De sospechosos mafiosos a reclamar indemnizaciones millonarias al Estado

Fueron detenidos en el sur de Tenerife y otros puntos de la geografía española. En octubre de 2011, concluía la operación Pozzaro con 21 personas detenidas por presuntamente pertenecer a una de las organizaciones criminales más temidas en Europa: el clan italiano Nuvoletta-Polverino. En la isla, los agentes policiales [dirigidos por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al frente de la instrucción] detuvieron a 13 personas, la mayoría de ellos familiares de origen italiano. Sus cuentas quedaron bloqueadas, sus empresas y propiedades fueron precintadas, sus vehículos quedaron inmovilizados, y se intervino joyas, relojes de lujo y dinero en efectivo. Se les acusaba de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, y, a uno de ellos, por tenencia ilícita de armas.

Dos de los 13 investigados en Tenerife quedaron en libertad tras declarar en los juzgados de la Audiencia Nacional, mientras que el resto ingresó en prisión incondicional preventiva a la espera de juicio. Con el inicio del año 2016, se celebró la vista oral con 21 acusados sentados en el banquillo que afrontaban [en la mayoría de los casos] penas de diez años de prisión y multas millonarias. Cerca de cinco meses después, el tribunal absolvió a todos los investigados a excepción de uno de ellos: V. P., un empresario del sector inmobiliario que fue condenado por tenencia ilícita de armas, pero que también fue exonerado como el resto de los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales.

Desde la sentencia absolutoria, al menos ocho de los investigados han reclamado indemnizaciones millonarias al Estado a través de sendos recursos por la vía contenciosa ante la Audiencia Nacional por el tiempo que estuvieron presos de forma preventiva en un procedimiento que no logró demostrar su vinculación con actividades delictivas. Sus abogados defienden que no solo deben ser indemnizados por el tiempo transcurrido en prisión preventiva, sino por el «lucro cesante» de unos negocios que fueron precintados y por las deudas que se acumularon al no poder obtener ingresos. Pero los tribunales no están atendiendo a esas pretenciones.

La actual legislación avala que cualquier persona que sufra prisión preventiva y quede luego absuelta o se dicte auto de sobreseimiento libre tendrá derecho a recibir una compensación, pero no recoge cuestiones como el lucro cesante u otras cuestiones ajenas a la privación de la libertad.

Otro de los empresarios detenidos en octubre de 2011, y puesto en libertad casi a las 48 horas, presentó una demanda por tres millones de euros, una reclamación que no prosperó judicialmente. Al empresario le precintaron sus negocios y algunos de sus vehículos se subastaron, como un llamativo lamborghini, según señalan fuentes cercanas al caso que, añadieron, «no solo no se le devolvió ninguna cantidad, sino que tuvo que hacer frente a gastos y deudas derivadas del procedimiento [como su representación letrada] por valor de unos 50.000 euros. Las demandas de otros tres procesados sí prosperaron, pero por cuantías escasas para lo que habían planteado en sus recursos: entre 12.000 y 13.500 euros.

El último fallo atiende parcialmente el recurso de V. P., el empresario inmobiliario condenado por tenencia ilícita de armas y que pedía 800.000 euros tras 1.289 días en prisión preventiva, 923 días más de la pena impuesta. La Audiencia Nacional acuerda una indemnización de 30.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por el tiempo que estuvo en prisión preventiva.

Entre los daños causados por haber permanecido privado de libertad, cita que era un promotor inmobiliario y dueño desde 2007 de la totalidad de una empresa dedicada a este sector, y en 2010 adquirió un bar cercano, que gestionaba su esposa. En el recurso de su abogado indica que pese a la crisis inmobiliaria de 2010, en aquel momento su cliente poseía numerosos recursos, pero todo cambió tras su detención y a partir de entonces las empresas se vieron sin administrador y «a la deriva».

V. P. permaneció en prisión preventiva desde octubre de 2011 hasta abril de 2015 y para quedar libre debió pagar una fianza de 10.000 euros y estar sujeto a determinadas medidas cautelares a la espera de celebrar el juicio.

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