El dueño de La Chasnera niega que urdiera un complot para comprar una gasolinera en Arafo

El empresario José Miguel González, propietario de al menos ocho estaciones de servicio en Tenerife, entre ellas la de La Chasnera, famosa por repartir cientos de miles de euros a través de la venta de décimos premiados en la Lotería de Navidad, se sentó este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusado por la Fiscalía como presunto autor de un delito blanqueo de capitales y frustración en la ejecución, en la compra de unas fincas y una estación de servicio en Arafo. En este procedimiento también está acusado Bienvenido Valenzuela, ya condenado por estafa en la compraventa de estas propiedades. González niega que supiera que las propiedades que compró a Bienvenido Valenzuela tuvieran deudas y, mucho menos, que prepararan un complot.

El Ministerio Público y el abogado de la acusación particular apuntan a que González, al que le piden ocho años de prisión y 1,7 millones de euros de indemnización, se puso de acuerdo con otro empresario para adquirir a bajo precio una estación de servicio así como varias fincas y una empresa de extracción de aguas en el municipio de Arafo, aprovechando que los vendedores estaban agobiados por las deudas.

El vendedor afirma que "no quería ningún beneficio en la operación", solo saldar las deudas de la sociedad mercantil Arafoil y liberar su propia vivienda de la hipoteca a la que estaba sujeta. Una propiedad que, además, era uno de los dos activos de la mercantil endeudada. Para completar las deudas contraídas por Arafoil, el vendedor enajenó también una empresa de extracción de aguas valorada en 1,8 millones de euros.

Esta operación de compraventa, que se realizó en julio de 2014, fue juzgada en la Audiencia Provincial en 2017 y se condenó por estafa a Bienvenido Valenzuela, un sevillano que cumple cuatro años de prisión en esa provincia por estos hechos. Se le impuso también una indemnización de algo más de 1,6 millones de euros, que no ha pagado ni pagará, al declararse insolvente. La venta de aquel negocio de la que el querellante asegura a día de hoy que no ha recibido ni un solo euro ni de parte de Velenzuela que fue el que le compró los títulos, ni por parte de González quien finalmente recompró a Valenzuela las propiedades, se registró a través de cuatro protocolos notariales para actualizar las escrituras. En esos documentos quedan reflejadas las cesiones de titularidad así como las cantidades que ya sea en cheque, transferencia o en metálico, recibiría el vendedor en el mismo acto notarial de traspaso.

En aquel acuerdo, el comprador Bienvenido Valenzuela se comprometía a adquirir junto con las fincas y bienes inmuebles, las sociedades mercantiles que estaban sujetas a obligaciones por deudas con los trabajadores, la Seguridad Social, Hacienda y el propio banco con el que se había suscrito el préstamo de hipoteca de una vivienda familiar. La sociedad mercantil enajenada solo tenía como activos la finca sobre la que se asentaban los surtidores, la tienda y un taller de la gasolinera, así como la vivienda hipotecada.

Sin embargo, Valenzuela no le pagó al empresario que le vendió los inmuebles y las sociedades y tampoco satisfizo las deudas con los acreedores. De hecho, antes de que venciera el plazo al que se había comprometido para saldar el pasivo, a los tres meses de la firma de la compraventa, ya le había vendido las propiedades a inversiones Atogo, de la que el empresario José Miguel González es administrador único. Esta operación, según sostienen Fiscalía y acusación particular, se llevó a cabo después de despatrimonializar las sociedades mercantiles a las que estaban vinculadas. Con esto, González solo adquiría bienes inmuebles y no las cargas asociadas a las mercantiles. Las acusaciones sostienen que González se había puesto de acuerdo con Valenzuela para ejecutar el plan desde el inicio.

Este juicio, que se suspendió en enero pasado por la incomparecencia de Valenzuela, se reinició ayer con la intervención de las defensas que plantearon que este procedimiento parte de una "cosa juzgada" y, por lo tanto, debe cerrarse. Gerardo Pérez, letrado de José Miguel González, planteó una cuestión de indefensión de su cliente por vulneración de derechos fundamentales, ya que en el anterior procedimiento en el que resultó condenado Valenzuela, González compareció como testigo, con la obligación de decir verdad y sin representación letrada, y ahora, en esta causa acude como imputado de los delitos de blanqueo de capitales y frustración en la ejecución. Para las defensas, "se han introducido elementos nuevos para armar una nueva causa" con la que se pretende enmendar los errores que pudieron haberse cometido en el anterior juicio que se llevó a los tribunales por un delito de estafa del que se responsabilizó a Valenzuela. Acusación y Fiscalía se opusieron a las pretensiones de las defensas. Esta causa ya fue archivada al inicio del procedimiento abreviado incluso con el apoyo de la Fiscalía, pero posteriormente, se levantó el archivo y se armó el caso imputando a González y a Valenzuela.

