El presupuesto de Güímar sube por el aumento del coste del personal

En poco más de ocho minutos despachó el Pleno de Güímar la aprobación inicial del presupuesto municipal para el año próximo. Asciende a casi 22,5 millones de euros, incrementa el actual en menos de 720.000 euros y la mayor parte de ese aumento se destina al pago del personal. La causa es la aplicación obligada del aumento salarial del 4% a los funcionarios así como la asignación de sueldos a la concejal María del Carmen Jorge (con una dedicación del 50%) y el edil Agonay Paz (al 75% de dedicación), según explicó el concejal de Economía y Hacienda, el socialista José Miguel Hernández.

El presupuesto fue aprobado con los 12 votos del gobierno municipal que forman PP, NC y dos concejales del PSOE, mientras que la oposición –CC, USP y tres concejales del PSOE– votaron en contra porque recibieron el documento son tiempo para su estudio, argumentaron. El edil de Hacienda les recordó que tuvieron cinco días para hacerlo.

José Miguel Hernández destacó que «se mantienen los mismos parámetros» que regían en el presupuesto prorrogado vigente y que elaboró el grupo de gobierno anterior (CC-PSOE-USP) y especificó que «lo único que restringe el Plan Económico y Financiero [que se somete el Ayuntamiento güimarero] es la capacidad de crecimiento». En respuesta a una duda expresada por la concejala socialista Alicia Lorenzo, reconoció que el crecimiento es «irrisorio» y aclaró que la partida correspondiente al servicio de recogida de residuos «aumentará por la nueva licitación».

El análisis detallado de las cuentas refleja que el gasto de funcionamiento pasa de 11,5 millones a más de 12 debido al mayor coste de contratos, servicios y suministros existentes. Este crecimiento de casi medio millón de euros está acompañado de otros 437.250 euros que sube el capítulo destinado al personal (más de 8,8 millones es el coste total), donde CC destaca «especialmente» el coste de la estructura política: «El grupo de gobierno cuesta 80.714 euros más que el año pasado», apostilla CC.

El portavoz nacionalista, Gustavo Pérez, explica que «mientras crecen el gasto corriente y el gasto de personal, el presupuesto 2026 reduce las inversiones reales en 227.700 euros, que pasan de 524.765 euros en el presupuesto prorrogado a 297.065 euros».

Aunque el gobierno local defendió la legalidad del procedimiento, la oposición le reprochó que incluyera en el orden del día la aprobación del Plan Económico-Financiero 2025–2026 y el Presupuesto General de 2026. Consideraron que refleja una «tramitación precipitada y desordenada» al introducir el presupuesto «por la vía de urgencia, comunicado mediante WhatsApp en la convocatoria de la comisión informativa, sin el tiempo ni las garantías necesarias para que la oposición pueda ejercer su función con responsabilidad». En esa línea, Gustavo Pérez explicó que «si el propio gobierno reconoce que el Plan Económico y Financiero es necesario y que el presupuesto marca el rumbo del municipio, lo mínimo exigible es respeto institucional, transparencia y tiempo suficiente para el debate democrático».

El concejal de Economía y Hacienda defendió que cinco días es tiempo suficiente para valorar el documento y respondió que el equipo gobernante y los funcionarios también realizan otras tareas, en alusión a la explicación del concejal de USP, César Bethencourt, referida a que su trabajo le impide dedicarle más tiempo a desarrollar su labor política. n

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