CC denuncia en Transparencia el bloqueo de la información en La Victoria

Coalición Canaria (CC) de La Victoria denuncia ante el Comisionado de Transparencia y de forma pública «el bloqueo continuado e injustificado de información por parte del gobierno municipal», al que acusa de llevar más de cinco meses «impidiendo el acceso de la oposición a expedientes esenciales» para la ciudadanía y su función fiscalizadora. El secretario general nacionalista en La Victoria, Román Afonso, asegura que este paso tiene por objeto que el Ayuntamiento cumpla la ley.

Afonso denuncia que este «bloqueo sistemático no es solo un mal hábito administrativo», sino una violación directa de varias normativas vigentes: la Ley Canaria de Municipios, que establece un plazo máximo de cinco días para la entrega de la documentación solicitada; la Ley de Procedimiento Administrativo, que regula el acceso a expedientes por parte de cargos públicos, y la Ley de Transparencia, que fija un plazo máximo de 40 días para responder a las solicitudes de información, plazo ampliamente superado en este caso. «No estamos ante un simple retraso: se trata de un bloqueo deliberado», apostilla.

Desde julio, Coalición Canaria solicitó formalmente diversos «documentos clave» relacionados con la gestión municipal. Entre ellos, se encuentran los ingresos municipales procedentes de tasas, las modificaciones en la obra del entorno de la plaza, el expediente completo de la guardería municipal, las ayudas para la rehabilitación de viviendas privadas y las declaraciones de bienes del alcalde y los concejales electos. Sin embargo, a pesar de las reiteradas solicitudes, «la Alcaldía no ha proporcionado ninguna respuesta, lo que ha dejado a la oposición en una situación de total opacidad y desinformación», apunta el secretario general local de CC.

Esta falta de acceso a información «se complica aún más con la negativa a entregar expedientes considerados sensibles», como los relativos a la obra de la plaza o a la gestión de la guardería municipal. En particular, Coalición Canaria señalado su preocupación «por una devolución de más de 110.000 euros debido a defectos constructivos y excesos en los pagos realizados a una empresa privada, que ejecutó parte de la obra, cuando el actual alcalde estaba en funciones como concejal». En su análisis, Román Afonso concluye que «la negativa a entregar estos documentos impide comprobar si realmente se están cumpliendo los procedimientos legales y si se ha actuado con el rigor necesario en la gestión municipal».

En la denuncia ante el Comisionado de Transparencia, hace hincapié en que la fiscalización no responde a intereses partidistas, sino que es una función institucional de la oposición, cuya misión es velar por el correcto uso de los recursos públicos y por la buena gestión de los proyectos municipales. «Cuando un gobierno oculta información durante meses, está debilitando el control democrático y dañando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas», concluye Afonso. n

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