El sector aplaude la marcha del Cabildo de Tenerife de Bodegas Insulares

La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) muestra su respaldo al acuerdo del Pleno del Cabildo por el que ayer aprobó la finalización del contrato de la Corporación con Bodegas Insulares de Tenerife (Bitsa), «dando así cumplimiento a lo comprometido con la Comisión Europea». El colectivo, que representa a la mayoría del sector, resalta la acción de la Institución que pone fin al uso que la Administración realizó, desde 1994, de las bodegas e instalaciones insulares «sin pagar canon de arrendamiento alguno».

En un comunicado, Avibo valora el actual Corporación «esté en trámites de cumplir, en esta misma semana, su compromiso de salir del sector económico vitivinícola, reconociendo que el mismo no es solo maduro, sino rentable económicamente, competitivo, exportador y de excelencia». La Asociación asegura que así lo atestigua que los vinos de las más de 280 bodegas de Canarias tengan algunos de sus vinos en los mejores puntos de todo el planeta.

Bodegas Insulares se encarga de la elaboración, embotellado y venta del vino que se obtiene en la comarca Tacoronte-Acentejo. La salida del Cabildo de esta empresa contó con los votos a favor del Gobierno insular (CC, PP y Vox) y ocho en contra (PSOE). De la votación se ausentaron los consejeros Lope Afonso, Manuel Fernández (ambos del PP) y Aarón Afonso (PSOE), por su condición de miembros del Consejo de Administración de Bodegas Insulares.

Avibo solicitó en 2014 a la Comisión Europea que hicieran cumplir al Cabildo de Tenerife –único caso en Europa en que una administración pública es bodeguera en competencia con el resto de bodegueros privados en absoluta desigualdad– las normas que regulan la libre competencia en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Los viticultores y bodegueros entienden que hay una «injerencia en el mercado vitivinícola por aportarse desde el Cabildo, año tras año, subvenciones, ampliaciones de capital encubiertas, ayudas promocionales, cesión de empleados públicos para realizar trabajos en bodega y otras ayudas públicas que solo llegaban a esta bodega pública, Bitsa, pero nunca al resto de más de 280 bodegas que operan en Canarias».

En marzo de 2023, la Comisión Europea reunió (ante la Representación Permanente de España ante la Unión Europea) a los responsables del Cabildo de Tenerife (PSOE) «exigiéndoles el cese de esta situación de competencia desleal de Bodegas Insulares y exigiéndoles que el Cabildo cobrara por la utilización y explotación de las bodegas de su propiedad».

En julio de 2024, la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea comunicó formalmente al Cabildo que de persistir en su «conducta anticompetencial» abriría expediente de incumplimiento a España «por el otorgamiento continuado de ayudas de Estado a Bitsa».

Avibo resalta el papel de los consejeros insulares Lope Afonso, Valentín González y Manuel Fernández en el cumplimiento se «la hoja de ruta consensuada en Bruselas», y en «devolver al mercado vitivinícola a una situación de normalidad y libre competencia».