Arranca el juicio por la extracción ilegal de áridos en Taco

Si nada se tuerce a última hora, mañana martes arrancará el juicio por la extracción ilegal de áridos en la Montaña de Taco contra el exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista Norberto Plasencia, y los funcionarios Víctor Reyes [exsecretario de la Gerenica de Urbanismo], y Ana Toval [asesora jurídica de esta Gerencia]. La Fiscalía mantiene la acusación contra los tres investigados 15 años después de que comenzara las investigaciones a raíz de una denuncia vecinal presentada en 2010.

El Ministerio Público les acusa como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística por lo que pide una pena de 10 años de inhabilitación para el empleo como funcionarios o personal laboral en una administración pública, y una pena de prisión de nueve meses. La Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral en 2022, pero la vista se suspendió entonces como también ocurrió el pasado 26 de mayo señalando los días 2 y 10 de diciembre como nueva fecha .

En la causa están personados como acusaciones, además del colectivo que presentó la denuncia, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y el de La Laguna.

El caso se centra en las presuntas irregularidades urbanísticas y ambientales relacionadas con la explotación de la cantera de la Montaña de Taco, con una superficie de 37.450 metros cuadrados y una zona de explotación de 35.336 metros. La actividad generó un desnivel de 80 metros de altura y en el fondo se instalaron plantas de áridos.

El caso parte de diversos conflictos normativos de calificación y uso del suelo, según el planeamiento urbanístico y territorial, de los terrenos de la cantera de la Montaña de Taco. Una parte está clasificada como suelo urbano no consolidado con destino residencial o recreativo, pero su ordenación depende aún de planes especiales o parciales que nunca llegaron a tramitarse. Otra zona se integra en el sistema general de parque urbano, donde la actividad industrial está expresamente prohibida. Además, el PGO de 1992 de la capital impedía conceder licencias para usos o movimientos de tierra sin la previa aprobación del plan especial, mientras que el PIOT exigía que ese plan incorporara la restauración de las canteras.

A la luz de estas regulaciones del suelo, la Fiscalía considera que en el área se cometieron diversas irregularidades relacionadas con la explotación y funcionamiento de las plantas extractivas de áridos. El Ministerio Público sostiene que la empresa promotora que tenía licencia para realizar extracciones de áridos mantuvo su actividad fuera de los límites autorizados e incumplió tanto el método de explotación previsto como varias obligaciones de la Declaración de Impacto Ambiental, entre ellas el programa de vigilancia y la presentación periódica de informes.

La Fiscalía abunda en que, incluso antes de que se redactara y aprobara el informe de impacto ambiental, en el año 2000 había una planta extractiva y de clasificación de áridos que carecía de permisos para desarrollar su actividad. Pero no fue la única industria asentada en la zona que realizó labores extractivas sin poseer las licencias habilitantes, como se comprobó en dos inspecciones realizadas en 2011 y 2012.

Una de esas plantas, pese a notificarle en marzo de 2011 una orden de cese por carecer de licencia de apertura, mantuvo su actividad. En 2012 se le revocó la autorización de instalación por no ejecutar el proyecto conforme a lo previsto e introducir modificaciones sin autorizar. El Cabildo de Tenerife, con los informes ambientales municipales, calificó su funcionamiento como «molesto, insalubre y nocivo debido al ruido, y las vibraciones y el polvo afectaban a los vecinos de las zonas residenciales próximas». Según la Fiscalía, además, se concedieron licencias sin disponer de los informes técnicos preceptivos y favorables.

La Fiscalía sostiene que Toval impulsó propuestas de resolución favorables a la concesión de licencias y cambios de titularidad, aun cuando existían informes técnicos contrarios; Reyes respaldó esas propuestas y elaboró otras nuevas pese a conocer la valoración negativa de los técnicos, contribuyendo a generar la apariencia de legalidad, y atribuye a Plasencia la concesión de la licencia de apertura en 2002 y la aprobación de cambios de titularidad a sabiendas de que había informes técnicos desfavorables. n

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