La notificación tardía a la acusación popular obliga a aplazar el juicio de la Montaña de Taco por tercera vez

Suspendido y aplazado por tercera vez el juicio por un presunto delito de prevaricación urbanística relacionado con la extracción de áridos en la Montaña de Taco desde al menos 2001. La notificación tardía por parte de la Administración de Justicia a las asociaciones vecinales denunciantes del caso [que ejercen la acusación popular] provocó ayer que la magistrada del Juzgado Penal número nueve de Santa Cruz de Tenerife aplazara, de nuevo, el inicio de la vista oral y fijase como nueva fecha el 23 de junio de 2026. Con esta ya son tres las ocasiones en las que se suspende y aplaza este juicio cuya investigación inició la Fiscalía especializada en Medio Ambiente en 2010 a raíz de una denuncia vecinal.

Los representantes de estos colectivos vecinales fueron notificados el pasado lunes por la tarde, a menos de 24 horas, del inicio de la vista oral. Las asociaciones, que ejercen la acusación popular en este procedimiento, desconocían hasta esta notificación varias cuestiones cruciales: que el pasado mes de mayo el procurador y el abogado que les representaban se habían jubilado y no habían comunicado su renuncia al procedimiento, por lo que la jueza se vio obligada a suspender la vista oral entonces, fijar una nueva fecha y comunicar a los colectivos la causa de la suspensión para que nombraran una nueva representación letrada si querían continuar personados en el procedimiento.

Según fuentes jurídicas, el juzgado intentó trasladar la notificación a las asociaciones vecinales a lo largo de estos meses, pero «resultó infructuosa» hasta este primero de diciembre, un día antes de la fecha señalada en junio para iniciar el juicio.

La notificación tardía a los representantes de los colectivos vecinales obligó a los colectivos convocar una reunión de urgencia la tarde del lunes y a presentarse en la Audiencia Provincial a primera hora de ayer para evitar que comenzara la vista oral sin que ellos pudieran ejercer sus derechos.

Loli Rodríguez Flores, portavoz de la Asociación de Vecinos San Jerónimo, junto al resto de representantes vecinales, se congratuló de la decisión adoptada por la magistrada porque «garantiza el derecho a ejercer la acusación popular. Como no teníamos abogado, nos sentimos indefensos y llegamos a creer que se podía declarar nulo el juicio», barajó.

La denuncia se basa, según Rodríguez «en algo que todo el mundo ve al pasar por Taco: el abuso indiscriminado en la extracción de áridos, sin ningún tipo de plan de minas que regule esta actividad, que además provoca molestias a diario». A su entender «la justicia llega tarde, pero llega». Pidió tener en cuenta que «cada metro cúbico de material que sale de esa montaña va al bolsillo de alguien, así que llegó el momento de sacarlo de ese bolsillo y recuperarlo».

La denuncia en 2010 de los colectivos vecinales dio pie a una investigación de la Fiscalía por presunta prevaricación urbanística

Los abogados Esteban Sola Reche, Ladislao Díaz y Juan José Rodríguez, que ejercen la defensa de los tres acusados, apoyaron la propuesta vecinal de aplazar el juicio para que se lleve a cabo en dos o tres sesiones a finales de junio. La jueza concedió ayer también diez días para que los colectivos vecinales designen un abogado y procurador.

El caso se centra en las presuntas irregularidades urbanísticas y ambientales relacionadas con la explotación de la cantera de la Montaña de Taco, con una superficie de 37.450 metros cuadrados y una zona de explotación de 35.336 metros. La actividad generó un desnivel de 80 metros de altura y en el fondo se instalaron plantas de áridos. Aunque la investigación penal arranca con la denuncia en 2010, la actividad de machaqueo, procesamiento y extracción de áridos en la zona comenzó en 1995 y se otorgaron licencias de actividad cuando tenían informes de impacto ambiental favorables que luego fueron anulados con un nuevo dictamen negativo.

En el sumario, que consta de cuatro tomos, las acusaciones señalan al exconcejal nacionalista del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Norberto Plasencia; al exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, y a la funcionaria y asesora jurídica Ana Tovar, como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística y piden una pena de nueve meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo público o empleo en la administración pública para cada uno de ellos.

Las defensas sostienen que las licencias estaban condicionadas al cumplimiento de diversos requisitos, entre ellos que las licencias fueran provisionales hasta que el PGO determinara cómo se iba a desarrollar la zona dentro de la Montaña de Taco, que fuera establecida la actividad en la zona de uso industrial y no en la de Parque Urbano, además del compromiso de rellenar el desnivel que existe en las diferentes zonas hasta llevarla a la cota cero.

El Ayuntamiento de La Laguna elevó un escrito al Juzgado en septiembre para personarse en la causa cumpliendo así con el acuerdo plenario aprobado tres meses antes. Según fuentes jurídicas, la personación fue rechazada por la jueza porque debió hacerlo en fase de instrucción, en diligencias previas, y no ahora, con el procedimiento abreviado formado y fechas de señalamientos.

Suscríbete para seguir leyendo