Los dueños recuperan el Hotel Callao Salvaje tras diez meses de okupación

Acabó el plazo de un mes dado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para que los residentes ilegales que han ocupado el Grand Hotel Callao Salvaje Sport desde mediados del pasado mes de febrero lo desalojaran. La mayoría de los okupas no esperaron hasta el día de ayer y abandonaron las instalaciones de forma voluntaria durante las semanas previas a la fecha límite señalada por los magistrados. Sin embargo, una veintena de okupas permaneció en el interior de este hotel, situado en el municipio de Adeje, hasta el último minuto, hasta que se hizo efectiva la orden judicial de desalojo obligatorio fijada a las diez de la mañana. Apenas una hora más tarde, ya no quedaba nadie ajeno al hotel, por lo que los responsables de la empresa propietaria [Construcciones Domasa SA] pudieron entrar en el complejo hotelero y comprobar cómo lo habían dejado las cerca de 300 personas que llegaron a residir ilegalmente y de forma simultánea durante los últimos diez meses.

Margarita Domínguez, administradora única de la empresa propietaria del hotel, resumió la situación en la que quedaron las instalaciones con dos contundentes palabras: «Dantesco y deplorable». Horas más tarde, y tras recorrer gran parte de las estancias del hotel, confirmó que el inmueble está «totalmente destrozado y con un olor nauseabundo, que es difícil de describir con palabras».

El saqueo constante, los actos vandálicos y la falta de condiciones higiénicas convirtieron el edificio en una sombra de lo que fue, deteriorándolo hasta extremos difíciles de imaginar. La presencia masiva de esas 300 personas que vivieron de manera ilegal en sus dependencias se percibe ahora en cada rincón con absoluta crudeza. Todas las estancias han sufrido importantes daños que, sumados a la acumulación de basuras y el abandono del cuidado y mantenimiento, hace que la imagen sea «dantesca» y los destrozos «incalculables» por el momento para plantearse el inicio de unas obras necesarias si finalmente la propietaria vende el hotel como era su intención antes de la okupación.

Uno de los okupas «pide perdón» y denuncia «el problema que muchos jóvenes sufren en las Islas por la falta de vivienda»

Tras la impotencia que señaló ayer Domínguez haber sufrido ella y su familia a lo largo de estos meses en los que pedía a diferentes administraciones públicas «ayuda o colaboración» para resolver la situación con los okupas y que «nadie hizo nada»; tras llevar el caso ante los Juzgados de Arona que le denegaron las medidas cautelares que pedía en dos demandas [una penal y otra civil], vio «esperanza» con la decisión adoptada por la Audiencia Provincial, que resolvió a principios de noviembre poner fin a la okupación y devolver el hotel a sus legítimos propietarios.

En tan solo diez meses, «las facturas de luz pagadas por Construcciones Domasa SA. se han elevado a unos 30.000 euros y, a ese gasto, hay que sumar los 13.000 abonados por las tasas de basura. Son 43.000 euros que ha tenido que desembolsar por «imperativo legal», y no es, ni de lejos, la cifra total del dinero que ha tenido que dedicar la sociedad mercantil para resolver la situación.

«Entre luz, basura, agua, IBI, abogados y la contratación de una empresa de seguridad que estará a partir de ahora vigilando el recinto durante las 24 horas, hemos gastado alrededor de unos 150.000 euros en estos casi diez meses de okupación», detalló Domínguez mientras se llevaba a cabo el dispositivo de desalojo de los inquilinos que aún quedaban dentro del hotel y que comenzó a desplegarse alrededor de las siete de la mañana.

Un residente avisa de que «el problema de fondo no se ha resuelto, los okupas se irán a zonas cercanas como Armeñime»

Desde el inicio de la ocupación [el 18 de febrero pasado], las 92 habitaciones del hotel alojaron a cientos de personas que no pagó ninguno de los servicios o suministros básicos. Y la ley impide a la propiedad cortar la luz o el agua, lo que obligó a Construcciones Domasa SA a asumir esas facturas desorbitadas, especialmente las eléctricas, que llegaron incluso a triplicar el consumo registrado cuando el hotel operaba con normalidad entre los años 2010 y 2020, fecha en la que cerró por la pandemia del Covid-19 que marcó una situación incierta en el mercado turístico.

«Nos hemos sentido desprotegidos a lo largo de estos diez meses, porque a pesar de dirigirnos al Ayuntamiento de Adeje para buscar una solución, ni siquiera nos ha contestado a día de hoy», afirmó Domínguez. La administradora de la empresa subrayó también «las diferencias que han existido en las decisiones adoptadas en el ámbito judicial, con un juzgado de Arona que no resolvió nuestras demandas y, por otro, los jueces de la Audiencia Provincial que han resuelto el desalojo en menos de un mes».

