Un guardia civil se enfrenta a seis meses de cárcel por viajar a la Península mientras estaba de baja

Un agente de la Guardia Civil destinado en Tenerife ha sido juzgado por un tribunal militar acusado de abandono de destino por desplazarse a la Península mientras estaba de baja médica. La acusación podría conllevar una pena de hasta seis meses de cárcel, según la tipificación prevista en el Código Penal Militar.

El juicio, celebrado en la sala de vistas del cuartel de Almeyda tras dos aplazamientos, congregó en el exterior a una decena de agentes convocados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que protestaron por la vigencia de este marco penal en situaciones ajenas a operaciones militares.

Dos horas y media de vista oral y un acusado que solo respondió a su defensa

El agente, identificado como J.F.S.C., decidió acogerse a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su abogada. Durante la vista declararon cuatro testigos:

• Dos médicos que firmaron su baja.
• Un compañero de residencia.
• El teniente comandante responsable de la instrucción del expediente.

A la salida, el guardia civil aseguró sentirse “muy decepcionado” y consideró que el proceso es “exagerado”, aunque reafirmó su intención de continuar en el cuerpo.

El origen del conflicto: una baja médica y un viaje a Guadalajara

El agente sufrió un accidente de tráfico en verano de 2024 mientras estaba destinado en Playa de las Américas. Fue diagnosticado con dorsalgia aguda y cervicalgia, lesiones que motivaron una baja no inhabilitante.

Según relató, al no tener apoyo familiar en Tenerife solicitó viajar temporalmente a Guadalajara, petición que fue denegada por el coronel de la Comandancia. Sin embargo, los servicios médicos que le concedieron la baja no apreciaron ninguna contraindicación para que pudiera desplazarse.

Pese a esa valoración sanitaria, el viaje derivó finalmente en una acusación de abandono de destino.

Críticas sindicales a la aplicación del Código Penal Militar

AUGC denuncia un “proceso injusto y trasnochado”

El secretario de relaciones institucionales de la AUGC, Diego Madrazo, afirmó que el régimen disciplinario interno ya prevé medidas suficientes para abordar situaciones como esta, sin necesidad de recurrir al Código Penal Militar. Considera que someter a un compañero a un tribunal castrense por estos hechos es “un acto de injusticia” que introduce un clima de inseguridad entre los agentes.

Según Madrazo, la existencia de registros de vuelos puede convertir casos similares en motivo de sanción y funcionar como “herramienta de presión”.

La AUGC defiende desde hace años que el personal del instituto armado debería quedar excluido del Código Penal Militar salvo en situaciones excepcionales.

Un debate abierto en el Congreso

En el plano político, el asunto no es nuevo. Hace unos meses, el grupo parlamentario Sumar registró en el Congreso una proposición no de ley para evitar la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil en tiempos de paz. Los defensores de la reforma argumentan que el 99% de las funciones del cuerpo son policiales, no militares.

Evolución normativa

• 2007: se limitó la aplicación del Código Penal Militar a supuestos excepcionales como conflictos armados, estado de sitio o misiones estrictamente militares.
• 2016: se revirtió esa limitación, devolviendo a los mandos la capacidad de aplicar este código en más situaciones, algo que la AUGC considera “una anomalía en un Estado de derecho”.

Un caso que marcará un precedente

La sentencia, aún pendiente, podría sentar un precedente para otros agentes en situaciones similares. El proceso ha vuelto a colocar en el centro del debate la conveniencia de aplicar normativa militar a un cuerpo que desempeña mayoritariamente tareas de seguridad ciudadana.

Mientras tanto, el guardia civil juzgado insiste en que solo buscaba apoyo familiar durante su recuperación y recuerda que su intención es seguir “sirviendo como agente” pese al proceso vivido.