El mundo visto desde dentro del hotel 'okupado' de Tenerife: "Si denunciaba, me sacaban de noche con mi familia"

La espada de Damocles se cierne sobre los okupas que se encuentran viviendo en el antiguo Callao Sport Hotel, clausurado durante la pandemia y abandonado durante años. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordeno el desalojo voluntario a principios de noviembre, con el 10 de diciembre con la fecha en la que el desalojo pasaría a forzoso. Más de 200 personas que desde el pasado mes de febrero se encuentran en el interior del complejo hotelero... que dista mucho de lo que un día fue.

Desde fuera parece un edificio turístico envejecido, otro hotel varado en el tiempo en el sur de Tenerife; pero basta cruzar la recepción, la zona roja del hotel, para que se revele una realidad paralela: cables colgando, paredes vaciadas, cocinas improvisadas, niños jugando entre ruinas, olores a humedad, habitaciones que ya no son habitaciones sino microviviendas de supervivencia.

El creador de contenido Ricardo Marichal, que meses antes fue expulsado por intentar documentar la situación, recibió la llamada de distintos okupas para contar cómo están viviendo la situación dentro del complejo. Unos testimonios que han quedado registrados en un vídeo en su canal Ratatour y en el que el tinerfeño explica los motivos de la solicitud de los residentes: “Les llegó la orden judicial del desalojo. Necesitan que se conozca lo que están viviendo”.

Ruinas, tensión interna y un edificio que se cae a pedazos

La piscina, antaño zona de solárium, hoy es una escombrera de baldosas sueltas, focos arrancados y ventanas desaparecidas. Muchos residentes atribuyen los destrozos a grupos conflictivos que, según cuentan, no forman parte del núcleo estable del hotel. Uno de ellos lo explica con frustración: “Nosotros no rompimos nada. Cuando venían otros a destrozar, teníamos que enfrentarnos a ellos”.

En los pasillos oscuros se repiten escenas de inseguridad y precariedad extrema. A pesar de que cada uno ha vivido una historia distinta al otro, todas acaban en el mismo punto: el acceso imposible a la vivienda en Tenerife.

Testimonios como los de Babacar, residente en la isla desde hace 23 años, que perdió su alquiler cuando los vecinos se quejaron del llanto de sus hijos, se repiten. Su relato sobre los primeros días en el hotel derrumba varios mitos: “Al segundo día tocaron la puerta. Me pidieron mil euros para dejarme quedarme. Si denunciaba, me sacaban de noche con la familia”. Aunque trabaja, no puede asumir 1.200 euros de alquiler ni los tres meses de fianza que le piden en otros lugares. “No hay forma de empezar”, lamenta.

Por su parte, Fátima, marroquí con diez años en Tenerife, asegura que nunca imaginó tanta dificultad para tener un techo en Europa: “Jamás pensé que iba a sufrir tanto para tener un hogar. Hay mil personas buscando y diez casas disponibles”. Explica que su apellido provoca rechazos automáticos: “Entrego papeles, nóminas, referencias… pero ven mi origen y dicen que no. Ni me llaman”. Aun así, se pone en el lugar de la propietaria: “Debe estar perdiendo miles de euros. Yo pagaría lo que pidan, solo quiero un techo”.

El aviso que lo cambió todo: una cuenta atrás que termina el día 10

Muchos relatan el instante exacto en que les entregaron la notificación. Una pareja con un bebé de pocos meses describe cómo golpearon su puerta “como si fuera un allanamiento”. Les dijeron que el desalojo es firme, que cualquier objeto dentro del edificio después de la fecha límite será tratado como abandono y destruido, y que Servicios Sociales podría intervenir si se mantienen dentro con menores.

“No queremos resistir”, dice la mujer, “pero si llega el día 10 y no encontramos nada, ¿dónde vamos? A la playa, a un barranco, donde sea”. El tono no es desafiante: es miedo puro.

Yusef, que lleva ocho años en la isla sin papeles y que antes dormía en un coche, resume la situación con brutal honestidad: “En Marruecos no está jodido para todos, está jodido para los pobres”. En Tenerife, tampoco consigue alquilar. “Si soy moro, no me alquilan; si soy colombiano, tampoco. Y aunque tenga trabajo, no hay casas”. Y añade, sin excusas: “Sí, estamos jodiendo a los dueños. Pero ¿a dónde vamos si nos echan hoy mismo?”.

La otra herida del hotel

Al otro lado de la balanza queda la propiedad del inmueble hotelero. La empresa propietaria del hotel okupado en el sur de Tenerife celebra que la Audiencia Provincial haya ordenado el desalojo forzoso para el 10 de diciembre, tras reconocer indicios sólidos de delitos dentro del inmueble: robos, tráfico de sustancias, hurtos y daños. La administradora de Construcciones Domasa, Margarita Domínguez, sostiene que esta decisión llega “tarde, pero por fin llega”, después de casi un año de ocupación que, afirma, ha dejado pérdidas económicas de cientos de miles de euros y un edificio “totalmente desvalijado”.

La responsable explica que durante todo este tiempo la familia ha seguido asumiendo gastos de luz, tasas municipales, hipoteca y seguridad privada, pese a no tener control sobre el hotel. Denuncia que el inmueble perdió gran parte de su valor tras el robo de mobiliario, electrodomésticos, maquinaria y material de hostelería, "vendido" en el mercado de segunda mano. La empresa mantiene su objetivo: vender el hotel una vez recuperado para evitar la quiebra.

Relata que el problema comenzó en febrero de 2025 como un intento de robo y agresión que, en cuestión de horas, derivó en una "okupación masiva". El proceso judicial se complicó porque más de cien ocupantes solicitaron abogado y procurador de oficio, lo que retrasó el avance de las causas civiles y penales. Afirma que la justicia no actuó con la rapidez necesaria pese a los informes policiales que ya señalaban conductas delictivas en el interior.

En el plano personal, describe la experiencia como una “pesadilla injusta”, asegurando haberse sentido abandonada por las instituciones y extorsionada por algunos ocupantes que, según dice, pidieron dinero a cambio de abandonar el edificio. También se declara “castigada por el sistema” por ser empresaria, recordando que el hotel fue el proyecto de vida de su padre, un emigrante que levantó la empresa desde cero y cuyo legado ella asumió tras su fallecimiento en 2019.

Finalmente, insiste en que el caso revela una ley de okupación “absurda”, que a su juicio deja la propiedad privada en situación de indefensión y permite que “delincuentes tengan más derechos que los propietarios”. Reclama una reforma urgente, asegurando que la sociedad “no puede seguir viendo cómo décadas de esfuerzo familiar quedan en manos de quien invade y destruye lo ajeno ante la pasividad política”.