Aplazada la protesta en el Teide con trifulca entre Cabildo de Tenerife y Subdelegación

La protesta prevista mañana en el Teide para «denunciar la masificación turística» del espacio natural está aplazada porque la Subdelegación del gobierno exige a los convocantes, la Plataforma Canarias tiene un límite, un permiso que debe otorgar el Patronato del Parque Nacional, del que carecen y que califican de «argucia legal». La suspensión se produce después de una trifulca entre la Delegación del Gobierno en Canarias y el Cabildo de Tenerife en la que la representación del Ejecutivo central en el Archipiélago responde a la presidenta insular, Rosa Dávila, quien calificó de «barbaridad» y «precedente peligroso» la autorización inicial de la concentración otorgada por la Subdelegación.

En un comunicado, la Delegación de Gobierno en Canarias señala que la competencia para conceder esa autorización corresponde al Cabildo «al tener transferidas las competencias». Acusa a su presidenta, Rosa Dávila, de actuar «con populismo» y mostrar su «falta de conocimiento habitual» de la normativa legal. «Es su corporación la competente a la hora de autorizar actos como una manifestación en el Teide», apunta.

La representación del Estado en la Comunidad Autónoma «lamenta» que la presidenta insular «ponga en duda la regulación del derecho a reunión» y le recuerda que «la Subdelegación no autoriza las manifestaciones, sino que regula el derecho predeterminado a realizarse». Subraya que «solo tiene competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público vinculadas a ese derecho a reunión», pero «ninguna sobre la protección medioambiental». Insiste en que «el Cabildo es el competente para autorizar o no la manifestación en el Parque Nacional del Teide al tener transferidas las competencias».

Fuentes del Cabildo recuerdan que esas competencias están delegadas y no transferidas, a falta de un decreto en este sentido del Gobierno de Canarias que permita a la Institución la «gestión completa» del Parque Nacional del Teide. El Gobierno ninsular valora la suspensión de la manifestación ya que, subraya, «la normativa exige la consulta al Patronato del Parque –y su permiso– para autorizar una concentración, requisito que no fue cumplido». Recuerda que «la ley es igual para todos y debe aplicarse con rigor en espacios de máxima protección ambiental». Se considera desde esta óptica que «la manifestación habría sentado un precedente peligroso y podría abrir la puerta a futuras acciones en otros espacios sensibles».

El Cabildo de Tenerife celebra la suspensión y resalta que, finalmente, «haya prevalecido la cordura». La normativa que regula estos espacios «impone condiciones claras para autorizar actividades extraordinarias, entre ellas la consulta al Patronato del Parque, un trámite que no fue cumplido».

Informes negativos

Tanto los técnicos insulares como el director de Conservación del Parque Nacional, Manuel Durbán, emitieron desde el primer momento «informes negativos sustentados en criterios técnicos, jurídicos, operativos y de seguridad». La nota incluye una reflexión: «Hoy la convocan unos, mañana podrían ser otros con intereses muy distintos, y así se debilita el marco que protege nuestros entornos más valiosos».

A manera de conclusión, el Gobierno insular sostiene que «el Teide no puede convertirse en un escenario de confrontación. Es un enclave único, un símbolo de identidad para todos los tinerfeños y debe permanecer al margen de cualquier uso instrumental, por legítimas que sean las reivindicaciones. Preservar su neutralidad es también preservar lo que representa para la sociedad canaria».

Los organizadores acusan a las autoridades de utilizar esa «argucia legal» para obstaculizar el derecho de manifestación. Según recuerda en un comunicado la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), el acto ahora aplazado tenía carácter «simbólico y pacífico» con el objetivo de «denunciar la masificación turística y los impactos ambientales que sufre el Parque Nacional del Teide».

El aplazamiento, aseguran, «no responde a una prohibición explícita», sino a «una maniobra administrativa» al remitir a una autorización del Cabildo, una institución a la que acusan de «deficiente gestión» en el Parque Nacional.

Los colectivos ecologistas denuncian que esta exigencia se comunicó con muy poco margen de tiempo, haciendo imposible la celebración de la protesta en la fecha prevista. Añaden que, sin la autorización del Cabildo, la Subdelegación amenazaba con activar medidas coercitivas y sanciones.

La Plataforma también arremete contra Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, a quien acusan de «tergiversar los hechos» y «usar el conflicto como arma política contra el Gobierno central». Según el comunicado, es el Cabildo quien tiene en sus manos la decisión sobre una manifestación legítima, mientras «simultáneamente» autoriza eventos masivos como la Tenerife Bluetrail, rodajes, visitas comerciales y actividades que, según denuncian, «dañan gravemente el ecosistema del Teide».

Además, los ecologistas advierten sobre «la falta de vigilancia efectiva» frente a actividades ilegales frecuentes, como acampadas no autorizadas, rutas nocturnas en vehículos a motor, accesos irregulares al pico o daños al patrimonio geológico y natural.

Insisten desde la Plataforma en que están siendo «silenciados y deslegitimados» en su derecho a manifestarse y no descartan «emprender acciones legales», por lo que consideran una «vulneración de derechos fundamentales».

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