El médico de Tenerife investigado por estafa al SCS señala que hackearon su credencial

Siete años después de que explotara la operación Higea que investiga un presunto fraude millonario al Servicio Canario de la Salud (SCS) con la dispensación de fármacos de elevado precio y financiados, en parte o en su totalidad, por la Sanidad Pública desde una farmacia de la capital tinerfeña, continúa en fase de instrucción. El titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado la práctica de nuevas diligencias reclamadas en los últimos meses por las defensas de los imputados en respuesta al escrito del fiscal que, a finales de septiembre, trasladó solicitando la apertura de juicio oral.

Uno de los investigados, un facultativo que pasaba consulta en centros de salud de La Laguna desde 2012 a 2018, ha solicitado a través de su abogado un peritaje informático «al tener la certeza de que su token o credenciales con las que accedía al sistema desde su consulta fueron hackeadas en al menos dos ocasiones».

Tras conocer más detalles de la investigación, su abogado ha pedido al instructor que se confeccione un informe pericial que determine, si en el periodo que se investiga [entre marzo de 2016 y septiembre de 2018] hubo «anomalía, sustracción, duplicidad o copia del token y claves de acceso» del facultativo. En caso de que el análisis detecte alguna irregularidad, solicita que se aporte también datos de geolocalización, ingresos en la aplicación, la validación de consultas médicas y si hubo duplicidad o se modificaron las claves de acceso o contraseñas.

Sin relación con otros investigados

En el escrito, además, el médico investigado rechaza de forma tajante que conociera o hubiera tratado alguna vez con el farmacéutico D. J. M. T. o hubiera acudido a su farmacia en la calle Garcilaso de la Vega. Sin embargo, admite que conocía al otro farmacéutico, A. P. M. D., aunque «su relación era puramente profesional» pues fue paciente suyo años atrás como consta en su cupo de pacientes en los centros de salud donde estuvo. Esa relación, añade, siempre fue ajena a los estudios de farmacia que aquel tenía .

El facultativo asegura que era ajeno a cómo facturan las farmacias al SCS los medicamentos subvencionados y prescritos con recetas electrónicas o de papel. Además de lo anterior, sostiene que nunca recibió ganancias o comisiones de ningún tipo en la supuesta trama que pudiera existir entre los acusados como demuestra que no ha habido incremento de patrimonio o evidencias de beneficios económicos.

En octubre de 2018 se detuvo a siete personas por el presunto fraude de más de 2,5 millones de euros al SCS que se habría materializado con el cobro irregular de las subvenciones correspondientes al abono de medicamentos financiados por la Seguridad Social.

Los siete detenidos eran cuatro médicos, dos farmacéuticos y un empresario. Tres de ellos ingresaron en prisión preventiva durante algo más de un año: los dos farmacéuticos y uno de los médicos. La investigación a los otros tres médicos se archivó provisionalmente, al menos en la jurisdicción penal: son dos facultativos que pasaban consulta en el Centro de Salud de Adeje, y otro en el de Güímar, aunque en este último caso la vía penal se archivó de forma definitiva en verano por fallecimiento.

El médico que ingresó en prisión y que a día de hoy sigue investigado es E. M. L. C., pasaba consulta en San Miguel de Geneto y en el Centro de Salud de San Benito (La Laguna) y ahora, a través de su abogado, ha pedido el peritaje de sus credenciales por tener constancia de que fueron pirateadas. Desde su detención en 2018 está suspendido de empleo y sueldo.

En el procedimiento también se investiga a los farmacéuticos D. J. M. T. y A. P. M. D., así como al empresario M. A. B. M., según obra en las actuaciones. El Ministerio Fiscal les acusa como presuntos autores de falsedad continuada de documento público, estafa agravada y pertenencia a organización criminal.

El fiscal solicita, en caso de que no se archive la causa y las diligencias previas se transformen en procedimiento abreviado, penas que suman para los cuatro acusados un total de 59 años de prisión, elevadas multas que oscilan entre 21.000 y más de 42.000 euros y, en concepto de responsabilidad civil, reclama que devuelvan de forma solidaria 2.590.009 euros, que es lo que habrían defraudado al SCS entre 2016 y 2018, aunque hay indicios de que el fraude se inició en 2014.

El fiscal sostiene que los cuatro investigados se pusieron de acuerdo para estafar con la supuesta dispensación y venta ilícita de fármacos de elevado precio y financiados por la Sanidad Pública.

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