A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife

Era el apoderado de la empresa que había creado su hijo en Tenerife y quebró la confianza que su descendiente depositó en él. Hasta en cuatro ocasiones pretendió estafarle a través del cobro de pagarés sin justificación contractual. En total, quiso apropiarse de 125.000 euros del capital de la empresa, aunque las entidades bancarias en las que pretendió cobrar las cantidades, rechazaron las operaciones. A pesar de ello, se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El encausado asumía facultades para gestionar pagos y manejar una chequera con pagarés en blanco firmados por el administrador, que era su hijo. En el ejercicio de esas funciones, y siempre según el relato del escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado habría rellenado tres pagarés, designándose a sí mismo como beneficiario, por importes de 15.000, 45.000 y 25.000 euros, respectivamente.

La querella sostiene que dichos títulos no se emitieron al amparo de operación comercial previa, ni de deuda existente a favor del apoderado, ni en interés de la sociedad mercantil. Pese a ello, el acusado presentó al cobro en una entidad bancaria los dos primeros pagarés por importe de 15.000 y 45.000 euros, cuyo pago fue rechazado por la sucursal.

Posteriormente, el investigado habría rubricado un cuarto pagaré, también a su favor, por una cantidad de 40.000 euros, que igualmente no llegó a hacerse efectivo. Agotada sin éxito la vía bancaria, el presunto estafador acudió a los tribunales e interpuso una demanda de juicio cambiario contra la mercantil representada hasta entonces por él mismo, reclamando el importe conjunto de las cuatro letras: en total 125.000 euros.

La representación letrada de su hijo y de la sociedad mercantil, así como la Fiscalía, sostienen que el acusado actuó con pleno conocimiento de que esos pagarés carecían de causa real, no obedecían a cantidad alguna debida por la sociedad y habían sido cumplimentados sin autorización ni conocimiento del administrador. El poder otorgado por la mercantil al acusado fue revocado, quedando este apartado de la gestión de la empresa familiar, a la espera de lo que resuelva ahora la jurisdicción penal.

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