Las Bajas en el Puertito de Güímar: cinco años de espera al pie del talud
Desde 2021, este poblado está afectado por el riesgo de desplome inminente, desalojo y retorno de vecinos, el inicio y suspensión de la obra, ayudas al alquiler, litigios, impagos por sobrecoste y un cambio de mandato y una moción de censura en el gobierno municipal

Imagen de la prohibición de acceso a las viviendas de Las Bajas / Arturo Jiménez
Las Bajas, en el Puertito de Güímar, sigue esperando al pie del talud desde hace cinco años. Este conjunto de viviendas y casas cueva ubicadas junto al túnel de la autopista del Sur de Tenerife se encuentra en una larga espera administrativa desde el pasado 15 de febrero de 2021. Vallas, cerramientos y señales que advierten de desprendimiento reflejan una situación habitacional tan peculiar como el emplazamiento del poblado, a escasos metros del mar e incrustado en el talud.
Un lustro da para mucho
En un lustro, el caso de Las Bajas va desde el riesgo de desplome inminente, el desalojo y retorno de vecinos, el inicio y suspensión de la obra para eliminar ese peligro, ayudas al alquiler para reubicar a los moradores, litigios entre la empresa que ejecuta la actuación y el Ayuntamiento de Güímar por sobrecoste e impagos de las facturas y hasta un cambio de mandato y de gobierno municipal.
Inicio
Todo comienza con un informe técnico que establece que el riesgo de desplome de la ladera es alto e inminente en febrero de 2021. El consecuente desalojo de los vecinos fue el siguiente paso. La obra de emergencia para estabilizar el talud se adjudicó en marzo por 342.865 euros y se decretó su ampliación para acondicionar el camino y que la maquinaria accediera sin problemas por 94.656 euros. En este momento, era alcalde Airam Puerta Pérez (PSOE), quien mantenía un pacto de alternancia en la Alcaldía con CC.
Por otro lado, la Dirección General de Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sitúa a las viviendas de Las Bajas en dominio público marítimo terrestre y, por tanto, desautoriza el uso residencial.
Sobrecoste
Durante el desarrollo de la actuación, el Ayuntamiento de Güímar -bajo el mandato de Gustavo Pérez (CC)- detecta sobrecostes respecto al presupuesto autorizado y procede a paralizar la obra, una decisión tomada por la falta de validez de las certificaciones presentadas por la UTE, según los servicios jurídicos y urbanísticos de la corporación. Los principales argumentos del Consistorio para oponerse al pago de las facturas fueron la falta de cobertura de los trabajos realizados, carecer de ampliación del contrato (aún siendo de emergencia) y que el importe de las certificaciones de obra no cuentan con respaldo técnico y jurídico suficiente.
La paralización de la reparación del talud por el gobierno municipal de PSOE y CC tuvo lugar en agosto de 2021. Los procedimientos judiciales iniciados por la empresa desde 2022 para cobrar las tres certificaciones presentadas se encuentran en diferentes fases.
Seguridad
Más allá del contexto legal con la UTE, Las Bajas vive más momentos de controversia en cuanto a la seguridad. En noviembre de 2021, se decreta el cierre inmediato a las viviendas, junto a la prohibición de acceso, vigilancia semanal más el cerramiento y la colocación de señales por parte del Ayuntamiento. Al respecto y ya en 2022, varios vecinos de Las Bajas intentaron volver a sus casas. Un episodio que se repite a lo largo de estos cinco años. En 2024, se refuerza el vallado y las medidas de seguridad para impedir el acceso. En varias ocasiones, las vallas aparecen rotas y se registran actos vandálicos.
En la actualidad
Aparentemente, en Las Bajas no vive nadie en la actualidad. Por el acceso de La Caleta tampoco asoma resquicio alguno de vida. Las ayudas al alquiler que aprobó el Ayuntamiento en 2022, bajo el mandato en pacto de PSOE-CC y renovó el gobierno del PP, siguen vigentes aunque a algunos de los vecinos afectados se les caducaron ya o están próximas a hacerlo.
Silencio
La alcaldesa de Güímar, María Luisa Castro (PP), opta por mantener silencio.
El caso de Ana María Hernández Rodríguez, vecina de Las Bajas
Una de las vecinas de Las Bajas, Ana María Hernández Rodríguez, tiene una ayuda para pagar el alquiler. Este apoyo que recibe del Consistorio de Güímar -actualmente gobernado por el PP, dos concejales del PSOE y Nueva Canarias- se le acaba el próximo 16 de febrero. Tiene alquilada una casa-cueva en Chimaje por 600 euros (agua y luz aparte) y no sabe si esta aportación económica se renovará. "La trabajadora social del Ayuntamiento me dice que eso [el lugar donde reside ahora] no está para vivir", dice sorprendida. Hernández Rodríguez ha vivido dos desalojos: el primero, de su casa de toda la vida de Las Bajas, y el segundo, de la alternativa habitacional que consiguió con la primera ayuda que recibió. "Debo 25.000 euros y estoy en un proceso judicial por esto", explica desesperada.
La situación emocional de Ana María Hernández Rodríguez es complicada. Está en tratamiento psicológico y psiquiátrico por ansiedad. Quiere volver a su vivienda de siempre, pero "aquello sigue igual, precintado. Yo paso por allí de vez en cuando para vigilar que no me entren en la casa", afirma. En cuanto al papel del Ayuntamiento de Güímar, la vecina de Las Bajas anuncia que la alcaldesa, María Luisa Castro (PP), "nos lleva diciendo desde que entró -2025- que va a contratar a un ingeniero para que haga un proyecto que arregle el talud. No me quedo con ninguno, son todos iguales", dice.
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