El Cabildo de Tenerife deja Bodegas Insulares por una posible sanción de la UE

El Cabildo deja Bodegas Insulares de Tenerife (BITSA) para eliminar el modelo público-privado de gestión que mantenía desde su creación en 1992 por la amenaza de una posible sanción de la Unión Europea. Bruselas advirtió al Gobierno de España desde 2022 con una probable multa por considerar que la Corporación insular incurre en competencia desleal. El Cabildo cesa la actividad oficialmente porque «ya no es necesario tutelar al sector»como en los años 90 del siglo pasado pero la razón de fondo está en ese informe de la Comisión Europea por posible ayuda pública ilegal a favor de la entidad. Aunque una parte del sector resta trascendencia a la medida, otras fuentes consideran que deja en un llmbo a más de 600 pequeños viticultores, sobre todo de la comarca Tacoronte-Acentejo, una de las seis denominaciones de origen de la Isla. El Grupo Socialista advierte de los riesgos de esta decisión para el sector en general.

Denuncia previa

El informe de marzo de 2022 respondía a una denuncia previa de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (AVIBO) e invitaba a las autoridades españolas a las que se dirigía a «modificar el contrato entre el Cabildo de Tenerife y BITSA con el fin de establecer un canon anual real a pagar por esta última entidad a la Corporación insular». El gobierno de CC y PP lleva al pleno del próximo 27 el acuerdo del Consejo de Gobierno del día 4 que propone «el cese de la actividad pública de elaboración, embotellado y venta de vino en la Bodega Insular de Tacoronte».

Gestión directa

El Cabildo de Tenerife acordó en 1990 ejercer directamente una actividad económica pública para proteger la viticultura de Tacoronte-Acentejo. Este es el sentido de la creación en 1992 de la sociedad mixta BITSA, con participación del Cabildo (45,66 %), ayuntamientos y viticultores. Desde 1994, BITSA utilizaba la bodega insular de Tacoronte mediante un contrato administrativo, prorrogado en 2004 y 2014. El objetivo era garantizar la recogida de uva a precios estables; la modernización del sector y la elaboración y venta de vino embotellado frente al tradicional a granel.

Expira el contrato

El 31 de diciembre de 2023 expiró el contrato con BITSA. El Consejo de Gobierno insular, en sesión extraordinaria celebrada dos días antes, el 29 de diciembre, acordó no prorrogarlo con los argumentos de que las razones sociales y económicas que justificaron en su día la intervención ya no persistían y los informes jurídicos desaconsejaban continuar con el modelo ante el riesgo de incumplir las normas europeas sobre competencia.

Plazo excepcional

Se otorgó entonces un plazo excepcional de 9 meses (hasta el 30 de septiembre de 2024) para mantener transitoriamente la actividad y asegurar la vendimia de 2024. En junio de 2024 se abrió un procedimiento público de adjudicación para el uso de la bodega y en julio el contrato fue adjudicado a la propia BITSA, que continúa operando hoy como arrendataria privada, con un canon anual de 94.021 euros.

Informes técnicos y jurídicos

El cese de la actividad económica pública iniciada en 1990 se apoya en un informe técnico con fecha de 8 de mayo pasado que entiende que «el objetivo fundacional se considera cumplido», ya que hay más de 1.100 explotaciones vitícolas y 31 bodegas registradas en la comarca frente a 167 y 10 en 1989. Además, «el sector se ha profesionalizado y dispone de canales de distribución sólidos»; el vino embotellado con DO predomina frente al granel y el fraude ha disminuido. Entre los fundamentos jurídicos está que la legislación vigente «exige justificar la utilidad pública de cualquier actividad económica pública» y «evitar la distorsión del mercado y la competencia desleal».

El equipo de gobierno

Valentín González, consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, subraya que «el expediente que se aprueba implica el cese de la actividad económica de elaboración, embotellado y venta de vino por parte del Cabildo de Tenerife». Explica que «esta decisión se toma en virtud de una determinación de la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea, que, tras una denuncia previa, considera que el Cabildo estaba ejerciendo una función que va en contra de la libre competencia».

Actividad

González recalca:«Este hecho no implica el cese de actividad de Bodegas Insulares, puesto que en el seno de la entidad se ha acordado una hoja de ruta dirigida a que el Cabildo deje de formar parte de la empresa», toda vez que, «una vez cumplidos los objetivos marcados tras 35 años de actividad», la entidad «puede seguir adelante sin la presencia de la Corporación en su participación social». Valora que "algunos parece que tienen interés en generar incertidumbre y confusión, además de asociar el cese del ejercicio de la actividad de embotellado y venta de vino por el Cabildo a la económica y comercial de BITSA que tiene autonomía y vida propia".

La oposición socialista

El exconsejero de Agricultura, el socialista Javier Parrilla, es crítico con la decisión del gobierno insular. Defiende que el canon debía actualizarse conforme a mercado (como exigía la UE), pero sin necesidad de romper el contrato con BITSA. El consejero advierte del «impacto con riesgo para más de 300 productores» y estima que podrían perderse hasta 500.000 kilos de uva al año. Cree el que fuera responsable del área (2019-2023) que BITSA «era viable», ya que la empresa había recuperado beneficios (50.000 euros) y sumado socios. Valora Parrilla que «había alternativas» y recuerda que propuso «la ampliación de capital, aportaciones de socios o una prórroga condicionada». Reprocha al grupo de gobierno «la gestión confusa y tardía» y califica la decisión del gobierno de Rosa Dávila como «ideológica» propia de «un mercado neoliberal». Subraya que el informe jurídico aduce a una ley que «no prohíbe la actividad empresarial porque el Cabildo la mantiene en otras entidades». 

El sector

Para una parte del sector vitivinícola «no hay noticia» después del proceso de los últimos años. Sin embargo, otros productores entienden que «se quedan en el limbo más de 600 (660) ante la exigencia de Bruselas al Cabildo». Estas fuentes entienden que «todo proviene de un Plan de Bodegas Insulares desastroso». Auguran un futuro «casi imposible» para la empresa sin el Cabildo en el accionariado más aún con «la necesidad de liquidar a 30 empleados».

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