El déficit de centros públicos en Tenerife deja sin plaza a siete de cada diez dependientes

La atención a las personas que no se pueden valer por sí mismas en Tenerife afronta un panorama desolador. El déficit de centros públicos –acumulado durante años– deja sin opción de conseguir una plaza de asistencia sociosanitaria a siete de cada diez grandes dependientes, la creación de instalaciones apenas cubre un 3% de la necesidad real, la demanda crece cada año de forma exponencial –por el envejecimiento imparable– y la oferta privada no da –ni tiene plazas suficientes ni una mayoría de isleños posee ingresos para acceder a este recurso– para cubrir las enormes carencias del sistema de apoyo insular.  

Papel ante un huracán

Nuhacet González, secretario de Servicios Públicos de UGT en la Isla, usa la siguiente comparación sobre la respuesta de la red pública: «Es como usar papel de periódico para protegerse de un huracán». Los datos son demoledores. El pasado viernes día 3 de octubre, la consejera de Acción Social del Cabildo, Águeda Fumero, volvía a poner este grave problema en la palestra cuando admitía que hay 18.046 tinerfeños en lista de espera por una plaza sociosanitaria. Tuvo incluso que pedir «disculpas» a los afectados –dependientes y familiares– ante una realidad incuestionable.

La Corporación insular carece de medios suficientes para capear este vendaval, teniendo en cuenta que la cola de demandantes crece a un ritmo vertiginoso: entre 2023 y este 2025, es decir, en solo tres años, subió en 4.654 personas. En este periodo, el Cabildo solo ha podido incorporar 518 plazas a la red insular de dependencia, que cuenta con un total de 8.737, todas cubiertas.

La previsión es tener en ejecución otras 849 antes de que acabe el año, con lo que el total pasaría a 1.367. A esto hay que sumar, detalla Fumero, las personas que se benefician del nuevo servicio de permanencia en el hogar, «un proyecto piloto que ya permite a 500 personas mayores o con discapacidad seguir en su casa con apoyos profesionales».

Iván Márquez, presidente de la Asociación de Ayuda a Personas Dependientes de Canarias (Apedeca), utiliza otro símil para describir este desequilibrio. «Es como lo que pasa con las colas en la autopista del Norte: por muchos carriles que se construyan, no servirán de nada mientras siga creciendo el número de vehículos».

Envejecimiento en aumento

Está ocurriendo con el apoyo a las personas que precisan asistencia permanente, aclara: «El número de mayores va a seguir aumentando de forma acelerada y el punto álgido llegará cuando los que, como yo, pertenecemos a las últimas generaciones del baby boom, de principios de los 70, alcancemos la edad de jubilación».

Las proyecciones demográficas son reveladoras. Tanto que la pirámide se está convirtiendo en un trompo. Si se mantiene la progresión de este siglo, en 2031 habrá en Tenerife por primera vez en la historia más mayores de 65 años que menores de 25. Y solo faltan seis años.

Entre esos mayores de 65 está el grueso de los solicitantes de respaldo sociosanitario. En 1970, los menores de 25 años representaban el 49% de los habitantes de la Isla (212.645 para un total de 473.971), mientras los mayores de 65 eran solo el 10% (43.397). En el año 2000, la pirámide comenzaba a deformarse (31,6% de menores de 25 por 11,4% de mayores de 65), pero ya en 2024 se había desfigurado por completo (22% de jóvenes por 18,2% de mayores).

Cifra «escandalosa»

Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), califica de «escandaloso» el dato de la lista de espera que acaba de facilitar la consejera tinerfeña de Acción Social. «Es la confirmación de que ni el Cabildo de Tenerife, ni el Gobierno de Canarias, ni en general las administraciones públicas han sido capaces de responder a una situación que se veía venir claramente con el envejecimiento progresivo de la población». «Son miles y miles de personas», subraya Colao, «que se quedan sin el derecho a unos cuidados dignos».

El gran muro, y en esto coinciden Nuhacet González, Iván Márquez y Emma Colao, es que por mucho que se agilice la tramitación de la dependencia, de nada vale si no hay plazas ni medios alternativos para atenderlas.

«El Gobierno de Canarias acaba de anunciar que ha reducido el tiempo de demora pero eso para lo único que sirve es para aligerar una cola, la de la obtención de la dependencia, para engordar otra, la más importante, la cola para tener acceso a una plaza sociosanitaria», apunta Colao, que se pregunta «de qué vale solventar todo el trámite burocrático si luego no recibes la ayuda que necesitas».

