La Laguna defiende la adjudicación del servicio de alumbrado público

El Ayuntamiento de La Laguna «reivindica y defiende» la actuación de los funcionarios que tuvieron que ver con el procedimiento de licitación en concurso público para la adjudicación del servicio de conservación y mantenimiento de alumbrado público e instalaciones eléctricas municipales por un valor de 18,7 millones de euros y una duración de cinco años. Dicho concurso lo ganó la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Imesapi y Eléctrica de Montajes La Estrella.

El Consistorio lagunero afirma en un comunicado que dichos funcionarios «han actuado siempre en el ejercicio de sus funcionaes y conforme a la legalidad, así como el rigor de los procedimientros de contratación públicos. Este contrato público, que se adjudicó el pasado 30 de abril, fue recurrido al Tribunal de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias por Effico, una de las empresas que participó en la presentación de ofertas junto a otras tres. Según sostiene en dicho recurso, en el procedimiento se habría producido un «conflicto de intereses» que habría sido determinante para la elección ganadora de la UTE, de la que Imesapi forma parte al 80%.

Un conflicto de intereses mancha el contrato de alumbrado público en La Laguna

Esa supuesta irregularidad vendría dada porque la jefa del Área de Medio Ambiente y Servicios Públicos del Ayuntamiento de La Laguna, cuyo departamento promovió al principio el expediente de contratación del servicio de alumbrado e instalaciones eléctricas, es esposa del apoderado solidario y delegado provincial de Imesapi, ganadora de la licitación, según el recurso.

El Área de Medio Ambiente y Servicios Públicos licitó en septiembre de 2024 un contrato menor para que el Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife -de la que la funcionaria es su secretaria en la Junta de Gobierno- realizara un informe de asistencia técnica sobre las propuestas de las cuatro empresas que se presentaron al contrato de alumbrado municipal. Ella se apartó como jefa de servicio de dicha área dos meses después, en noviembre.

Quien sustituyó a esta funcionaria al frente del área municipal fue otro funcionario, ingeniero también, que accedió en comisión de servicio a dicha plaza y que es el hijo del decano del Colegio de Ingenieros Industriales.

La corporación destaca que el Colegio de Ingenieros Industriales «es una entidad de derecho público que no concurre a la licitación» por lo que «en ningún momento ha existido conflicto de intereses con empleados» del Consistorio. El ayuntamiento lagunero abunda en que recurrió a dicho órgano colegial para que se encargara de una asistencia técnica especializada que valorara las ofertas de las empresas que recurrieron al contrato público para así «contar con el apoyo de un órgano externo que brindase las máximas garantías de transparencia e imparcialidad».

"Absoluto rechazo"

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, por su parte, ha manifestado su «más absoluto rechazo» al cuestionamiento infundado sobre su participación como entidad colaboradora en un procedimiento de contratación pública convocado por el Ayuntamiento de La Laguna.

Explica que fue «contratado, en el marco de sus funciones, para prestar asistencia técnica independiente y no vinculante en la evaluación de las memorias técnicas presentadas por los licitadores en dicho procedimiento». Aclara que el encargo fue llevado a cabo por personal técnico cualificado, sin intervención alguna de la Junta de Gobierno del Colegio y en estricto cumplimiento de los principios de objetividad, confidencialidad y profesionalidad que rigen su actuación.

Las acusaciones difundidas por una empresa no adjudicataria del concurso «constituyen una campaña de desprestigio carente de fundamento, que pretende alterar el resultado del procedimiento» y desacreditar tanto al colegio profesional como a los empleados públicos que intervinieron conforme a la legalidad vigente.

El Colegio de Ingenieros Industriales subraya que «no se ha producido ninguna irregularidad y que todas las actuaciones se desarrollaron conforme al marco normativo aplicable y bajo los estándares éticos y deontológicos que rigen la labor colegial». Y añade que «resulta especialmente grave que se pretenda cuestionar la imparcialidad» de dicha institución mediante una narrativa interesada, «sustentada en insinuaciones sin prueba alguna». En este sentido y «en defensa del buen nombre del Colegio, de sus profesionales y del correcto ejercicio de sus funciones», anuncia que «se emprenderán las acciones legales oportunas contra quienes continúen difundiendo afirmaciones falsas o difamatorias».

Por último, el Colegio reitera «su compromiso con la transparencia, la legalidad y el interés público», y continuará colaborando con las administraciones en el ejercicio de sus competencias.

Suscríbete para seguir leyendo