Un funcionario abasteció de droga la cárcel Tenerife II durante la pandemia
Un informe interno remitido a la Guardia Civil señala a un trabajador como colaborador de varios reclusos para meter heroína, hachís y teléfonos móviles

Dorgas decomisadas el 9 de junio de 2020 en Tenerife II y hueco en una celda en la que se ocultaban. / El Día

Cuando toda España estaba confinada en sus casas por el estado de alarma como consecuencia de la pandemia de Covid-19 en 2020, la población reclusa del centro penitenciario Tenerife II temió ver mermada la entrada ilícita de drogas en el centro como estaban acostumbrados con cierta regularidad en momentos anteriores. A pesar de los rigurosos controles de vigilancia que se llevan a cabo en la prisión para evitar la introducción de efectos prohibidos por parte de familiares y amigos o en los vis a vis, es casi imposible controlarlo todo y, en ocasiones, estos efectos prohibidos han llegado a la población reclusa.
Pero si las visitas habían quedado suspendidas por a partir del 14 de marzo de 2020, cuando entró en vigor el real decreto de Estado de Alarma por la emergencia sanitaria de la Covid ¿Cómo se podía introducir la droga en la cárcel si nadie externo podía entrarla? A través del lanzamiento de paquetes desde el exterior a los patios de los módulos desde diferentes coches. Pero también, con la ayuda de al menos un funcionario que colaboraba para que los objetos prohibidos llegaran a las manos de un kies, como se conocen en el argot carcelario a los presos que ejercen el control sobre otros internos por disponer de dinero, drogas y otros objetos con los que traficar.
Varias denuncias interpuestas por funcionarios del centro penitenciario Tenerife II revelan cómo se producía la entrada de estupefacientes y móviles de alta gama en la prisión tinerfeña durante aquellas fechas. De hecho, se señala a un funcionario en concreto como el colaborador necesario de una red integrada por reclusos y familiares o amigos de estos que introducían drogas y teléfonos en dicho centro penitenciario. Con las denuncias efectuadas, y teniendo conocimiento la autoridad judicial de que pudieran estarse produciendo estos hechos en la prisión, se abrió una investigación que provocó el decomiso de diversas cantidades de drogas, así como teléfonos móviles. Se detectaron movimientos de vehículos en el exterior de la prisión (con matrículas, modelos y horas anotadas) desde los que se lanzaban paquetes con drogas, derivados de la metadona, anabolizantes, móviles y otros objetos imposibles de conseguir dentro de la cárcel.
Según el testimonio de uno de los funcionarios que realizó el informe, se estaba produciendo un «negocio redondo» pues si las drogas y los móviles dentro de prisión se cambian por un valor mucho más elevado al precio normal que está en la calle, en un contexto de pandemia su valor se elevó exponencialmente entonces.
Este funcionario tuvo conocimiento de que la Guardia Civil había detectado en febrero lanzamientos de paquetes desde el exterior de la prisión desde un coche marca BMW. Poco después se localizaron en todos los módulos de la prisión teléfonos smartphone imposibles de introducir en visitas o vis a vis. A partir de este momento, el funcionario entró en confianza con dos internos del centro que le indicaron que «un funcionario llevaba tiempo introduciendo drogas en la cárcel y manteniendo negocios con un preso de los denominados kies», un viejo conocido de la Policía. Este preso había sido trasladado a la prisión de Dueñas en Madrid el 28 de febrero de 2018, sin embargo, los internos alegaron que el funcionario «habría seguido manteniendo este tipo de arreglos con otros internos del centro», según obra en un informe elaborado por funcionarios de prisiones y un agente de la Guardia Civil enviado a la E.D.O.A. y a la Unidad Orgánica de Policía Judicial al que ha tenido acceso EL DÍA.
Fin de los vis a vis
A partir del 14 de marzo de 2020, cuando entró en vigor el Estado de Alarma y el confinamiento por la Covid, se decretó la interrupción de los vis a vis, las comunicaciones y el servicio de paquetería. Esta circunstancia hizo que se incrementaran los lanzamientos de drogas desde el exterior. En el citado informe se señalan hasta nueve lanzamientos de droga identificados próximos a la garita tres desde varios vehículos, incluso desde un taxi. Pero hubo muchos más lanzamientos no detectados.