Y no hay vacantes ni en la red pública ni en la privada. Lo corrobora Iván Márquez, que además de presidir Apedeca conoce perfectamente el mundo de las residencias de pago al gestionar varias en Canarias. Admite que en muchos de sus centros la lista de espera supera la de plazas disponibles. El sector privado, además, está muy centrado en la atención geriátrica y apenas brinda opciones para personas con otros tipos de dependencias, como las relacionadas con la discapacidad.

Colas en la red privada

A las 8.737 plazas totales del sistema público se sumarían en Tenerife unas 3.500 del privado. Mientras, las listas de espera en ambas redes superarían las 30.000 personas. Para mayor dificultad, solo un 7% de los tinerfeños tendrían ingresos suficientes para poder costear el ingreso de un familiar en una residencia privada en la que reciba atención las 24 horas. Sus precios oscilan en la actualidad entre los 2.200 y los 3.000 euros mensuales. Una mayoría de isleños no ganan ni por asomo esa cantidad.

Tampoco las ayudas económicas que da el Gobierno de Canarias, a través de los programas individuales de atención a la dependencia (PIAS), cubren estos altos precios, según Emma Colao, para una atención continua en un centro privado, ni siquiera en los concertados.

La ayuda no llega a mil euros

«La ayuda para una dependencia máxima, de grado 3, no llega a los mil euros. Habría que al menos triplicar el presupuesto destinado a estas prestaciones para poder cubrir el desfase existente tal y como está la situación en este momento, no digamos en los próximos años», aclara la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias.

Aparte de representar a UGT en los servicios públicos y de haber trabajado en los asuntos sociales y la sanidad, Nuhacet González sabe perfectamente lo que supone tener una persona con el máximo grado de dependencia en casa.

Cuida de su padre, de 85 años, que padece demencia, carece de los recursos económicos para llevarlo a un centro privado o contratar a un cuidador a jornada completa y lleva años en la lista de espera por una plaza pública.

Recibe 830 euros al mes del sistema de dependencia pero no ha encontrado un servicio que llegue a cubrir esa cantidad. «Hay una persona que viene a atenderlo una hora de lunes a sábado pero no he encontrado una prestación que pueda completar ese apoyo, que teniendo en cuenta el grado de dependencia de mi padre es solo una pequeña aportación», reconoce.

Sin opciones en las concertadas

El Gobierno de Canarias entregó a Nuhacet una lista de una veintena de empresas concertadas que brindan diferentes servicios puntuales. «Estoy en lista de espera en todas», revela. De forma que de los 830 euros de apoyo se ha visto obligado a emplear solo los 430 que paga a la cuidadora. «No es que te ingresen ese dinero, es que esa cantidad se destina a cubrir los servicios hasta el tope establecido. Pero yo no lo he alcanzado porque no encuentro recursos ni siquiera para atenciones complementarias», matiza.

Esta realidad, según Nuhacet González, Iván Márquez y Emma Colao, tiene graves repercusiones aparte de que de los 26.783 demandas de una plaza sociosanitaria pública en Tenerife solo hayan podido lograr una 8.737.

Fomenta la soledad no deseada, crea situaciones extremas en muchas familias sin suficientes recursos y lleva a algunas de estas familias a dejar a sus dependientes en centros hospitalarios aún habiendo recibido el alta médica. En este momento hay más de 500 mayores en esas circunstancias ocupando camas sanitarias en Canarias, algunos incluso durante periodos superiores a un año.

Esfuerzos del Cabildo

Águeda Fumero, la responsable del sistema de atención sociosanitaria de Tenerife, admite sin tapujos esta insuficiencia. Aclara, eso sí, que el Cabildo está haciendo todo lo que puede para aliviarla. Recuerda que en los dos primeros años de este mandato se han invertido 4 millones de euros en la red de centros propios, que en 2024 se ejecutó el 95% del Plan de Equipamiento –542.000 euros en mobiliario, material sanitario y adaptación de espacios– y que este año el programa está dotado con casi un millón de euros para proyectos que ya están en marcha.

La creación de plazas, en cualquier caso, va un ritmo muy lento debido a la intrincada malla burocrática pública. Por ejemplo, de las 518 que se han creado en dos años, 77 aún no están en funcionamiento, 3 están en licitación y 16 se encuentran bloqueadas en La Victoria a la espera de que el Ayuntamiento traslade el modelo de gestión. Es decir, la apertura de recursos no cubre ni al 3% de una demanda que no para de multiplicarse.

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