Trabajadores piden «músculo» para evitar el descontrol en un centro de menores infractores de Tenerife

Educadores y vigilantes del centro de internamiento educativo para menores infractores (Ciemi) de Valle Tabares abren un debate complejo y que, para muchas personas, puede resultar políticamente incorrecto.

¿Qué tipo de perfil profesional hay que elegir para trabajar cada día con internos enviados a dicho recurso por cometer delitos graves y que, en algunos casos, consumen drogas o tienen problemas de salud mental?

¿Es preferible aplicar una estrategia de mano izquierda con quienes vulneran las normas del centro o hacer cumplir un régimen disciplinario contundente?

Educadores y vigilantes creen que entre quienes trabajan en las unidades de convivencia deber haber personas musculadas y con fortaleza física, pero que también sepan dialogar y negociar con todo tipo de menores internos.

La Fundación Canaria Ideo, encargada de la gestión de dicho recurso, ha hecho una apuesta en los últimos años por una actitud a favor de la reinserción, de la educación y de diálogo con los adolescentes, según señalan algunos trabajadores.

El modelo de actuación

Esas mismas fuentes cuestionan seriamente el actual modelo y advierten de que, o se produce un giro en la idea de proyecto o existe riesgo de «descontrol» de consecuencias imprevisibles.

Andrés Pérez, presidente del Comité de Empresa de los vigilantes, que deben actuar en el exterior de las unidades de convivencia y sólo deberían entrar en casos de emergencia, cree que debe haber un régimen disciplinario más contundente con los internos con un comportamiento muy violento.

Lamenta que, para cubrir la falta de suficientes educadores, las bajas del personal y un perfil inadecuado, cada vez más se les pide a los vigilantes que entren en las unidades de convivencia, lo que contraviene la actual normativa.

Falta de experiencia

Patricia Pérez Barreiro, presidenta del Comité de Empresa del centro Valle Tabares, admite que, en muchos casos, el personal que se contrata «es muy joven, sin experiencia vital, con edades muy próximas a la de los internos y con sueldos muy cercanos al salario mínimo interprofesional».

Opina que sería positivo que, al menos, hubiera dos «hombres fuertes» como educadores por cada unidad de convivencia, que fueran respetados por los adolescentes, tanto por su aspecto físico como por su manera de resolver problemas cotidianos con diálogo.

Hasta el momento no ha sido posible conocer la posición de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias sobre este asunto.

Problema laboral

En cuanto a las críticas de los vigilantes a que se normalice su trabajo en el interior de las dependencias, la consejera de Bienestar Social, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, respondió a la Televisión Canaria que, "si ellos entienden que hay alguna parte del contrato que tienen en su empresa que se está incumpliendo, o su convenio colectivo, tienen que dirigirse a su empresa". Es decir, que es un problema de tipo laboral.

Andrés Pérez comenta que se deben conocer todas las situaciones desagradables que sufren los educadores y educadoras, a quienes los menores infractores "escupen, agreden física y verbalmente, o bien los intimidan o amenazan". Comenta que estas situaciones se reflejan en un alto índice de bajas laborales.

El presidente del Comité de Empresa en la concesionaria de la seguridad privada explica que los vigilantes "debemos ser el último eslabón" para intervenir en las unidades de convivencia de los menores infractores en caso de emergencia, "pero quieren meternos dentro para cubrir las carencias citadas".

La Unidad de Convivencia Cinco

Según Pérez, la situación se ha complicado en la unidad de convivencia número 5, donde están aquellos jóvenes de entre 18 y 23 años, que fueron condenados cuando eran menores por delitos graves, como homicidio, lesiones graves o agresión sexual, por ejemplo.

Patricia Pérez confirma que es cierto que la situación en dicho módulo cada vez es más complicada. "Ha habido momentos de descontrol y al personal educativo le está costando volver a la normalidad".

Los educadores o educadoras han terminado carreras como Psicología, Pedagogía, el Grado de Educación Primaria o trabajadoras sociales, por ejemplo.

Formas de intimidación

En opinión de la presidenta del Comité de Empresa de Valle Tabares, "las faltas de respeto son diarias y continuas; las intentan intimidar física y verbalmente".

Algunos internos se acercan mucho a esas trabajadoras, las miran por encima del hombro, con desprecio y les dan a entender que, al final, se va a hacer lo que ellos quieren, apunta Pérez.

¿Y qué le pasa al adolescente que no cumple las normas o se muestra muy violento? "Para casos muy graves está la separación del grupo durante siete días", afirma.

Admite que el régimen disciplinario no es tan firme como debería, "pero tampoco se aplica por el miedo de los educadores y educadoras a aplicar las normas y enfrentarse a los chicos", recuerda la representante sindical.

Hace varios meses, en la unidad de convivencia 1, varios internos agredieron a dos vigilantes. Uno de ellos casi perdió la visión de un ojo, mientras que el otro sufrió una conmoción cerebral.

Otro episodio relevante ocurrió en el módulo 5, donde dos internos, magrebíes, rompieron una pantalla de un aula y utilizaron pequeños cristales para autolesionarse, con pequeños cortes. Y después amenazaron a los vigilantes y educadores. ¿Y consiguen algo con esa actitud? Sólo la apertura de un parte y una sanción.

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