Puerto de la Cruz abandera la lucha contra el acoso escolar en España con su primera unidad de atención a las víctimas
El trágico caso de Lucía empuja al municipio portuense a crear una unidad de atención a las víctimas de 'bullying'

Manifestación de familias afectadas por el acoso escolar convocada por la asociación Rompe el silencio Canarias / Arturo Jiménez
Puerto de la Cruz será el primer municipio de España en crear una unidad de atención a las víctimas de acoso escolar. Casi un año después de que Lucía, una menor de 12 años, tomara la decisión de quitarse la vida en el corazón del municipio, la conmoción por su pérdida ha llevado al consistorio a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir.
La Unidad Comarcal de Atención a Víctimas de Acoso Escolar será un recurso pionero, tanto en Canarias como en España, que aspira a ofrecer una respuesta integral, coordinada y cercana frente a una violencia que preocupa cada vez más a la sociedad y a la comunidad educativa.
Violencia entre iguales
Parte de una iniciativa presentada en conjunto por Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) y la Asociación Rompe el silencio Canarias que reconoce que el acoso escolar no es un hecho aislado ni puntual, sino una forma de violencia entre iguales que se prolonga en el tiempo, se sustenta en relaciones de poder desiguales y deja profundas secuelas en quienes lo sufren.
Asimismo, la moción advierte de que esta realidad trasciende los límites del aula y se agrava con el uso de las redes sociales y el ciberacoso, convirtiendo el hostigamiento en una experiencia constante para los menores que lo padecen, muchas veces en silencio.
El acuerdo plenario subraya la complejidad del fenómeno, que no se limita a las agresiones físicas, sino que incluye el maltrato psicológico, la humillación verbal, la exclusión social o la difusión de rumores. Agresiones, más o menos veladas, que pueden afectar gravemente al rendimiento académico, a la salud mental y al desarrollo emocional de niños y adolescentes.
"Una guerra ganada"
"Es una guerra ganada", sentencia Laura Fernández, creadora de la asociación y madre de Lucía, para quien supone "un impulso" para las familias que llevan tiempo trasladando a las instituciones la necesidad de abordar el acoso escolar con mayor contundencia. Este paso es, sin embargo, tan solo el principio, pues su objetivo es trascender a todo el Estado. Es por eso que Fernández acudirá este mismo mes al Congreso de los Diputados para presentar ante la junta directiva una propuesta legislativa orientada a reforzar la lucha contra el bullying.
Fernández insistió en la urgencia de avanzar hacia una ley integral contra el acoso escolar y de situar el foco en el suicidio infantojuvenil. "Hay que ser realistas. Cada día hay más casos y va a ir a más. Es una situación muy grave y no hay una ley que nos ampare", afirmó. En este camino, explicó que, además de impulsar su propia iniciativa popular, mantiene contacto y apoyo mutuo con otras madres y padres de distintos puntos del país que también están promoviendo acciones similares.
Desde su experiencia personal, Fernández considera que su caso refleja hasta dónde pueden llegar las consecuencias del acoso escolar. "El próximo 20 de febrero se cumple un año del suicidio de Lucía y sigue sin haberse hecho justicia", señaló.
Enfoque comarcal
Uno de los ejes centrales de la moción es su enfoque comarcal, una característica que Fernández considera clave. La iniciativa es pionera en Canarias y en España, aunque en Conil de la Frontera, en Cádiz, existe una mesa del bullying y también son pioneros. "Somos pioneros en Puerto de la Cruz en hacer algo así. En Conil de la Frontera, en Cádiz, existe una mesa del bullying y también fueron pioneros", explicó.
Fernández aseguró que la Asociación Rompe el silencio Canarias mantendrá un papel activo y de acompañamiento junto al Ayuntamiento. "No vamos a soltar la mano. Nadie mejor que nosotros sabe lo que es y hasta dónde puede llegar el bullying".
Para el concejal de Participación Ciudadana, David Hernández, la creación de esta unidad responde a una realidad "demoledora". "Los datos que hay encima de la mesa, tanto de niños y niñas que han perdido la vida como de los que están sufriendo en la actualidad, obligan a actuar", afirmó. Hernández destacó que, si bien las familias y el profesorado son actores clave, sin el respaldo institucional no es posible abordar el problema de forma eficaz. "Sin la voluntad política y sin la inversión en recursos humanos y económicos de las administraciones esto no se podría hacer. Y si no lo hacemos, si miramos para otro lado, vamos a ser cómplices", recalcó.
Reuniones entre distintas áreas
El concejal avanzó que este mismo mes comenzarán las reuniones entre las distintas áreas municipales para definir la composición y el funcionamiento de la futura unidad de atención y escuela para las familias, dos de las actuaciones que dependen directamente del Ayuntamiento. "Hay otras medidas que requieren un ámbito comarcal e, incluso, la implicación del Gobierno de Canarias, a quien instamos con la aprobación de la moción", añadió.
La futura Unidad Comarcal se concibe como un recurso multidisciplinar de referencia, integrado por profesionales de la psicología, el trabajo social y el ámbito jurídico, con capacidad para atender no solo a víctimas, sino también a familias y a quienes ejercen el acoso, siguiendo modelos de atención integral similares a los existentes en otros ámbitos de violencia.
Además, el acuerdo contempla la creación de una Unidad Multidisciplinar de Intervención a nivel municipal, con la participación de las áreas de Educación, Deportes, Salud y Servicios Sociales, junto a las fuerzas de seguridad, así como la puesta en marcha de una Escuela Municipal de Familias para afrontar los nuevos desafíos educativos desde el entorno doméstico.
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