La Audiencia libera a un migrante que fue encarcelado cuando era menor en Tenerife II

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado la inmediata puesta en libertad de un joven de origen gambiano que fue detenido y encarcelado cuando tenía 16 años tras llegar en cayuco con más de 200 personas en octubre de 2023. La Fiscalía le acusó de favorecer la inmigración irregular, de dos homicidios por imprudencia y dos de lesiones graves. El auto, dictado el 13 de noviembre, supone un giro significativo en la causa ya que el menor ha estado dos años en prisión provisional en el centro penitenciario Tenerife II, a la espera del juicio oral junto a otros tres acusados. La vista oral se celebró entre finales de octubre y comienzos de noviembre, y justo el día antes de concluir, el joven cumplió 18 años.

Sobre el menor pesaban graves acusaciones vinculadas a su presunta participación como uno de los patrones que guiaron una embarcación precaria en la que viajaban más de doscientos migrantes a bordo y que fue interceptada el 28 de octubre de 2023. Al llegar al puerto de Los Cristianos, algunos de los migrantes aseguraron que entre diez y quince de sus compatriotas murieron y fueron arrojados por la borda durante los once días que estuvieron navegando tras salir de las costas de Gambia. A su llegada a Tenerife, se descubrió también el cadáver de un migrantes de unos 13 años y, otro más falleció en el hospital por una encefalopatía severa.

Acusado menor de edad

Desde el inicio del proceso, la abogada de la defensa, Sara Rodríguez, insistió en que el acusado era menor de edad en el momento en el que llegó a Tenerife. La letrada se apoyaba en su documentación gambiana y en un informe de Save the Children que apuntaba precisamente en esa dirección. Se da la extraña paradoja de que el joven cumplió 18 años un día antes de que concluyera la vista oral, que se ha celebrado desde finales de octubre y comienzos de noviembre.

A lo largo del procedimiento, diversos autos habían sostenido que este migrante era mayor de edad basándose en distintas pruebas radiológicas y dentales. Informes del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife que apuntaban a una «edad ósea compatible con más de 18 años y estimaciones incluso superiores». Sin embargo, durante la vista quedó patente que una parte esencial de esas pruebas -en especial las ortopantomografías y el TAC de clavículas- no había sido ratificada por los expertos peritos que las realizaron, motivo por el que se argumentó que no podían incorporarse como prueba válida.

Presunción de minoría

La Sala también destacó las dudas existentes en torno a la fiabilidad de ciertos pasaportes gambianos, especialmente los de lectura mecánica, que pueden ser expedidos sin la presencia física del titular. Aun así, pese a esos recelos, ningún informe forense concluyó de manera categórica que el joven fuese mayor de edad. Ante esa falta de certeza absoluta, el tribunal recordó que la normativa española -reforzada por diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño- obliga a la presunción de la minoría de edad cuando persisten dudas razonables.

El tribunal tuvo también en cuenta la declaración del propio acusado, quien afirmó haber manifestado desde el primer momento que era menor de edad, así como la inexistencia de pruebas concluyentes que desvirtuaran de forma clara la documentación aportada en la causa por parte de la defensa.

Con este auto, la Audiencia Provincial deja sin efecto la prisión provisional que mantenía privado de libertad a este joven desde octubre de 2023. La resolución advierte a los perjudicados y a las partes de que pueden presentar recurso de súplica en el plazo de tres días.

En libertad

El auto fue comunicado en la tarde del jueves al interno en Tenerife II y fue puesto en libertad. Sin embargo, una patrulla de la Guardia Civil le esperaba a la salida del centro penitenciario para detenerlo nuevamente y conducirlo a dependencias policiales para ponerlo a disposición de la Fiscalía de Menores.

El joven fue conducido a un centro bajo medidas judiciales a la espera de ser juzgado, ahora bajo esta jurisdicción. «Confío en que la Fiscalía se inhiba debido a que se debieron haber tomado garantías procesales desde un principio porque siempre lo trataron como un mayor de edad; espero que su caso se archive», explicó Rodríguez.

La Audiencia Provincial debe dictar sentencia ahora para resolver la situación de los otros tres acusados, uno de ellos declarado en rebeldía, a los que la Fiscalía pide 15 años de prisión para cada uno y la defensa, la libre absolución.

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