Receso

La sala suspendió la vista durante diez minutos para debatir si procedía o no atender las demandas de las defensas. Los tres magistrados decidieron que debía continuar el plenario y que se pronunciarían sobre estas cuestiones en la sentencia.

Bienvenido Valenzuela declaró que pretendía hacer negocio comprando la sociedad y las propiedades para venderlas lo antes posible. Aseguró que el teléfono de González se lo proporcionó el propio vendedor de Arafoil. Tras ponerse en contacto con el empresario de La Chasnera, le vendió las propiedades y el 50% de la empresa de extracción de agua en un primer momento. Más adelante le vendió la otra mitad también. Todas estas operaciones se hicieron a través de la empresa Inversiones Atogo. Aseguró que aunque el vendedor afirma que en la operación se iba a hacer cargo de saldar la hipoteca de la vivienda que estaba asociada a Arafoil, en realidad esa propiedad ya estaba en ejecución hipotecaria por el banco porque llevaba al menos dos años sin pagar las cuotas. Asumió que era cierto que con la compra tenía que asumir las cargas de las empresas, pero no lo hizo y por eso está cumpliendo condena por estafa.

González declara que ha asumido deudas de las sociedades adquiridas además de realizar una importante inversión en la estación de servicios que aún no ha podido abrir porque el Ayuntamiento no le ha dado la licencia

José Miguel González recordó que mantuvo dos reuniones con Valenzuela en julio de 2014. Éste le propuso la venta de la gasolinera que estaba en Arafo, dos fincas y parte de las acciones de una empresa de extracción de aguas. Comprobó si Valenzuela era el titular y las cargas que podían tener las propiedades en el Registro mercantil y de la Propiedad. Aseguró que la estación de servicio que compró estaba en ruinas y que ha tenido que "invertir mucho dinero para ponerla a funcionar", algo que según dijo aún no ha podido hacer por un cambio en el planeamiento de ordenación de Arafo. "A día de hoy no tenemos licencia para explotar la gasolinera", aseveró. González añadió que ha pagado deudas además del precio en el que le vendió las propiedades Valenzuela: "He invertido en la gasolinera y aún no la ha podido abrir. No he ganado ni un euro con esta operación, todo lo contrario, he perdido mucho", concluyó.

El vendedor de las propiedades y las mercantiles, Carlos Curbelo, afirmó que la estación de servicio la abrió en 1987. Lo construyó todo tras heredar las fincas de su padre. Las deudas le acuciaron en los últimos tiempos y quiso deshacerse de todo aunque no ganara nada. Aseguró que recibió una llamada de Valenzuela un 2 de julio, lunes, interesándose por comprar; el miércoles lo fue a recoger al aeropuerto y lo dejó en un hotel. Al día siguiente, jueves, lo recogió para que viera la gasolinera y Valenzuela le dijo que le dejara en una gasolinera propiedad de González. "Me dijo que tenía que hablar con una persona" y "al día siguiente fuimos a la notaría para firmar las escrituras". Aseguró que la operación se hizo así de rápido y que incluso Valenzuela le propuso que se quedara como encargado contratado en la estación de servicio. Ese habría sido el plan inicial.

A finales de julio, para cerrar la operación de venta de la empresa de aguas, Mellorina, acudió al notario y en esa ocasión además de Valenzuela, se encontró en el despacho con González y se sorprendió. Declaró que José Miguel González sabía que la empresa tenía deudas porque de hecho "se la había ofrecido dos meses antes por un precio que rechazó el propio González, que dijo que era muy caro". Por eso le extrañó verlo en la notaría interesado en la compra dos meses después. "Sabía que lo estaba vendiendo porque la sociedad tenía muchas deudas; se lo había dicho yo", concluyó.

El juicio está previsto que continúe este martes con un nuevo testigo propuesto por la defensa de José Miguel González.

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