El Juzgado confirma indicios de delito contra el exdirector de Deportes de Tenerife por el 'caso Mediador'

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife dicta un auto en el que imputa a Ángel Luis Pérez Peña como presunto autor de los delitos de denuncia falsa, simulación delictiva, estafa y falso testimonio

Imagen de archivo del exdirector insular de Deportes, Ángel Luis Pérez Peña.

Imagen de archivo del exdirector insular de Deportes, Ángel Luis Pérez Peña. / El Día

Miguel Ángel Autero

Miguel Ángel Autero

Santa Cruz de Tenerife

Ángel Luis Pérez Peña, quien fuera director insular de Deportes durante el anterior mandato en el Cabildo de Tenerife, se enfrenta a la apertura de juicio oral tras ser considerado presunto responsable de originar la investigación del conocido caso Mediador a raíz de una denuncia falsa.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto en el que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, al apreciar "indicios racionales de criminalidad". Esta decisión judicial desestima el recurso de sobreseimiento solicitado por la defensa y coloca a Pérez Peña en el centro de la causa como presunto autor de varios delitos: denuncia falsa, simulación delictiva, estafa y falso testimonio.

El magistrado Alejandro Carrillo ha dado traslado del caso al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que, en un plazo de diez días, se pronuncien sobre si solicitan la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la práctica de nuevas diligencias imprescindibles.

La denuncia que originó la investigación

El 5 de diciembre de 2021, Pérez Peña acudió a la Policía Nacional para denunciar una supuesta utilización fraudulenta de su tarjeta de débito, con cinco cargos no autorizados por un total de 2.575 euros. Posteriormente amplió su denuncia en sede judicial, añadiendo 728,45 euros en compras en unos grandes almacenes, que presuntamente también desconocía.

Sin embargo, las pruebas reunidas durante la instrucción, en especial los análisis de la Brigada de Delitos Tecnológicos sobre los teléfonos de Marco Antonio Navarro Tacoronte —figura clave en el caso Mediador— revelaron una realidad muy distinta: las compras habrían sido realizadas con el consentimiento del propio Pérez Peña, quien además habría confirmado las transacciones mediante sistemas de verificación de la banca online.

Según consta en el auto judicial, las conversaciones extraídas de los dispositivos apuntan a que el exalto cargo del Cabildo no solo conocía las compras sino que incluso estuvo presente durante su realización. También se confirma su vínculo con el abogado de Navarro Tacoronte, lo que desmonta el relato inicial de desconocimiento.

Acusación de estafa y falso testimonio

Pérez Peña habría utilizado la denuncia para reclamar la devolución de los importes a la entidad financiera, aportando únicamente el parte policial y un escrito genérico sin detallar lo ocurrido. Esta actuación le permitió recuperar el dinero gastado, sin explicar que él mismo había autorizado previamente la ampliación del límite de crédito de su tarjeta.

El juez considera que, con su testimonio, el exdirector del Cabildo intentó implicar a Navarro Tacoronte de forma deliberada y consciente, manteniendo una versión falsa incluso tras ser advertido en sede judicial de su obligación de decir la verdad. Aunque Navarro Tacoronte llegó a ser investigado, el procedimiento fue archivado tras comprobarse la falsedad de los hechos denunciados.

A la espera de decisión de la Fiscalía

La resolución judicial subraya que, si Pérez Peña hubiese relatado los hechos tal y como ocurrieron realmente, no se habría producido la detención de Navarro Tacoronte ni la apertura de causa penal. El auto abre la puerta a la calificación alternativa de los hechos como simulación delictiva, aunque será la Fiscalía quien determine finalmente los cargos que se le imputarán en juicio.

La resolución no es firme y contra ella cabe presentar recurso de reforma ante el propio juzgado o recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en un plazo de tres días.

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