Una trama de médicos y farmacéuticos de Tenerife defraudó más de 2,5 millones de euros al Servicio Canario de Salud
La Fiscalía pide penas de hasta 59 años de prisión en total, multas elevadas y que devuelvan lo defraudado

Uno de los agentes de la Guardia Civil revisa talonarios de recetas en el interior de la farmacia Monje. / El Día

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita un total de 59 años de prisión para cuatro investigados [entre ellos un médico y dos farmacéuricos], elevadas multas que oscilan entre los 21.000 y algo más de 42.000 euros y, en concepto de responsabilidad civil, interesa que devuelvan solidariamente la cantidad de 2.590.009,83 euros, que es lo que habrían defraudado al Servicio Canario de Salud (SCS) entre los años 2016 y 2018, aunque existen indicios de que el fraude se inició al menos desde 2014.
La Fiscalía ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número cinco de Santa Cruz de Tenerife en el que solicita la apertura de juicio oral contra los cuatro investigados a los que acusa como presuntos autores de los delitos de falsedad continuada de documento público, estafa agravada y pertenencia a organización criminal que habrían defraudado algo más de dos millones y medio de euros al Servicio Canario de Salud (SCS).
El magistrado dio traslado del escrito de imputación provisional del fiscal a las partes para que se pronuncien y, si fuera necesario, ordenar la práctica de nuevas diligencias en este procedimiento que se enjuiciará con tribunal del jurado.
Hay constancia de que el desfalco al erario público llevado a cabo por los dos farmacéuticos, un médico de la Sanidad Pública y un empresario comenzó al menos en 2014. Sin embargo, la investigación judicial se ha limitado al lapso de tiempo entre el mes de marzo de 2016 y septiembre de 2018, siendo en octubre de ese último año cuando se produjeron las detenciones y las entradas y registros de la Guardia Civil. Además, la causa judicial se limita también a la facturación de medicamentos no dispensados relacionados con los planes de tratamiento de receta electrónica denunciados por el Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación, de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud.
Con esas limitaciones previstas en la causa judicial, la cuantía total defraudada asciende a 2.590.009,83 euros. Así, se han contabilizado 80.181 medicamentos cuyo cupón-precinto no se aportó. En esos 31 meses, la farmacia de Garcilaso de la Vega facturó 233.182 recetas electrónicas (4.288.358 euros de facturación), de las que el 34,4% carecían del cupón-precinto. La facturación complementaria a la digital, que se hacía a través de las hojas modelo del Colegio de Farmacéuticos, superó, siempre en todos y cada uno de los 31 meses investigados, la cifra de 50.000 euros. La cantidad mensual más baja que facturó sin aportar los cupones-precinto fue de 65.026,39 euros y fue en el mes de septiembre de 2018, mientras que la facturación más elevada se produjo en el mes de enero de 2017, cuando facturó al SCS 99.379,28 euros solo por los medicamentos sin cupón-precinto.
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