Prisión y 753.000 euros por crear empresas ficticias para estafar en Tenerife

El condenado y otro socio, en busca y captura, pedían préstamos y compraban mercancías de congelados que nunca abonaban

Fachada principal del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Fachada principal del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Un empresario ha sido condenado en Tenerife a dos años de prisión –pena que queda suspendida durante cinco años si no reincide y paga lo adeudado– y a indemnizar con 753.000 euros a una veintena de empresas del sector de los congelados y el transporte. La sentencia, ya firme, lo considera culpable de un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa agravada. Además, deberá abonar una multa de 810 euros y se determinará en ejecución de sentencia cuánto corresponde pagar a las compañías aseguradoras afectadas.

El condenado, con antecedentes por apropiación indebida y otros procedimientos abiertos en varias provincias, llegó en 2010 a la Isla, donde puso en marcha una trama empresarial fraudulenta junto con un segundo implicado que ahora se encuentra en busca y captura. Para ello alquilaron una oficina, contrataron líneas telefónicas y adquirieron un vehículo, que abandonaron tras dejar de pagar las cuotas.

Reclutaron a once jóvenes con escasos recursos y sin conocimientos empresariales, convenciéndolos para ceder sus datos a cambio de una participación en futuros beneficios. Con sus nombres crearon una veintena de sociedades pantalla, sin empleados ni actividad real, pero con las que simularon solvencia para pedir créditos y comprar mercancías que nunca abonaron.

Utilizaron pagarés falsos y dejaron deudas con proveedores que oscilaban entre los 800 y los 60.000 euros. Parte del dinero fue cubierto por aseguradoras, pero los principales beneficiarios fueron los dos acusados. La sentencia también ordena la disolución de todas las sociedades utilizadas para perpetrar la estafa.

El caso se destapó cuando el propietario de la oficina alquilada, tras dejar de recibir el pago, acudió con la Policía para recuperar el local y allí se halló numerosa documentación incriminatoria.

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