El exalcalde de Güímar denuncia al Ayuntamiento por requerirle que devuelva dos sueldos

El exalcalde de Güímar, Gustavo Pérez, devuelve las dos nóminas que le reclama el juzgado y denuncia al Ayuntamiento por requerirle el reembolso al considerar que se extralimita. Argumenta que el procedimiento no se desarrolló de forma correcta y con ello genera indefensión. En la misma situación se encuentran los concejales socialistas Airam Puerta y Cándido Gómez, así como el ya exedil Juan Delgado, de CC. Todo ello con la advertencia de medidas judiciales.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife requirió, en un auto emitido el 11 de noviembre pasado, la ejecución de la sentencia del 5 de julio de 2022 que condenó a los cuatro a devolver las nóminas que cobraron en julio y agosto de 2021 porque no hubo un acuerdo plenario que avalara las retribuciones que percibieron. Además, el juez anuló los decretos que establecieron sus sueldos.

Este procedimiento surge a raíz de la denuncia que presentó el Partido Popular (PP) porque, tras la toma de posesión de Gustavo Pérez (CC) como alcalde relevando a Airam Puerta (PSOE) el 1 de julio de 2021 –en virtud del acuerdo por el que se estableció una Alcaldía compartida–, el Pleno no tomó ningún acuerdo sobre el régimen de dedicación ni de retribuciones manteniendo las establecidas en el inicio del mandato. Los sueldos fueron establecidos por decretos emitidos los días 22 de julio y 24 de agosto. Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento consideraron en aquel momento que no era necesario ningún trámite adicional, criterio que avaló todo el funcionamiento posterior de la corporación.

El exalcalde y los tres concejales acusan al Partido Popular de «actuar con mala fe» al exigir la devolución de sus salarios, que se corresponden con el trabajo que desempeñaron «con total normalidad», defienden. Señalan que lo ocurrido en Güímar «es un hecho insólito. Ningún Ayuntamiento canario ha pretendido jamás que un cargo público devuelva un salario por un trabajo comprobado jurídicamente y realizado durante el periodo en que ejercieron sus cargos».

En todo el proceso, defendieron que sus nóminas fueron tramitadas «con total normalidad», ya que Intervención las fiscalizó, Recursos Humanos las gestionó, Secretaría General avaló el procedimiento y todos los pagos se realizaron con informes favorables y conforme a la ley.

La sentencia original (julio de 2022) anuló dos decretos «únicamente por ese defecto formal, no por irregularidad en las retribuciones, ni por cobro indebido ni ausencia de trabajo prestado». El juzgado ordenó la anulación del acto formal.

Pese a ello, el Partido Popular de Güímar, «en un claro ejercicio de mala fe, aprovechó una discrepancia técnica entre lo que interpreta el juez y lo que avalan los técnicos municipales sobre el trámite plenario para abrir un proceso absolutamente injusto y desproporcionado». Recuerdan que el actual grupo de gobierno «decidió no recurrir [el auto del 11 de noviembre] y exigir la devolución de las nóminas, forzando a los concejales afectados a acudir a la vía judicial y administrativa para defender sus derechos». Desde su perspectiva, «este no es un problema de sueldos ni de trabajo. Es un problema jurídico que el PP ha convertido en un ataque político absolutamente desmedido».

Los cuatro afectados defienden que les avala su «trabajo de cada día, que existen cientos de documentos firmados, el servicio público se prestó con normalidad y todos los informes fueron favorables por parte de los servicios jurídicos, que son los encargados de garantizar el funcionamiento legal del Ayuntamiento, en este caso sobre el trámite plenario».

El Ayuntamiento de Güímar requirió a Gustavo Pérez, Airam Puerta, Cándido Gómez y Juan Delgado la devolución de las dos nóminas después de que el juez le diera 10 días de plazo para hacerlo, con la advertencia de multas en caso contrario.

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