El Gobierno municipal de Arona acusa al PSOE de llamar "hijo de puta" a uno de sus concejales

Grave crisis política en el Ayuntamiento de Arona originada por expedientes de licencias urbanísticas. El grupo de gobierno municipal, formado por PP, CC y Vox y liderado por la alcaldesa, Fátima Lemes (PP), ha acusado a los concejales opositores del PSOE de lanzarles graves insultos durante la celebración este viernes 19 de diciembre de un pleno.

En un comunicado, el Gobierno municipal aronero da su versión de lo ocurrido: "Al término del pleno extraordinario, según los funcionarios y concejales presentes, se generó una fuerte discusión y un clima de crispación en las puertas del Ayuntamiento, motivado por la increpación pública de dos concejales socialistas a la secretaria general municipal, en un tono descrito como amenazante, burlesco y descalificador, impropio de representantes públicos y que derivó en una situación de tensión visible ante trabajadores municipales y ciudadanía".

"Te la mandaste"

"Entre los calificativos vertidos por los concejales socialistas", relata la nota remitida a los medios de comunicación por PP, CC y Vox, se vertieron insultos como “hijo de puta” hacia un concejal del equipo de mando y “te la mandaste” hacia la secretaria general municipal.

Los tres grupos políticos que lideran el Consistorio aronero han anunciado que presentarán en el próximo pleno ordinario una moción de reprobación contra los concejales del PSOE, entre los que se encuentran Raquel García y Frank Tolle, "como consecuencia de una serie de actuaciones que han derivado en un grave deterioro del clima institucional, tanto dentro como fuera del Ayuntamiento".

Raquel García, una de las ediles socialistas acusada de estos comportamientos, ha negado que ella y sus compañeros de partido profirieran los insultos que menciona el comunicado del grupo de gobierno. "Sí hubo una discusión por fuera del Ayuntamiento pero rechazo que lanzaramos insultos", remarca en declaraciones a EL DÍA.

La concejala va más allá y señala que en todo caso ha habido insultos pero contra ella por parte de la alcaldesa, Fátima Lemes. Asegura tener un vídeo en el que se escucha a Lemes decir: "Raquel García es una sinvergüenza".

Denuncia de un funcionario

Este episodio se produce un día después de que se conociera la denuncia presentada por un técnico municipal de Urbanismo al área municipal de Recursos Humanos contra los dos concejales socialistas mencionados, Raquel García y Frank Tolle, por dirigirse a él con un tono intimidatorio.

Según esta denuncia, los concejales del PSOE accedieron hace unos 10 días y sin autorización a dependencias del Ayuntamiento, entrando en el despacho del funcionario sin previo aviso ni solicitud formal, y manteniendo una conversación que el propio funcionario ha calificado como intimidatoria, con alusiones a posibles consecuencias judiciales vinculadas a expedientes de licencias urbanísticas en tramitación.

El grupo de gobierno considera, en el mismo comunicado en el que expone los insultos en el pleno de este viernes, que este tipo de comportamientos hacia los funcionarios suponen "una presión indebida sobre el personal funcionario, interfieren en el normal desarrollo de su labor técnica y quiebran los principios básicos de respeto institucional y separación entre la función política y la función administrativa".

Vulneración del Código Ético

El Gobierno de Arona entiende que los hechos relatados "podrían vulnerar de forma clara los principios recogidos en el Código Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Arona, aprobado en un pleno, que establece la obligación de los cargos públicos de actuar con respeto, integridad, ejemplaridad y responsabilidad, así como de evitar cualquier conducta que pueda menoscabar la dignidad de las personas o dañar la imagen y reputación de la institución".

Raquel García también ha negado que se dirigiera, junto con su compañero del PSOE Frank Tolle, de forma amenazante al técnico y aclara que "simplemente" pidieron una serie de expedientes de lincencias por actuaciones previstas en el barrio Cho-Parque de la Reina.

"Aquí lo que ha habido es una obstrucción a la labor de fiscalización de la oposición, un intento de boicotear el acceso a información, un derecho que tienen los partidos con representación en el Ayuntamiento", remarcó García en declaraciones a este periódico.

Los socialistas aroneros recuerdan que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha requerido dos veces al Ayuntamiento de Arona la entrega del expediente que afecta al Polígono 2A de Cho-Parque de la Reina, en el que hay vecinos que esperan hace un quinquenio por la licencia de obra que les permita construir su vivienda. El Gobierno municipal se escuda en que la urbanización no está recepcionada y Gestur, promotora de la misma hace 40 años, entiende que sí en aplicación del silencio administrativo.

Procedimiento judicial

En las diligencias emitidas por el juez Francisco Javier Bullón, los días 11 de septiembre y 10 de noviembre, advierte al Ayuntamiento aronero de la imposición de una «multa coercitiva de 300 a 1.200 euros», que reiterará cada 20 días «hasta el cumplimiento de lo requerido». El letrado recaba del Consistorio que informe de «los motivos por los cuales no ha sido remitido el expediente administrativo reclamado». Se da la circunstancia de que uno de los afectados sí dispone del expediente entregado por el Ayuntamiento.

Para el grupo de gobierno, sin embargo, los episodios ocurridos tras el pleno de este viernes y la denuncia formulada por el técnico municipal "no pueden considerarse hechos aislados, sino parte de una escalada de confrontación que ha traspasado los límites del debate político y ha derivado en situaciones de conflicto personal e institucional, incompatibles con el ejercicio responsable del cargo público".

Rechazo institucional

La moción de reprobación que se elevará al próximo pleno ordinario tendrá como finalidad "expresar el rechazo institucional a estas conductas, defender el respeto debido al personal funcionario y a los órganos municipales, y reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Arona con un funcionamiento administrativo basado en la legalidad, la profesionalidad y el respeto mutuo".

El Gobierno municipal subraya que la discrepancia política es legítima y necesaria en democracia, pero insiste en que "debe desarrollarse siempre dentro de los cauces formales y con pleno respeto a las personas y a la institución, evitando comportamientos que generen crispación, descrédito y confrontación pública".

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