Adiós a la okupación en Tenerife: la abogada tinerfeña Cristina Ruiz explica la práctica que ahora podrían hacer los propietarios

La okupación podría estar cerca de llegar a su fin gracias a una propuesta de ley aprobada por el Senado, que pretende legalizar una práctica que hasta ahora podía acarrear multas e incluso cárcel. Según ha explicado la abogada inmobiliaria tinerfeña Cristina Ruiz (@crisprudentia), esta medida supone un gran alivio para muchos propietarios que llevan años reclamando cambios en la normativa.

"En estos momentos, estamos presenciando el fin de la okupación", comenzaba la letrada en uno de sus vídeos, subrayando la importancia de esta modificación legal.

El primer paso ya se ha dado

El Senado ha dado un paso decisivo hacia una reforma del Código Penal que podría cambiar el modo en el que los propietarios afrontan la ocupación ilegal en España. La medida ha sido respaldada por varios grupos políticos y eliminaría la consideración del corte de suministros como delito de coacciones cuando en el inmueble haya okupas.

Cristina Ruiz explica que esto puede suponer el primer paso para acabar con la okupación, ya que los propietarios podrían cortar los suministros de agua, luz o gas sin temor a enfrentarse a sanciones legales. Esto daría a los dueños una herramienta más efectiva para recuperar sus inmuebles y desincentivar esta actividad ilegal.

Falta que la ley se apruebe en el Congreso antes de poder hacerse efectivo este cambio en el Código Penal.

Cataluña ya dio el paso

La jurista recuerda que esta interpretación ya ha sido aplicada por los tribunales de Cataluña, donde distintas resoluciones permiten que propietarios corten suministros sin que ello se considere una coacción ilícita. La reforma extendería esta posibilidad a todo el país, homogeneizando criterios y evitando contradicciones entre territorios.

Qué dice el Código Penal actualmente

El artículo 172 del Código Penal castiga como coacciones cualquier limitación ilegítima de la libertad de otro, lo que incluye acciones como cortar luz, agua o gas para forzar un desalojo. Esta consideración ha generado numerosos procesos judiciales contra propietarios que, desesperados ante ocupaciones prolongadas, optaron por cerrar suministros para evitar daños mayores o reducir costes.

La reforma pretende clarificar que estas actuaciones no serán delito cuando los ocupantes no tengan título legal de propiedad. Muchas personas agradecen este primer paso que podría acelerar los desalojos y llevar a más personas a pensárselo dos veces antes de okupar un inmueble.