Nuevo caso de 'okupación' en el sur de Tenerife: "Viven de lujo, tienen un coche de alta gama y me han dicho que no piensan pagar"

Un nuevo caso de inquiokupación en Tenerife vuelve a poner en el punto de mira una legislación permisiva que protege a quienes ocupan viviendas sin pagar. Esta vez la protagonista es Guadalupe, una trabajadora que alquiló su piso en Costa Adeje, junto al Centro Comercial X-Sur, y que ahora vive un verdadero calvario: su inquilino se niega a pagar y no puede ser desalojado por la vía legal hasta dentro de un año o más.

El término inquiokupa finolis, acuñado por una oyente de COPE Canarias y en donde Guadalupe ha contado su historia, se ha vuelto tristemente popular: personas que, pese a llevar una vida de aparente alto nivel —con coches de lujo y ropa de marca—, se amparan en las debilidades del sistema para no pagar el alquiler mientras siguen ocupando propiedades ajenas.

Una situación insostenible: sin ingresos, sin vivienda y con amenazas

Guadalupe cuenta a Herrera en COPE Tenerife que todo comenzó hace cuatro años, cuando alquiló su piso a una mujer y su hijo. Durante ese tiempo, el alquiler se pagó con normalidad, pero la pesadilla llegó cuando la inquilina original se fue, dejando al hijo —también en el contrato— y a su pareja en la vivienda. A partir de ese momento, comenzaron los impagos.

“Me dejó bien claro que no me iba a pagar”, denuncia Guadalupe, quien añade que recibió una amenaza directa: “La ley protege a los okupas y encima yo tengo un bebé, así que aquí no me echas”.

Guadalupe no es una gran tenedora ni una empresaria inmobiliaria. Tiene un sueldo de 900 euros y ha tenido que volver a vivir con sus padres, en el norte de la Isla, lejos de su trabajo y de su hijo. Además, ha tenido que coger una baja laboral por ansiedad debido al estrés y la impotencia generados por esta situación.

Mientras tanto, los inquiokupas se niegan a pagar la renta, la comunidad o los suministros, que ella debe seguir afrontando, junto a la hipoteca del inmueble. En un intento desesperado por recuperar su casa, su exmarido les ofreció 1.600 euros para que se marcharan, pero la respuesta fue desoladora: “Por esa mierda no nos vamos de aquí”.

Denuncias en vano

Guadalupe ha interpuesto denuncias ante la Guardia Civil y el juzgado, pero la respuesta ha sido clara: no se puede proceder al desalojo en menos de un año o año y medio. Para colmo, los inquiokupas la han amenazado con denunciarla si intenta acercarse o contactarlos. “Tengo las escrituras de un piso que dicen que es mío, pero hay una gente que vive a mi costa, sin pagar”, lamenta.

La situación ha destrozado la vida de Guadalupe. Entre lágrimas, cuenta que se siente humillada y abandonada por el sistema: “Me echan de mi casa, se ríen de mí y encima se jactan de que de allí solo les echará un juez, porque los okupas tienen sus derechos”.

Mientras tanto, su realidad es vivir lejos de su hijo, en casa de sus padres y con una salud mental deteriorada. Todo esto, sin ninguna solución legal a corto plazo.

Este caso pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la reforma urgente de la legislación contra la okupación en España. Guadalupe es solo un ejemplo más de cientos de pequeños propietarios que pierden sus viviendas mientras los okupas se amparan en vacíos legales. “Yo solo quiero mi casa, poder vivir tranquila y que se haga justicia”, concluye.