La Audiencia Provincial ejecuta la salida de los okupas del hotel Callao Salvaje: “El estado es dantesco y deplorable”

Acabó el plazo de un mes dado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para que los residentes ilegales que han ocupado el Hotel Callao Salvaje Sport desde mediados del pasado mes de febrero lo desalojaran. Desde primeras horas de la mañana, se desplegó un fuerte control policial formado por guardias civiles, agentes de la Policía Local, de la Policía Canaria y de la Policía Nacional para asegurar la entrada de la comitiva judicial para asegurar la orden de desalojo. En el interior de las instalaciones hoteleras apenas quedaba una veintena de personas okupas que fueron saliendo sin oponer resistencia. Antes de abandonar el lugar, los agentes de la Policía Nacional les identificaba para comprobar que no tuvieran ninguna orden de busca y captura o cualquier otro asunto judicial pendiente.

La mayoría de los inquilinos ilegales se han ido marchando a lo largo de las últimas semanas, sobre todo a raíz de un incendio que afectó al cuadro eléctrico del complejo.

Cuando apenas habían pasado unos minutos de las siete, algunos de los okupas del Hotel Callao Salvaje Sport prendieron fuego a enseres dentro del complejo turístico. El resplandor de las llamas hizo temer que el incendio volviera a adquirir protagonismo, como ya había ocurrido cinco días atrás. Se avisó de inmediato a los Bomberos, aunque finalmente no fue necesaria su intervención: varios de los propios residentes ilegales lograron sofocar el fuego antes de que escapara a su control y se propagara por las instalaciones.

El incidente se suma a una larga lista de episodios que han marcado los diez meses de ocupación, un periodo que ha sido más que suficiente para dejar el hotel en un estado profundamente devastado. El saqueo constante, los actos vandálicos y la falta de condiciones higiénicas han convertido el edificio en una sombra de lo que fue, deteriorándolo hasta extremos difíciles de imaginar. Cerca de 300 personas han vivido de manera ilegal en sus dependencias desde mediados de febrero, y el impacto de esa presencia masiva se percibe en cada rincón.

Margarita Domínguez, administradora única de Construcciones Domasa SA -empresa propietaria del hotel-, resume la situación con palabras contundentes: “dantesco y deplorable”, afirma, convencida de que el inmueble está por completo “destrozado”. Y es que desde el inicio de la ocupación, las 92 habitaciones del Grand Hotel Callao Sport han sido ocupadas por personas que residen allí sin pagar ninguno de los servicios básicos. La ley impide a la propiedad cortar la luz o el agua, lo que ha obligado a Domasa SA a asumir facturas desorbitadas, especialmente las eléctricas, que llegaron a triplicar el consumo registrado cuando el hotel operaba con normalidad.

“Hemos pagado más de 30.000 euros de factura de luz, unos 13.000 de tasa de basura, más IBI. Nos sentimos desprotegidos porque a pesar de dirigirnos al Ayuntamiento de Adeje para buscar una solución, ni siquiera nos ha contestado”, afirma Domínguez. La administradora de la empresa subraya también “las diferencias que han existido en las decisiones adoptadas en el ámbito judicial, con un juzgado de Arona que no resolvió nuestras demandas y, por otro, la Audiencia Provincial que es quien ha resuelto el desalojo en menos de un mes”.

Durante los últimos diez meses, vecinos y representantes de la propiedad han observado un movimiento constante de personas que entraban y salían del recinto. La mayoría de los ocupantes son jóvenes, aunque también se ha visto a niños y a algunos mayores. A menudo llegaban vehículos de alta gama de los que se bajaban familias con menores, que permanecían un tiempo corto para luego marcharse, dejando paso a nuevos inquilinos.

Todo ello contrastaba con los orígenes del hotel, cuya historia había seguido un rumbo muy distinto. Domasa SA inauguró el Callao Salvaje Sport en 2009, tras reconvertir unas instalaciones centradas originalmente en el alojamiento vinculado a la actividad deportiva.

Sin renunciar a ese enfoque, la nueva etapa apostó por atraer al turismo francés y el complejo alcanzó la categoría de cuatro estrellas, con una plantilla estable de 45 trabajadores. Sin embargo, la llegada de la pandemia de la covid y el posterior confinamiento obligaron a cerrar sus puertas. Aunque reabrió brevemente en julio de 2020, dos meses después volvió a cesar su actividad por razones económicas. La propiedad decidió entonces poner el hotel en venta, manteniendo solo labores periódicas de mantenimiento.

Robo y ocupación

El 18 de febrero se produjo un intento de robo que terminó marcando un punto crítico: se destruyeron cámaras y equipos de vigilancia, además de otros daños que hicieron necesaria la intervención de la Guardia Civil. Dos personas fueron detenidas -una tercera logró escapar- y uno de los agentes tuvo que recibir atención médica en un hospital cercano. Para ese momento ya vivían allí unas doce personas y, apenas tres días más tarde, la cifra había aumentado hasta el medio centenar, tal como confirmaron la Policía Local y la propia empresa.

Construcciones Domasa trató de frenar la situación por la vía legal, presentando dos demandas, una civil y otra penal. Sin embargo, ninguna llegó a prosperar; incluso el Juzgado de Instrucción número 2 de Arona denegó las medidas cautelares que habían solicitado.

Mientras tanto, en los alrededores del hotel, la preocupación de los vecinos iba creciendo. Las noches se llenaban de música, gritos, discusiones y peleas, un panorama que, según algunos, se convirtió en “el pan nuestro de cada noche y día”.

Queda por resolverse qué ocurrirá con el Gran Hotel Callao Sport. Su rehabilitación, aún incierta, representa un reto cuya dimensión solo puede comprenderse al recorrer los pasillos vaciados, las estancias dañadas y los espacios que un día albergaron un proyecto turístico ambicioso y ahora aguardan la decisión de su futuro.

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