El transporte a la demanda en Tenerife se demora por errores en la licitación
Tres recursos a la convocatoria del concurso detuvieron el proceso que retoma el Cabildo una vez que el Tribunal de Contratación aprueba los pliegos subsanados

Personas esperando la guagua en una parada de Tenerife / Andrés Gutiérrez
La licitación del transporte a la demanda en cinco zonas de las medianías de Tenerife se retoma tras resolver el Tribunal de Contratación las alegaciones presentadas que obligaron a suspender el proceso. La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, anuncia la próxima publicación de los nuevos pliegos ya aprobados, tras subsanar los reparos que motivaron el recurso de una empresa.
Proceso público
García Silva aclara que la licitación fue suspendida "a finales de agosto o principios de septiembre". Puntualiza que el proceso es público "y los implicados en el concurso, incluidos los ayuntamientos, lo saben”. La consejera asegura que firmó "el informe de propuesta de levantamiento de la suspensión" y resta trascendencia al asunto, porque “es normal que se presenten recursos a algunas licitaciones”. En este caso "fueron tres y de dos tipos". Por un lado, "de dos taxistas, muy parecidos por no decir idénticos, referidos a cuestiones específicas del transporte en Icod de los Vinos”. Esencialmente, se referían al límite de la antigüedad máxima obligatoria para los coches que prestarían el servicio y en que las bases permitieran que vehículos tipo Uber pudieran concurrir, lo que causaría perjuicios a los taxistas, argumentaron.
Plataforma logística
La preocupación del Cabildo se centró en la alegación referida a la plataforma logística, que planteó una de las empresas. Eulalia García explica que esa la inquietud se debió a que "no solo pudiese existir una incongruencia entre los pliegos y un informe, sino por la trascendencia en el proceso y que ello afectara a la adjudicación". Movilidad está a la espera del Tribunal de Contratación "cuelgue" la resolución en la que desestima los de los taxistas, "pero acepta el de la empresa tecnológica".
Esquema Nacional de Seguridad
El recurso presentado apunta que en los pliegos iniciales había “una contradicción sustancial que compromete gravemente la validez jurídica”. El foco lo pone en la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para las empresas. La recurrente alegó que no quedaba claro si era “un requisito obligatorio de solvencia técnica”. La resolución propuesta para esta sombra de ambigüedad y el posible riesgo para la protección de datos consistía en “alternativas supletorias” poco definidas en el informe técnico.
Libre competencia
El argumento del recurso tenía como base un requisito que atentaría contra el principio de la libre competencia y concurrencia. La consejera explicó que "hicimos un sondeo de mercado y cuando publicamos la licitación no había empresas que cumplieran con el nivel medio en el certificado del ENS". Pone un ejemplo una sociedad pública del Cabido: "Titsa lo tiene, pero no es una empresa que desarrolle plataformas tecnológicas y, en ese momento, ninguna estaba certificada en ese nivel medio". García explica que "el informe del servicio de Informática, asesorado por el de Contratación, planteaba que cabían esas medidas alternativas" y flexibles, pero "existía la duda de que podía afectar y retrasar muchísimo más la licitación. Por eso decidimos suspender la licitación".
Exigencia
Los nuevos pliegos modifican "la exigencia a las empresas de contar con el certificado de nivel medio", pero la licitación "se va a retomar y a seguir adelante" y se publicará porque los informes jurídicos avalan que "la modificación no afecta ni al contenido económico ni al resto de condiciones".
El proyecto
Con un coste total de ejecución de 10 millones, el concurso para redactar el proyecto de transporte público a la demanda se convocará por 2,4 millones de euros. Deberá tener en cuenta que se prestará en cinco espacios de Tenerife (cada uno de ellos será objeto de licitación): Isla Baja, Tacoronte-El Sauzal-La Matanza, Santa Úrsula-La Victoria, Arafo-Güímar y La Guancha-San Juan de la Rambla. El sexto lote, objeto de la principal reclamación, se corresponde con los servicios tecnológicos, de coordinación y atención al usuario, a manera de centralita telefónica o call center.
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