Los jueces de paz en Canarias dejan las bodas y asumen más conciliaciones

La reciente reforma del sistema judicial impulsada por la denominada ley de eficiencia de la justicia que entró en vigor el pasado 3 de abril, marca un punto de inflexión para la figura del juez de paz. Estos profesionales han estado vinculados a funciones esenciales en los municipios pequeños, incluyendo la celebración de matrimonios civiles. Hace tres meses dejaron de desempeñar ese rol en favor de una participación reforzada en la resolución de conflictos de escasa cuantía. Es decir, los jueces de paz dejaron de oficiar bodas civiles para dedicarse de nuevo a resolver faltas como los hurtos de hasta 400 euros o conflictos entre personas como coacciones, amenazas o vejaciones que implican penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Durante décadas, los jueces de paz han sido piezas clave en la administración de justicia en aquellos municipios que carecen de juzgados de primera instancia o instrucción. Además de resolver disputas civiles y penales de bajo impacto, eran también los encargados del Registro Civil, gestionaban las inscripciones, las defunciones y los matrimonios. La reforma introduce ahora transformaciones estructurales, de tal manera que, los Registros Civiles municipales pasan a ser Oficinas Colaboradoras, y esto vacía de contenido a los jueces de paz como encargados de esta función. 

Conciliar más y menos oficiar

A cambio de perder su función como oficiantes de matrimonios civiles en municipios pequeños, los jueces de paz ganan ahora competencias sustanciales en la resolución de conflictos menores, porque el sentido de la reforma legislativa lo que busca es, en definitiva, una mayor eficiencia de la estructura de la Administración de Justicia en su conjunto: descongestionar los tribunales ordinarios y facilitar soluciones rápidas y accesibles a los ciudadanos evitando, además, que se vean obligados a desplazarse a municipios en los que sí existen órganos judiciales de instrucción o de primera instancia.

Además de los preceptos de la nueva ley de eficiencia de la justicia hay que añadir el cambio que se ha producido en la ley de enjuiciamiento civil que viene a otorgarles a los jueces de paz potestad para intervenir en asuntos civiles con una cuantía inferior a 150 euros, expedientes de conciliación en conflictos de hasta 10.000 euros, y conciliaciones penales, siempre que el hecho ocurra y las partes residan en el mismo municipio.

Este rediseño normativo apunta claramente al interés por potenciar mecanismos extrajudiciales de resolución de disputas, en línea con la tendencia que busca una justicia más eficiente, menos costosa y más próxima a la ciudadanía. Esta es, al menos, la filosofía que se pretendió desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños para impulsar estos cambios normativos.

Si bien la reforma puede interpretarse como una mejora en términos de eficiencia, la implementación no está exenta de dificultades. La nueva función conciliadora exige de una mayor formación jurídica y habilidades de mediación.

Además, la eliminación de sus funciones en el Registro Civil podría derivar en una reducción del personal de apoyo en estas oficinas, justo en el momento en que se espera un incremento en la carga de trabajo por los nuevos procedimientos de conciliación.

Las uniones civiles han quedado desde el mes de abril en las manos de los alcaldes y concejales o los notarios

Sin inversiones adecuadas en formación y recursos, el riesgo es que el modelo falle en su ejecución, y que lo que en teoría se presenta como una mejora, en la práctica termine ralentizando o entorpeciendo la resolución de conflictos.

Los jueces de paz, a los que no se les exige la posesión de un grado en derecho, registraron en Canarias el año pasado 28.538 asuntos civiles y resolvieron 28.846. De ellos, 16.082 se registraron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, llegando a resolverse 16.304 expedientes que, en su mayor parte, fueron exhortos civiles, juicios verbales y actos de conciliación. Mientras, en materia penal los juzgados de paz del Archipiélago conocieron 10.080 asuntos, de los cuales se registraron 5.445 en la provincia occidental y se resolvieron 5.477.

Juez de paz en El Rosario

Jacinto Correa es juez de paz de El Rosario desde 2020 y el Ayuntamiento, donde fue concejal también, renovó su mandato a finales del pasado año. Afirma que los juzgados de paz «han quedado vacíos de contenido» respecto a las competencias en materia de Registro Civil. Para implementar la nueva normativa «se tendrá que dotar de medios técnicos a los juzgados de paz, porque se prevé la celebración de procesos a través de videoconferencias, así como un acceso al soporte informático centralizado, pero por ahora no se ha dotado de presupuesto».

Correa afirma que desde el 5 de abril ya no celebran bodas, que eran gratuitas, ahora los ciudadanos dependen de los ayuntamientos o de los notarios. Algunos municipios cobran tasas y otros, no. Por ejemplo, en El Rosario la tasa por una unión civil es de 80 euros, una cifra muy alejada a la tarifa media de las notarías, que se sitúa entre 600 y 700 euros o capitulaciones matrimoniales, sobre los 1.500 euros. 

En El Rosario la eliminación de las bodas civiles tiene además otra consecuencia. Y es que el juez de paz celebraba los matrimonios de los reclusos del centro penitenciario Tenerife II. Ahora tendrán que rascarse el bolsillo o acudir al Registro Civil de Santa Cruz al que está adscrito el municipio.

Correa es graduado social, aunque ya está jubilado. Conoce a muchos de sus vecinos y esto es una cualidad fundamental para llevar a buen puerto las conciliaciones. De hecho, la mayoría de ellas «se producen por desacuerdos en las lindes de fincas, trozos de tierra que se heredan de padres a hijos sin que consten en escrituras o herencias». 

Jueza de paz en Garachico

Ana Carolina Velázquez es titular del juzgado de paz de Garachico desde hace cinco años. La entrada en vigor de forma plena de la nueva norma el pasado 1 de julio, genera aún dudas sobre «cómo vamos a operar y qué volumen de expedientes tendremos sobre solicitudes de antecedentes penales o certificados de delitos». «La figura del juez de paz ha dejado de tener competencias en los registros civiles y ahora asumimos las de justicia». Para ello estas oficinas deben tener medios técnicos para la toma de declaración pero «aún no sabemos nada».

Velázquez celebraba unas 20 o 30 bodas al año mientras que las conciliaciones ocupan ahora la mayor parte de su actividad.