Catedral In-VISIBLE

En la España de la posguerra, donde el Estado ejercía el control de los recursos y la intervención del mercado, emana el Proyecto de Red Nacional de Silos y Graneros. Este proyecto fue gestado y desarrollado a partir de 1944, pensado para construir una amplia red de este tipo de edificios por toda la geografía española, y estratégicamente localizados.

Tenían como finalidad la recepción de la recolecta del grano y su almacenamiento, hacían de centros de distribución hacia los mercados urbanos o puertos, y servían de lugares de reserva para épocas de baja producción, actuando como reguladores del mercado.

Se construyeron un total de 672 silos y 277 graneros hasta 1984. A partir de esa fecha y con la entrada de España en la CCE surge la exigencia de acabar con el intervencionismo económico, terminando por tanto con la vida útil de ‘los rascacielos de lo rural’.

Santa Cruz de Tenerife dispone de uno de estos silos que se localiza en el Puerto de Santa Cruz, con 60 años de antigüedad (1965). Se trata de uno de los silos del tipo P (Portuario), de los cuales sólo se construyeron dos en todo el país. El otro de este tipo, que se encontraba en Málaga, fue demolido en 2006.

El solemne silo de Tenerife, de más de 30 metros de altura, por su volumetría y ubicación –frente a la vía que lleva a San Andrés y Anaga– posee una presencia extraordinaria en el entorno. Este edificio ha cautivado desde siempre la atención, arraigándose en lo más profundo del imaginario colectivo, como una ‘catedral olvidada’.

El 15 de octubre de 2025, se publica en la prensa local el plan de la Autoridad Portuaria de proceder a la licitación de la demolición de este edificio, único a nivel nacional, por un presupuesto de 1,5 millones de euros. El argumento se basa en que constituye una construcción obsoleta, carente de posibilidades de uso funcional y que presenta un avanzado estado de deterioro estructural.

Ante la noticia, debemos reflexionar sobre los argumentos que promueven dicha demolición y exponer posibles alternativas, de forma que se abra un debate público necesario para decidir el futuro de éste y otros bienes del patrimonio histórico.

En este caso hablamos de un suelo de titularidad pública, una inversión pública (1,5 millones de euros) y unos organismos, también públicos, que se deben encargar de proteger aquellos bienes que así lo merezcan. El debate, por tanto, debe ser público.

En primer lugar, en cuanto a la justificación basada en el posible mal estado de la estructura, cabe mencionar que al consultar el proyecto de demolición no se ha encontrado alusión alguna a problemas estructurales o condición de ruina.

En segundo lugar, se argumenta que el edificio no permite su reutilización. La realidad es que existen múltiples ejemplos de silos reconvertidos muy similares, destinados a usos dispares, como el cultural, administrativo o residencial.

Un ejemplo reciente es la reconversión de un silo de 1930 en la ciudad noruega de Kristiansand, para uso cultural, que ha sido galardonada con el premio Arquitectura CSCAE 2025. Pero existen otros tantos casos de éxito: el SZHK Bienalle, en Shenzhen, China. (2013); el Zwarte, en Deventer, Países Bajos, para zona de restauración. (2015); la recuperación del Silo de Almagro como centro cultural en Ciudad Real. (2017); el de los Molinos Automáticos de Pardubice, en República Checa. (2023); la galería de arte Kunstsilo en Kristiansand, Noruega o la Fundación MOP, en A Coruña. (2024).

Los valores históricos del silo tipo P que le hacen merecedor de su catalogación como patrimonio industrial son difícilmente contestables. Se trata de una edificación singular, única en su tipología en España, y testigo de un pasado industrial y una realidad social que no debe ser olvidada, lo que le otorgaría la condición de Patrimonio Nacional.

Estos criterios han sido considerados en el Borrador del Catálogo de Protección de Santa Cruz de Tenerife, que recoge el silo del puerto en la Alternativa 3 en grado de protección Ambiental, que conllevarían la protección de su volumen, alturas generales, cubiertas, fachadas, muros que conforman su tipología, y espacios no edificados. Se refleja así, el interés histórico-industrial del edificio y la intención del Ayuntamiento de dotarlo de protección.

La reconversión y reutilización del patrimonio industrial no es un fenómeno nuevo. Los cambios en los sistemas productivos, junto con la tecnificación de la industria, han derivado en muchos casos en espacios abandonados o en estado de ruina. Comprendiendo su valor como legado histórico construido de cambios sociales y culturales, la renovación y reconversión de numerosas fábricas se han llevado a cabo a lo largo de todo el mundo.

Por otra parte, las leyes sobre Protección del Patrimonio, promulgadas tanto a nivel estatal como autonómico, dedican parte de su texto al Patrimonio Industrial, considerado como tal a aquellos muebles o inmuebles que, por su valor tecnológico, arquitectónico o científico, constituyen manifestaciones tecnológicas o de ingeniería.

Rehabilitar la arquitectura industrial de los silos implica reconocer su propio valor. Su verdadero potencial reside en la posibilidad de otorgarles una nueva vida, adaptándolos a usos contemporáneos como oficinas, espacios comerciales o museísticos.

Con todo esto, es indudable afirmar que el inmueble cuenta con todas las condiciones para ser considerado Patrimonial Nacional.

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), adoptados el 25 de septiembre de 2015 por los líderes mundiales, representan un pacto global en el que debemos estar todos comprometidos para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible.

En este marco, la protección del patrimonio encuentra un lugar destacado. En todos sus objetivos ratificados por los países y por el Estado español, se hace hincapié en la protección del patrimonio cultural para la creación de sentido de pertenencia e identidad, fomento de la cohesión social y contribuir con una sociedad más resiliente, que comprende mejor su historia y su lugar en el mundo.

La conservación del patrimonio necesita repensar su propósito y su papel si se quiere que mantenga el lugar que le corresponde.

Las administraciones deben asumir con decisión las riendas en esta materia –de su plena competencia– si se pretende cumplir con los objetivos nacionales e internacionales.

La responsabilidad de la conservación patrimonial ha de ser compartida por todos los agentes. La propia administración, respecto de su patrimonio, debería ser más consciente, si cabe, que la propia ciudadanía. No resulta aceptable que se produzca un caso como éste, en el que un edificio con claros valores históricos esté a punto de su desaparición bajo la promoción y supervisión de la administración pública.

Debemos reflexionar si es coherente destinar los recursos públicos previstos a la demolición de una pieza de nuestro patrimonio industrial, o si por el contrario deberíamos emplearlos en su conservación y reutilización para el beneficio general.

Es nuestro deber, como colectivo profesional, exigir a las administraciones públicas competentes que actúen de urgencia y que como medida cautelar frenen la demolición del silo P de Santa Cruz, y que se abra un debate público sobre su futuro. Desde el Colegio Oficial de Arquitectos hacemos un llamamiento público a otros profesionales a sumarse a esta petición.

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