Dos hermanas recuperan su casa familiar tras cuatro años de okupación

Elena y Aurora Castro recuperan su vivienda familiar tras más de cuatro años de batalla contra la okupación. Las hermanas son propietarias de una casa situada en el número 46 de la calle San Francisco Javier, en el barrio de El Toscal. En septiembre de 2021 descubrieron que un hombre había entrado en el inmueble y aseguraba llevar "30 años viviendo allí". Desde ese momento, comenzaron a pelear por recuperarla. 

Tardaron tres años en poder denunciar por la vía penal –después de haber interpuesto tres por la vía civil– y fue el pasado 3 de noviembre cuando, tras meses de incertidumbre, el juicio se celebró. El fallo de dicha sentencia es el que les ha permitido recuperar la casa. "Fue el usurpador quien nos entregó las llaves de los candados", explica Elena, aunque asegura que ni siquiera ese momento fue sencillo porque se resistía a hacerlo. 

Las hermanas afirman que la vivienda "está totalmente diferente". Las paredes, antes grises, ahora están pintadas de azul y algunas parecen nuevas. En el baño habían hecho un agujero por el que los okupas se colaban. Un agujero que en el momento de la recuperación del inmueble ya se encontraba tapado. De hecho, cuando accedieron a la casa el mismo día del juicio comprobaron que “el cemento estaba reciente”. Las hermanas creen que es posible que intentaran hacer más agujeros a lo largo de la vivienda. "Si tocas las paredes, algunas suenan huecas", añaden. 

Cuatro años antes

El origen del conflicto entre las hermanas y los usurpadores se remonta a 2021, cuando leyeron la noticia de que se iba a aprobar el Plan Especial de Protección de El Toscal, por lo que ya el Ayuntamiento de Santa Cruz les iba a permitir vender o reformar el domicilio. Pero la aprobación final se retrasó y se produjo finalmente en 2023.

Cabe recordar que este enclave santacrucero consta de un alto valor histórico, pero arrastra desde los años noventa un bloqueo urbanístico que paralizó cualquier reforma y dejó decenas de viviendas deterioradas y abandonadas. Un escenario que, según las hermanas, atrae a okupas que "aprovechan que los dueños no pueden hacer obras ni vender". 

A principios de 2021 las hermanas decidieron contactar con una inmobiliaria para ver la casa e intentar ponerla en venta. Pero al llegar se encontraron al usurpador, al que le pidieron que se fuera, pero no lo hizo. En noviembre de ese mismo año, regresaron y descubrieron que continuaba dentro y que en el baño había un butrón tapado con tela negra por el que salían otras personas. Mientras hablaban con él, trató de cerrarles la puerta. "Salimos corriendo. No queremos imaginar qué habría pasado", cuentan.

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Años de trámites, desprecios y retrasos

A partir de ahí comenzó un calvario administrativo. Hablaron con abogados, agentes de patrimonio, técnicos de catastro —que tardaron años en resolver una discrepancia de 17 metros robados por un vecino— y funcionarios que, según denuncian, las trataron "con desprecio". Un abogado especializado llegó a decirles que expulsar al ocupante sería "más caro que vender la casa".

En marzo de 2023 presentaron su primera denuncia ante la Policía Nacional. Sin embargo, ni siquiera se la recogían la documentación del Registro de la Propiedad. "A él le pusieron abogado de oficio y procuradora; a nosotras, nada", subraya Elena. Entre tanto, los ocupantes levantaron un muro sin permiso y ellas empezaron a ser increpadas por hombres cuando se acercaban al barrio.

La luz al final del túnel

En 2024, un nuevo abogado presentó una demanda civil. Cuando fueron a preguntar por la fecha del juicio, les dijeron que la notificación se había "traspapelado". Finalmente, se celebró. La defensa del ocupante ofreció versiones contradictorias: que un tercero le dio permiso, que llevaba años allí o que ellas no habían heredado legalmente. "Tenemos todos los papeles en regla", afirma Aurora.

El juez desestimó la demanda por caducidad. Pero, las hermanas recuerdan que "el Tribunal Superior de Justicia dice que los delitos de usurpación no prescriben mientras sigan ocurriendo".

En marzo de este año presentaron una nueva demanda, esta vez por lo penal. Y el 3 de noviembre se celebró el juicio que les permitió recuperar la vivienda. A pesar de haber ganado el proceso, el miedo sigue presente. "Estuvimos cuatro años mirando por la ventana y cruzando la calle con cuidado por si descubren dónde vivimos o nos hacen algo por la calle", cuentan. Ahora se sienten "un poco más tranquilas", pero aún viven con cautela.

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