Una de las defensas del 'caso Tradex' pide la nulidad de la causa

Arranca en Tenerife el macrojuicio por el denominado caso Tradex. En el banquillo de los acusados se sientan tres personas que habrían estafado alrededor de 2,5 millones de euros a más de un centenar de inversores de Santa Cruz de Tenerife que les entregaron diferentes cantidades de dinero para que lo invirtieran en productos de bolsa en los que, según prometían los dos principales investigados, obtendrían hasta un 50% de beneficios cada dos meses. Al final, todo acabó como acaban las estafas piramidales con esquema tipo Ponzi: los líderes de la organización devuelven los beneficios de lo invertido a los primeros clientes gracias a la captación de nuevos inversores hasta que el castillo de naipes se cae porque ya no pueden devolver las ganancias prometidas. En ese punto, el dinero y los responsables del chiringuito financiero desaparecien mientras el capital invertido aportado por las víctimas acaba troceceado y oculto en diferentes carteras o billeteras digitales a las que casi es imposible seguirles el rastro. El principal imputado fue detenido y deportado desde Emiratos Árabes Unidos, a don de huyó.

En este procedimiento están acusados Mukesh Daswani, su socio Francisco I. P. A., y la pareja sentimental del primero. La Fiscalía solicita que se le imponga a Daswani 12 años de prisión por los delitos de estafa agravada y alzamiento de bienes [frustración de la ejecución agravada], y nueve años de prisión para el segundo. Para la pareja sentimental de Daswani, acusada de estafa pero a título lucrativo, solo interesa que responda por su responsabilidad civil, que se eleva a 327.000 euros. Durante la primera sesión de este juicio, que se prolongará hasta el 20 de enero de 2026, las acusaciones particulares solicitaron que el socio de Daswani responda por el cargo de estafa a título lucrativo, de tal forma que se pueda hacer responsable de la devolución del capital estafado. Por su parte, la estrategia de la Fiscalía es la de acusar a ambos como responsables penales y, si finalmente el tribunal les considera culpables, se abra una pieza separada en el orden civil para que los afectados reclamen las cantidades defraudas.

Durante la primera sesión de la vista oral se plantearon las cuestiones previas de las partes. La abogada Concetta Contino, que representa a Francisco I. P. A., solicitó la nulidad completa de la causa. Desveló que su patrocinado, cuando supo de la presunta estafa de la que se le acusaba a Mukesh Daswani, acudió a un despacho de abogados para que le representara como afectado. De hecho, les entregó toda la documentación de la que disponía y ayudó a montar una plataforma de víctimas, pues él mismo y algunos de sus familiares, confiaron e invirtieron en las operaciones de Daswani. Esta letrada también negó las pretensiones de algunas de las acusaciones que señalan a su cliente como presunto autor de un delito de apropiación indebida. Contino señaló a ese despacho como responsable de haber vulnerado el derecho a la defensa de su cliente además de romper el secreto profesional.

Francisco I. P. A. fue administrador al 50% con Daswani en la sociedad mercantil a través de la que se hacían las inversiones. Meses desupués, ese despacho de abogados renunció a representarle cuando el equipo de la UDEV del Cuerpo Nacional de Policía lo imputó en la investigación. El bufete se quedó con toda la documentación y muchos de los clientes defraudados que integraron la plataforma de afectados. No todos, porque en este procedimiento hay hasta siete despachos profesionales que representan a los más de 120 afectados presuntamente estafados con la empresa montada por los dos principales acusados.

El letrado Roberto Elices, que defiende a Mukesh Daswani, llamó la atención de que "no se haya citado ni personado como persona jurídica a la sociedad mercantil" que recibió las cantidades de dinero y desde la que se hicieron todas las inversiones, en un intento de que sea esta sociedad la que pueda responder a las responsabilidades civiles.

Después de un receso de cerca de 40 minutos, los tres magistrados que integran el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, acordaron no atender a la petición de nulidad de la causa planteada por la letrada señalando que parecía que su interés era lanzar una "cortina de humo" a estas alturas de la causa, cuando "pudo haberlo hecho durante la fase de instrucción". Lo cierto es que la abogada afirmó que presentó un audio que se incorporó a la instrucción sobre la cuestión, pero no incidió en el asunto. En el caso de que considere que esa práctica ha podido lesionar los intereses de quien ahora es su patrocinado, deberá presentar una queja ante el Colegio de Abogados para que, si procede, pueda sancionar al bufete por mala praxis.

En la primera sesión, en la que el Letrado de la Administración de Justicia leyó durante más de una hora el escrito de Fiscalía, solo se atendieron estas cuestiones previas. El próximo 5 de noviembre comparecerán los primeros testigos, entre ellos, los empleados de la sociedad mercantil. Los acusados declararán en último lugar,

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