Revelan el caso de un guardia civil que consultó cientos de veces los datos personales de sus exparejas en Tenerife

Un agente de la Guardia Civil con destino en diferentes puestos de la isla de Tenerife se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de un delito de revelación de secretos por el que la Fiscalía pide que sea condenado a cinco años de prisión e indemnizaciones para las ocho víctimas que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros.

Durante la primera sesión del juicio, que prosigue hoy, declararon peritos de Asuntos Internos de la Guardia Civil, del Grupo de Información de la Comandancia provincial, agentes de los puestos de Tacoronte, Candelaria y El Rosario, en los que estuvo destinado el acusado, así como las víctimas, la mayoría de ellas exparejas sentimentales, familiares de estas, personas que tuvieron relación con ellas en el pasado o compañeros guardias civiles.

Uno de los integrantes de Asuntos Internos de la Guardia Civil a cuyo departamento se trasladó un aviso en 2024 desde el Grupo provincial de Información ante las sospechas de que el agente ahora acusado estuviera implicado en asuntos delictivos, declaró ayer que «era aburmadora» la cantidad de veces que el agente investigado entró en el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO) para consultar datos de personas o vehículos sobre los que no había ningún tipo de investigación. «Entre 2019 y 2023 detectamos cerca de un millar de consultas en la base de datos sobre las que el agente no tenía por qué acceder ya que no estaban relacionadas con ninguna investigación que tuviera asignada», afirmó.

Baja por depresión

Las consultas que realizaba el agente se interrumpieron a mediados de 2023 ya que a partir de esas fecha, el guardia investigado estuvo de baja por depresión.

Al principio, los agentes sospecharon que el guardia podía estar involucrado en algún tipo de actividad relacionada con la venta de drogas, los medicamentos o la compraventa de vehículos por el tipo de consultas que realizaba y porque «no había que descartar nada».

Sin embargo, poco después de iniciar la auditoría en el sistema depurando los datos del usuario y las claves del acusado, que son personales e intransferibles, los investigadores detectaron que el agente consultaba las fichas de personas de su entorno, principalmente parejas sentimentales, familiares o guardias civiles a los que conocía.

El agente acusado, que había sido denunciado por su exesposa por delitos de violencia machista años antes de los hechos que ahora se juzgan, estaba entre las personas sobre las que consultó datos de filiación, antecedentes penales o causas judiciales reseñadas en la base de datos del Instituto Armado.Los ficheros de su hija mayor, fruto de este matrimonio, los de su exsuegro o los de una sobrina de su exmujer fueron consultados durante meses. Hubo días en los que hizo decenas de consultas.

Hizo lo mismo con otras dos parejas sentimentales, incluso, una de ellas declaró ayer que cuando estaban saliendo le envió por Whatsapp varias fotos de novios o de su exmarido con el comentario «Vaya croquetas con los que has estado», admitió para añadir que «no reparó en que podía ser delito, sino que como era guardia civil, pues tenía acceso a las fichas».

El abogado de la defensa, por su parte, trata de desvirtuar la acusación señalando que esas consultas las pudo hacer cualquier compañero que accediera a su ordenador mientras tenía la sesión abierta y se hubiera dejado la tarjeta conectada. Los investigadores señalaron que eso es imposible pues las sesiones caducan si el sistema detecta que no hay actividad en ese ordenador en uno o dos minutos.

Suscríbete para seguir leyendo