Tres horas antes de que se iniciara de forma efectiva ese desalojo, cuando apenas pasaban unos minutos de las siete de la mañana, se registró un incendio en el interior de las instalaciones quemando unos enseres, presuntamente porque alguno de los residentes le prendió fuego. El tímido resplandor de las llamas que se veían desde fuera hizo temer a varios vecinos que el incendio volviera a adquirir protagonismo, como ya había ocurrido cinco días atrás en un fuego que afectó al cuadro eléctrico del hotel. Ayer se avisó de nuevo a los Bomberos, aunque finalmente no fue necesaria su intervención: los propios residentes ilegales lograron sofocar las llamas antes de que escaparan a su control y se propagaran por las instalaciones.

Este incidente se suma a una larga lista de episodios que marcaron estos diez meses de okupación, un periodo que fue más que suficiente para dejar el hotel en un estado de «profunda devastación».

Domínguez, administradora única del hotel, señala que «la imagen es dantesca y los daños incalculables»

El perímetro del hotel ya estaba bajo un fuerte control policial formado por unos 70 agentes pertenecientes a la Guardia Civil, Policía Local de AdejePolicía Canaria y Cuerpo Nacional de Policía.

Los funcionarios de la Administración de Justicia llegaron poco antes de las diez de la mañana siendo escoltados por parte de esos agentes mientras recorrían las instalaciones para comunicar la orden de desalojo a la veintena de okupas que quedaba en el hotel.

Todos fueron saliendo del recinto sin oponer resistencia y de forma pacífica. Algunos llevaban solo una mochila y otros cargaban con bolsos de tela más grandes donde llevaban sus pertenencias. Pero antes de abandonar el lugar, los agentes de la Policía Nacional les filiaron para comprobar que ninguno de ellos tuviera una orden de busca y captura o cualquier otra requisitoria judicial. Según comentaron fuentes policiales, «ninguno de los desalojados este miércoles tenía asuntos pendientes», así que abandonaron el lugar sin más.

Minutos más tardes, Margarita Domínguez y su marido entraron en el recinto acompañados por agentes y los integrantes de la comitiva judicial recorriendo todas y cada una de las habitaciones y estancias mientras se cumplimentaba el acta judicial.

Un vecino señala que los políticos deben solucionar el fenómeno de la okupación, no los ciudadanos particulares

«Me había imaginado, porque así lo había visto en algunas imágenes que han ido publicando los medios de comunicación a lo largo de estos meses, que la situación iba a ser dantesca, deplorable, pero la realidad con la que nos hemos encontrado ha sido mucho peor», incidió Domínguez a media tarde.

¿Y ahora dónde irán?

Y la pregunta que se hacía ayer un vecino de la zona es: «¿Dónde van a ir ahora los cientos de okupas que han estado quedándose en el hotel durante todos estos meses? El problema sigue sin resolverse aquí o donde se quieran mudar todas estas personas para okupar otras propiedades», indicaba este residente de una urbanización cercana que prefirió guardar el anonimato pero que, antes de marcharse de las inmediaciones del hotel, aseguraba haber escuchado a algunos de los okupas «planificar la okupación» de inmuebles en el cercano Armeñime.

Muchos de los inquilinos ilegales comenzaron a marcharse tras conocer la decisión de las autoridades judiciales para que desalojaran el hotel en un mes, pero fue a raíz de un incendio registrado el pasado jueves cuando la mayoría de los okupas cogieron sus bártulos y se marcharon al quedarse sin luz porque el fuego había destrozado el cuadro eléctrico del complejo.

La mayoría de okupas se marchó del hotel sin decir nada a los periodistas. Sin embargo, uno de ellos pidió «disculpas» a los propietarios del hotel por «todo lo que ha pasado». Lo hizo a través de los micrófonos de Radio Club Tenerife para señalar que «no todos somos iguales; hubo personas que entraron uno o dos días y provocaron destrozos, pero también hubo familias con niños pequeños y gente joven que su problema es no tener un lugar para vivir. El problema de la falta de vivienda es muy grave en Canarias», explicó tras admitir que pagó «800 euros a un chico» para poder quedarse en una habitación.

Pedro Delgado, otro vecino de una urbanización colindante al hotel señaló que «al principio de la okupación entraron cuatro o cinco sinvergüenzas que engañaron a familias cobrándoles dinero por quedarse. Una auténtica mafia». Él y otros residentes de la zona no ocultaron su alegría al ponerse fin a estos meses de okupación tras «sufrir molestias a cualquier hora del día y de la noche». Delgado, además, insistió en que las okupaciones son un problema que deben arreglar los responsables políticos y no los ciudadanos particulares o las empresas privadas», concluyó.

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