Medio millar de licencias de obra mayor están «atrabancadas» en Arona

Una auditoría interna realizada en los últimos meses por el Ayuntamiento de Arona desvela que 448 licencias de obra mayor esperan para ser tramitadas. El dato lo aportó el concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier Baute, al hacer análisis de la situación urbanística de uno de los principales municipios turísticos del Archipiélago. Es Arona un enorme polo de atracción para quienes buscan un lugar de vacaciones o un empleo, pero también un imán para otras realidades menos amables. Es lo que sucede en torno a su urbanismo, como se puso de manifiesto este martes: serios problemas de vivienda, dificultades de movilidad, una oficina técnica desbordada, años de retrasos…

«Vamos a sacar lo que está atrabancado: 448 licencias de obra mayor, siete años de retrasos», expresó Baute durante el foro ‘Retos para el futuro urbanístico del Sur de Tenerife’, organizado por Prensa Ibérica, y en el que también estuvieron presentes el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL) Francisco Villar y el jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística del consistorio aronero, Damián Hernández.

Plan General

El edil conservador explicó que en torno al Plan General de Ordenación (PGO) se están realizando modificaciones menores, y reconoció que en la actualidad lo que queda es un «documento muerto» y que es necesario «que se adapte a la realidad». Según detalló, una vez que consideren que han «dado una sacudida importante a aquel suelo necesario de forma inmediata», se pondrán con el nuevo texto urbanístico.

«No cogimos las viviendas en cero, sino en menos mil», lamentó sobre el problema habitacional, y planteó que el próximo objetivo es desbloquear el proyecto de La Camella, donde existen 35 viviendas que ya están finalizadas. «Somos gente joven; tenemos tesón, insistencia», aseguró más adelante. «Arona va a resultar muy beneficiada», remachó.

Retos para el futuro urbanístico del sur de Tenerife

Ver galería

Licencias pendientes

¿Qué retos tiene por delante el municipio en lo que a su urbanismo se refiere? El jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística situó en primer lugar «sacar las licencias», y precisó que el problema se encuentra en un planeamiento tan vetusto que está redactado «con máquina de escribir». «No es una hipérbole; es literal», aclaró. Y puso de relieve que el urbanismo cumple con la función de regular seis actividades básicas: residencia, trabajo, comercio, sanidad, educación y ocio.

«El planeamiento urbanístico de Arona, por su obsolescencia, está fallando en la que debería ser su primera función: garantizar la vivienda», manifestó Damián Hernández, si bien a renglón seguido dijo que existen «ventanas de oportunidad», como determinadas unidades de actuación que no se han gestionado «en los últimos 40 años». «Las viviendas son inasequibles y expulsamos al ciudadano del centro de la ciudad y de la periferia al extrarradio de la comarca. Y en Arona tenemos algunos ejemplos en los que la gente busca la solución habitacional en los sitios más insospechados», consideró.

Vivienda vacacional

El técnico se refirió como segundo problema a que la «incursión» de la vivienda vacacional ha «distorsionado por completo» el régimen de alquiler. «Echo en falta también que la Administración tome la iniciativa de intervención en el mercado inmobiliario que le permite la Ley», indicó. «Yo apuesto más por un urbanismo liberal, no intervencionista; pero, llegado un momento como en el que estamos, considero que la Administración se debe plantear intervenir, y puede hacerlo de diferentes formas: creando vivienda pública dotacional o propiciando las condiciones para que el actor privado pueda colaborar», planteó.

Hernández incorporó a su radiografía del urbanismo y la vivienda en Arona el problema de la okupación, que «se ha convertido en un mercado». Expresó que «nadie quiere vivir en un edificio okupado» y que esta actividad «genera un radio de depreciación inmobiliaria». Y completó: «Cuanto más cerca se esté de zonas okupadas, el valor baja. Y lo que son pasivos inmobiliarios empiezan a convertirse, sobre todo para los fondos buitre, en activos financieros muy rentables».

Trabajo y residencia

A lo anterior agregó que hay políticas de intervención en el espacio turístico que «no han beneficiado el desarrollo de las viviendas». Según mantuvo, se está llevando a la expulsión del trabajador de la zona de empleo y a que se genere una «distancia sideral entre la zona de trabajo y de residencia», lo que, a su vez, requiere de desplazamientos que ocasionan problemas de movilidad.

El catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar manifestó que la vivienda suma 20 años de problemas, y apostó por buscar vías jurídicas para aportar soluciones y por incentivar al inversor privado. En su opinión, desde el Gobierno de Canarias se está haciendo un esfuerzo «por facilitar y desbloquear un problema de vivienda que tienen las rentas más bajas pero también las medias». El letrado sostuvo que el planeamiento y el urbanismo deben adaptarse y dar respuesta a la realidad de cada enclave, y aseveró que existen «herramientas suficiente». «El planeamiento debe estar al servicio de dar solución a problemas o de evitarlos», resaltó.

Viviendas

En ese punto del debate, Javier Baute destacó el trabajo que el Ayuntamiento está realizando en torno a Parque de la Reina y El Mojón. Sobre ese segundo enclave, manifestó que se creará una «ciudad nueva completamente», y resaltó que se utilizará un estilo de «construcción amable». «Los hoteles que se proyectan van a tener una edificación menor de la permitida», planteó. «De aquí a siete-diez años podremos ver algún reflejo de lo que estamos creando», estimó.

Damián Hernández ahondó también en la movilidad, «un problema complejo». «La pregunta es por qué nos movemos y si es necesario desplazarnos», contextualizó, antes de señalar que el problema viene de lejos. Se refirió ahí a las teorías de mediados del siglo pasado que ya mantenían que la solución a la movilidad no pasaba por la construcción de nuevas carreteras de la misma manera que el remedio a la obesidad no es «acudir al sastre».

Situación «crítica»

A juicio del funcionario, la situación actual es «crítica». «Hay que buscar soluciones, pero son paliativas», prosiguió. «En la medida en que planteemos más infraestructuras favoreceremos más el desplazamiento», opinó. Hernández defendió que la solución no está en incluirles más carriles a las autopistas, y añadió que prueba de ello es que en Nueva York y en las grandes urbes mundiales llevan a vueltas con ese asunto «desde hace 70 o 80 años».

La siguiente intervención, de Francisco Villar, puso de manifiesto los contrastes entre la perspectiva del arquitecto y del jurista. «Podemos seguir pensando para hacer el mejor plan posible y tomarnos otros diez años, pero la realidad del asunto es que tenemos que tomar decisiones», expuso. El profesor universitario realizó una nueva defensa de emplear las herramientas de las que se dispone y agotar las posibilidades del marco legal.

Falta de personal

No menos relevante fue lo que expresó el jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística del consistorio aronero sobre la falta de personal en la oficina técnica de este municipio. El funcionario volvió a considerar de capital importancia «agilizar las licencias», y lamentó que hay un «problema de inestabilidad del personal». Según dijo, la solución «pasa por dotar de más medios humanos al Servicio de Licencias» y por la colaboración con entidades como Gestur o Gesplan. «Es un problema que se ha acumulado durante décadas», apuntó.

Suscríbete para seguir leyendo