Condenados a pagar 30 millones a víctimas del ‘timesharing’ en Tenerife
La justicia británica sentencia a siete años y medio de cárcel a 14 integrantes de una trama que estafó a 3.500 dueños de apartamentos
Fotograma del reportaje grabado por la BBC sobre las estafas de timesharing. / BBC
El responsable de la empresa Sell My Timeshare, Mark Rowe, y una docena de colaboradores han sido condenados por la justicia británica a siete años y medio de prisión, que cumplen desde el pasado mes de agosto, y abonar 30 millones de euros a las víctimas que estafaron mediante el negocio del timesharing en Tenerife. La abogada de un millar de afectados, Eva Gutiérrez, ve con esperanza esta sentencia para poder resarcir a la víctimas.
La noticia ha sido dada a conocer por la cadena pública BBC, que hace nueve años llevó a cabo un programa con cámaras ocultas en el que los periodistas se hacían pasar por compradores de apartamentos en régimen de tiempo compartido en Tenerife.
La emisión del reportaje provocó un importante revuelo y dio lugar a una investigación que ha acabado con la condena de 14 procesados por estafar cerca de 30 millones a 3.500 propietarios de apartamentos en el sur de Tenerife, la mayor parte de ellos entre 60 y 80 años, alguno de los cuales perdió hasta 12.000 euros.
La abogada, integrante del bufete Canarian Legal Alliance (CLA), recuerda que en 2019 presentaron una denuncia en la vía penal que quedó archivada, en la que pedían a la Fiscalía abrir la posibilidad de condenar a los dueños de sociedades como Silverpoint, con fallos firmes en contra en la vía civil por valor de 12 millones.
La letrada del despacho, con sede en Arguineguín, desconocía tanto la emisión de este programa de televisión emitido en su momento como el nombre de la compañía, lo que, según alegó, es normal dada la existencia de numerosas sociedades mercantiles que funcionan bajo múltiples denominaciones.
«El problema es que esas compañías ya no existen en la práctica, sus responsables se encuentran en paraderos desconocidos y unas 70 sociedades están ubicadas en paraísos fiscales», explica.
Eva Gutiérrez recuerda que en su momento la Udyco [la unidad de la Policía Nacional encargada de la lucha contra el crimen organizado] llegó a investigar este entramado hasta reunir un total de 19 tomos, una labor en la que participó también la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
La Fiscalía llegó a presentar una denuncia en julio de 2020 por supuesta frustración de la ejecución [lo que antes se conocía como alzamiento de bienes], insolvencia punible y estafa procesal, que quedó archivada de forma provisional.
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