resto de actuaciones solo tenía que velar porque todo se ajustara a derecho, que fuera legal.

El arquitecto Ramiro Cuende confirmó que el proyecto se extravió en una mudanza y al cambiar el sistema informático a un servidor compartido de su despacho. Esa documentación no la localizó hasta 2012, y solo lo recuperó con la intervención de Per Thomsen, un experto informático que corroboró esa búsqueda ante la Sala. Los denunciantes sospechan que fue en ese momento cuando se elaboró en realidad el proyecto y no seis años antes.

Los concejales que tuvieron competencias en Urbanismo o Servicios Sociales negaron haber iniciado el expediente y señalaron que esa competencia correspondía a la Junta de Gobierno, pero no se llevó a ese ámbito. No obstante, consideraron que la adjudicación directa al estudio de Cuende y Gutiérrez se defendió como «la opción más idónea», al haber sido el estudio que construyó el centro ocupacional de día años antes y se acordó que la nueva construcción se levantara en el solar contiguo, dando «continuidad en su funcionalidad y estética» a ambas infraestructuras.

Algunos de los ediles afirmaron que mantuvieron «conversaciones» o «reuniones» para hablar de este proyecto y recordaron que en ellas habría estado presente el secretario municipal, al menos en algunas de ellas. La defensa de Bardón sacó a colación las declaraciones que hicieron durante la instrucción en las que señalaron que «no recordaban» que éste estuviera presente.

«Pulcro y riguroso»

Los ediles coincidieron en destacar que el secretario municipal «era pulcro, meticuloso y riguroso con su trabajo» por lo que les resultaba extraño que no hubiera señalado irregularidades, en caso de que de haberlas. Por su parte, la edil de Servicios Sociales indicó que «los expedientes pasaban por la Secretaría municipal para aprobarlos», lo que negó de manera tajante el secretario.

Bardón solo respondió a las preguntas de su abogado: negó participar en la adjudicación y aseguró que nadie le pidió informe alguno sobre el expediente. Sobre su firma para realizar el pago al estudio , señaló que «estaba obligado por la doctrina del enriquecimiento injusto» con un trabajo redactado y entregado.

Aurelio Abreu rechazó responder a la acusación popular y aseveró que firmó el expediente porque «daba por hecho que todo se ajustaba a la legalidad» por la confianza que tenía en los funcionarios y gestores políticos. Insistió en que nunca intervino en las conversaciones para adjudicar directamente el proyecto al despacho de Cuende, a pesar de que la legislación en vigor entonces se lo hubiera permitido.

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