El fiscal acusa a dos farmacéuticos y un médico por una estafa millonaria a la sanidad canaria
El Ministerio Público pide abrir juicio oral contra los investigados por prescribir recetas para justificar el cobro ilegal de la subvención de fármacos en una botica de Santa Cruz de Tenerife
Agentes de la Guardia Civil durante la operación llevada a cabo en la farmacia Monje, en la capital tinerfeña. / El Día
La Fiscalía ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número cinco de Santa Cruz de Tenerife en el que solicita la apertura de juicio oral contra cuatro investigados a los que acusa como presuntos autores de los delitos de falsedad continuada de documento público, estafa agravada y pertenencia a organización criminal que habrían defraudado algo más de dos millones y medio de euros al Servicio Canario de Salud (SCS).
Entre los cuatro investigados hay un médico de familia y dos farmacéuticos, uno de ellos propietario de la farmacia Monje, en la calle Garcilaso de la Vega, en Santa Cruz de Tenerife que fueron arrestados por la Guardia Civil en octubre de 2018. Según el SCS, los cuatro se habrían puesto de acuerdo, al menos desde 2014, para estafar con la supuesta dispensación de fármacos de elevado precio y financiados, en parte o en su totalidad, por la Sanidad Pública.
La Fiscalía, en caso de que prospere la apertura de juicio oral, solicita un total de 59 años de prisión para los cuatro investigados, elevadas multas que oscilan entre los 21.000 y algo más de 42.000 euros, y en concepto de responsabilidad civil interesa que devuelvan solidariamente la cantidad total de 2.590.009,83 euros, que es lo que habrían defraudado al SCS entre los años 2016 y 2018, aunque existen indicios de que el fraude se inició al menos desde 2014.
El magistrado dio traslado del escrito de imputación provisional del fiscal a las partes para que se pronuncien y, si fuera necesario, ordenar la práctica de nuevas diligencias en este procedimiento que se enjuiciará con tribunal del jurado.
La investigación, impulsada por la Fiscalía tras una denuncia presentada por el Servicio Canario de Salud, señala que los elevados ingresos que obtuvieron con la estafa que presuntamente pusieron en marcha los cuatro investigados provenían de la liquidación mensual que hacía el SCS por los medicamentos subvencionados que presuntamente habían sido vendidos a pacientes con una pauta prescrita. Pero también de la venta clandestina y sin receta a terceros de aquellos fármacos a los que se les retiraba el cupón-precinto para justificar el cobro de la subvención.
El Ministerio Fiscal lo tiene claro y dibuja el organigrama de la trama con los diferentes papeles que jugaron los cuatro investigados. De esta manera, los farmacéuticos D. J. M. T. y A. P. M. D. conseguían recetas en papel sin cumplimentar y planes de tratamiento de receta electrónica con los datos personales necesarios que les facilitaban, en un primer momento, pacientes de su entorno familiar, laboral o amistad.
Durante los siete años de instrucción de este caso se investigó también a un facultativo de Güímar y dos de Adeje
El tercer investigado, E. M. L. C., médico del SCS en el consultorio de San Miguel de Geneto y en el Centro de Salud de San Benito (La Laguna) tenía a su disposición talonarios de recetas que firmaba y sellaba dejando en blanco los espacios del tratamiento y datos del paciente. Además, accedía al sistema de receta electrónica y cambiaba la prescripción farmacológica a pacientes que en realidad no la necesitaban. Las recetas, en papel o electrónicas, servían para justificar el cobro de subvenciones al medicamento del sistema público.
A. P. M. D., que fue titular de una farmacia que traspasó, asumía además el papel de «conseguidor» de los planes de tratamiento, controlaba la modificación de esos planes y daba instrucciones a E. M. L. C., el médico de familia. Las recetas y la reclamación de las subvenciones se hacía desde la farmacia de D. J. M. T.
El Ministerio Público pide penas de hasta 59 años de prisión en total, multas elevadas y que devuelvan lo defraudado
Pero la ambición de este último farmacéutico iba más allá. De forma particular conseguía recetas y planes de tratamiento de particulares y pacientes de un centro geriátrico de Güímar beneficiándose de subvenciones que no repartía con los otros. Esas recetas fueron prescritas por un médico del Centro de Salud de ese municipio. Facultativo que se investigó pero las diligencias se archivaron provisionalmente, a pesar de que recetó 972 fármacos supuestamente dispensados en la farmacia de D. J. M. T. Otros dos médicos del Centro de Salud de Adeje también fueron investigados por prescribir más de 1.200 fármacos que se habrían dispensado en la misma botica.
El cuarto investigado, M. A. B. M., ya condenado por estafa en Badajoz, es un paciente que tenía prescritos de forma legal medicamentos de altísimo coste. Llegó a un acuerdo con D. J. M. T. para repartirse la facturación de la subvención de sus fármacos pautados. Necesitaba esa medicación, pero le pudo más recibir el 50% del dinero de la financiación sanitaria que tomarla como tenía prescrito. Entre 2016 y 2018, la subvención de sus fármacos prescritos pero no adquiridos, ascendió a 27.885, 09 euros. La Fiscalía pide una pena de 22 meses de prisión por estafa para él.
La trama habría facturado más de 2,5 millones de euros en solo dos años
Hay constancia de que el desfalco al erario público llevado a cabo por los dos farmacéuticos, un médico de la Sanidad Pública y un empresario comenzó al menos en 2014. Sin embargo, la investigación judicial se ha limitado al lapso de tiempo entre el mes de marzo de 2016 y septiembre de 2018, siendo en octubre de ese último año cuando se produjeron las detenciones y las entradas y registros de la Guardia Civil. Además, la causa judicial se limita también a la facturación de medicamentos no dispensados relacionados con los planes de tratamiento de receta electrónica denunciados por el Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación, de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud.
Con esas limitaciones previstas en la causa judicial, la cuantía total defraudada asciende a 2.590.009,83 euros. Así, se han contabilizado 80.181 medicamentos cuyo cupón-precinto no se aportó. En esos 31 meses, la farmacia de Garcilaso de la Vega facturó 233.182 recetas electrónicas (4.288.358 euros de facturación), de las que el 34,4% carecían del cupón-precinto. La facturación complementaria a la digital, que se hacía a través de las hojas modelo del Colegio de Farmacéuticos, superó, siempre en todos y cada uno de los 31 meses investigados, la cifra de 50.000 euros. La cantidad mensual más baja que facturó sin aportar los cupones-precinto fue de 65.026,39 euros y fue en el mes de septiembre de 2018, mientras que la facturación más elevada se produjo en el mes de enero de 2017, cuando facturó al SCS 99.379,28 euros solo por los medicamentos sin cupón-precinto.
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