La Fiscalía pide paralizar la extracción de áridos en Chimiche, en Granadilla de Abona

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presenta una denuncia formal ante el Juzgado de Granadilla de Abona contra la empresa que extrae árido en Los Cármenes (Chimiche), solicitando la paralización inmediata y el precinto de su actividad. Esta acción judicial tiene su origen en la denuncia interpuesta en mayo de 2025 por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Tras meses de diligencias de investigación preprocesal, el Ministerio Público percibe un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La investigación fiscal revela un escenario de irregularidades sostenidas en el tiempo. Según el escrito, el investigado promovió durante más de dos décadas actividades de extracción, machaqueo y tratamiento de áridos sin contar con las autorizaciones legales preceptivas. Las operaciones se desarrollaron en parcelas de gran valor territorial situadas en Barranco del Horno (o Piedras Caldas), El Barranquillo de Las Arenitas y El Barranquillo de Cha Silveria.

La actividad se desarrolla sobre suelo rústico de protección agraria, de infraestructuras y paisajística. El impacto, según la Fiscalía, es «gravísimo», provocando una degradación severa del suelo, el subsuelo y la configuración del paisaje natural de la zona Sur.

Dada la magnitud del impacto ambiental y la persistencia de la actividad presuntamente ilícita, la Fiscalía solicita al Juzgado la aplicación del artículo 339 del Código Penal, que permite la adopción de medidas cautelares para restaurar el orden jurídico. La petición de clausura y precinto no solo responde a la falta de títulos habilitantes, sino al riesgo inminente de que el daño ecológico sea «de difícil o imposible restauración» si las máquinas continúan operando.

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), organización que inició este proceso hace menos de un año, muestra su satisfacción ante la diligencia de la Fiscalía. Para el colectivo ecologista, el hecho de que se priorice la protección preventiva del medio ambiente mediante el cierre cautelar es una victoria clave. «No basta con perseguir el delito a posteriori; es fundamental evitar que el daño se agrave mientras dura el proceso judicial», señala la organización.

Este caso pone bajo el foco la vigilancia administrativa en Canarias, cuestionando cómo una actividad de tal envergadura ha podido mantenerse al margen de la ley durante 20 años en áreas de protección especial. El proceso judicial que ahora comienza será determinante para sentar un precedente sobre la responsabilidad empresarial y la recuperación de espacios naturales degradados en Tenerife.