Cuatro años y cuatro meses de prisión tras llegar a Tenerife en un cayuco con un muerto

Cuatro años de prisión, cuatro meses y 15 días de prisión es lo que tendrán que cumplir los tres migrantes acusados de un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, homicidio por imprudencia y tres más por lesiones, según la sentencia de conformidad a la se llegó ayer antes de la celebración del juicio programado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en una causa en la que Fiscalía pidió a priori una pena de 10 años y medio de prisión para cada uno de ellos.

La defensa no interesó la conformidad, pero entendió que sus clientes sí lo hicieran ante el riesgo que corrían a recibir una pena tan elevada. "Estaban atemorizados por si les condenaban finalmente a la pena que pedía la Fiscalía", señaló la letrada de la defensa Sara Rodríguez.

Los acusados llegaron en un cayuco el 11 de diciembre de 2023 a Los Cristianos. Uno de los ocupantes falleció poco después de que la barquilla llegara a puerto y otros tres tuvieron que ser atendidos al sufrir deshidratación. Dos de ellos, además, padecían tiña.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pedía a priori una pena de diez años y medio de cárcel para los tres presuntos patrones --dos de origen mauritano y uno maliense-- del cayuco que llegó a las costas de Canarias con 140 migrantes a bordo, entre ellos 12 mujeres, 15 menores y 3 bebés.

El escrito de acusación detallaba que el cayuco zarpó desde las costas africanas y llegó al Archipiélago siete días después.

Según la Fiscalía, los tres acusados, en prisión provisional comunicada y sin fianza, organizaron la travesía en connivencia con otras personas no identificadas y cobraron en origen el precio solicitado a los viajeros --entre 300.000 y 600.000 uguiyas--.

Una vez en la embarcación, los tres acusados realizaron, indistintamente, labores de navegación --tales como manejo del motor, del timón y dirección de rumbo mediante sistema GPS-- además de mantenimiento del orden, impartiendo instrucciones al pasaje desempeñando las funciones de dirección y capitanía del viaje, fijando la ubicación de los pasajeros en la embarcación, el reparto de alimentos y de agua, más órdenes e instrucciones de comportamiento, advirtiendo a los migrantes de que no testimoniaran en su contra una vez llegados a las costas españolas.

El cayuco, con dos motores de 40 caballos cada uno, carecía de medidas de seguridad relativas al almacenamiento del combustible y medios de comunicación náutica, luces de posición y deflector de radar, aparte de que contaba con escaso espacio para una travesía con 140 personas y sin chalecos salvavidas, al ir dispuestos en baldas transversales, con riesgo de naufragio por volcado en caso de movimiento interior y riesgo de colisión y abordaje al carecer de iluminación en una zona de elevado tráfico marítimo de buques.

Al llegar a puerto, donde los migrantes fueron atendidos por personal de Cruz Roja, uno de ellos falleció por tromboembolismo pulmonar bilateral y otros tres presentaban diversos cuadros de patologías moderadas.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad agravada, un delito de homicidio por imprudencia grave y otros tres delitos de lesiones por imprudencia grave, y pide también el abono de 1.050 euros en concepto de indemnización para las tres personas heridas.

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