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Arona

Un técnico del Ayuntamiento de Arona denuncia a dos ediles del PSOE por trato intimidatorio

El funcionario protesta ante el Consistorio aronero por el tono amenazante que recibió de los concejales Raquel García y Frank Tolle

Frank Tolle (izquierda) y Raquel García (con chaqueta marrón), durante un pleno de Arona. |

Frank Tolle (izquierda) y Raquel García (con chaqueta marrón), durante un pleno de Arona. | / MARÍA PISACA

Daniel Millet

Daniel Millet

Santa Cruz de Tenerife

Un técnico del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona ha presentado una denuncia en el área de Recursos Humanos en la que acusa a dos concejales del PSOE, partido que se encuentra en la oposición, de irrumpir en su despacho y dirigirse a él en tono amenazante e intimidatorio. Los dos ediles socialistas señalados por el trabajador municipal son Raquel García y Frank Tolle, según ha confirmado la alcaldesa aronera, Fátima Lemes (PP).

Tal y como figura en la queja elevada por el funcionario, los dos concejales accedieron a la dependencia técnica sin autorización previa y alegando un motivo que posteriormente se constató como falso. Según este trabajador, García y Tolle no utilizaron los cauces formales previstos por las normativas para el acceso a la información de expedientes relacionados con licencias urbanísticas. La visita se produjo, siempre según esta denuncia y como corrobora la alcaldesa, sin una solicitud previa por escrito, sin petición formal de información y sin comunicación previa al área competente.

Una vez en el despacho, los concejales realizaron una serie de preguntas en un tono que el técnico calificó como amenazante, llegando a insinuar que determinados expedientes «acabarían en los juzgados», sin aportar fundamento jurídico ni señalar irregularidad concreta alguna. El funcionario deja constancia en la queja formal de que todos los informes emitidos por el servicio se ajustan estrictamente a la legalidad vigente y al criterio técnico aplicable, interpretando dichas manifestaciones de Raquel García y Frank Tolle como un intento de generar presión indebida en el desempeño de su labor.

Normativa de funcionamiento

Según recoge la normativa de funcionamiento de los ayuntamientos y recuerda Fátima Lemes, el derecho de acceso a información y a expedientes por parte de los concejales está regulado por la legislación de régimen local y debe ejercerse a través de los procedimientos formales establecidos, mediante solicitudes escritas y motivadas, sin interferir en el funcionamiento ordinario de los servicios administrativos. Asimismo, el acceso directo a dependencias técnicas y la interlocución directa con el personal municipal no forman parte de ese derecho.

La respuesta del grupo de gobierno de Arona, formado por Partido Popular, Coalición Canaria y Vox, ha sido inmediata tras conocer la denuncia interna presentada por el técnico. Por un lado, la alcaldesa ha emitido una circular de obligado cumplimiento, dirigida a todo el personal municipal, recordando la normativa vigente sobre el acceso a la información por parte de los miembros de la corporación y los cauces formales que deben respetarse para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y la protección del personal técnico.

Los dos representantes de la formación socialista se interesaron por una serie de expedientes de licencias urbanísticas

Además, Lemes ha activado el protocolo de acoso para averiguar qué ocurrió y para que estos hechos no se vuelvan a repetir. La alcaldesa asegura que es un incidente grave que ha generado «preocupación» en el seno del grupo de gobierno, que descarta por ahora trasladarlo a los tribunales. «Situaciones de este tipo solo sirven para alterar el funcionamiento del Ayuntamiento y para afectar a los vecinos y al tejido productivo de Arona», detalla, para subrayar que su equipo hará «todo lo posible» para «defender a los trabajadores municipales» y que un episodio de estas características «no vuelva a ocurrir».

Para el técnico municipal que presentó el escrito denunciando el acoso de los concejales socialistas Raquel García y Frank Tolle, este tipo de actuaciones afectan negativamente al derecho del personal público a desempeñar su trabajo en un entorno seguro, libre de presiones y conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, especialmente en un contexto de elevada carga de trabajo y responsabilidad técnica.

Los hechos se han producido, tal y como explicó Fátima Lemes, en un momento en el que el Ayuntamiento de Arona ha experimentado un gran avance en la tramitación y resolución de expedientes, en especial en el área de Urbanismo, que arrastraban años de retraso de mandatos anteriores y que suponían un freno en el desarrollo social y económico de Arona. Este, además, es un municipio clave para Tenerife y para Canarias al ser el tercero con más población de la Isla (más de 86.000 habitantes) y uno de los principales motores turísticos de la comunidad.

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