Es precisamente el lanzamiento de droga desde el taxi el que llamó la atención al personal de seguridad del exterior de la cárcel pues «estaría colaborando con otro individuo para realizar la introducción de droga hasta el módulo II de la prisión». Se identificó al taxista y resultó ser hermano de un recluso de ese módulo que compartía celda con el preso que había sido trasladado a Dueñas dos años antes, pero ya había regresado a Tenerife II a comienzos del mes de marzo.
A principios de abril se detuvo a un hombre que había lanzado un paquete con droga tan solo unas horas después de haber sido puesto en libertad en esta prisión, un hombre de confianza del preso que controlaba el trapicheo en la cárcel. En ese mes se detectaron siete lanzamientos de paquetes y se recuperaron cuatro.
Mayo, el mes clave
Como en abril los funcionarios interceptaron varios paquetes con drogas, dicha estrategia se interrumpió de forma abrupta, lo que resultó extraño para los agentes de la Guardia Civil y los servicios de seguridad de la prisión.
Se pudo saber, a través de una investigación de los funcionarios, que el interno que controlaba el tráfico de drogas había cambiado de sistema para introducir en las últimas semanas 300 gramos de heroína, 1 kilo de hachís, 15 teléfonos móviles, anabolizantes y más de 200 pastillas de Trankimazin, conocidas en el argot como «ataúdes». Y este habría utilizado a un funcionario para introducir todo ello en la cárcel, según relataron algunos presos de confianza. La jefatura de seguridad de la prisión cambió de nuevo al recluso a otro módulo y se puso en especial vigilancia para comprobar si en el traslado este se llevaba de su celda todos los objetos introducidos ilegalmente en prisión. Pero no lo hizo, se le registró y no se le detectó nada.
Sin embargo, un día más tarde corrió como la pólvora por todos los módulos de la cárcel la noticia de que alguno o algunos reclusos habrían robado la droga que supuestamente habría dejado en su anterior celda el interno trasladado a otro módulo. Algunos presos señalaron a un interno como el responsable del robo de la droga y se le trasladó a otro módulo por seguridad. Se le interrogó entonces por este asunto y en el informe este interno detalla con precisión las cantidades de drogas y otros objetos que habrían sido introducidos por parte del citado funcionario en una mochila y que por esa «colaboración» recibió en contraprestación 1.000 euros.
Se realizaron varios registros en celdas decomisándose en mayo: 12 teléfonos, 150 pastillas de diazepam, 12 gramos de hachís y 3,6 de heroína. El 9 de junio se intervinieron en dos celdas 120,3 gramos de heroína, 690 gramos de hachís, 830 gramos de hachís, 14 pastillas de Suboxome, tres bolsas de anabolizantes y dos sobres de Kamagra.
Juicio aplazado tras hallar heroína en prisión
El juicio que debía celebrarse ayer en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el que se acusaba a tres reclusos por un delito contra la salud pública dentro de la prisión Tenerife II, quedó aplazado al no poder comparecer un testigo fundamental, tanto para las defensas de los acusados como para el Ministerio Fiscal. Se trataba de un integrante del servicio de seguridad del centro penitenciario.
El Ministerio Público señala que tras realizar un registro en varias celdas el 9 de junio de 2020 se decomisó 120,3 gramos de heroína, sustancia que si la hubiera vendido habría alcanzado un valor de 7.173 euro; 690 gramos de hachís que, si lo hubiera vendido habría obtenido 3.893 euros.
En un registro en la zona de calderas y duchas se decomisaron 830 gramos de hachís, 14 pastillas de Suboxome, tres bolsas de anabolizantes y dos sobres de Kamagra, todo esto por un valor de 4.674 euros si se hubiera vendido.
La Fiscalía solicita para los tres acusados una pena de 20 años y seis meses de prisión y al pago de una multa de 62.964 euros. Las defensas reclaman la nulidad del juicio, entre otras cuestiones, al considerar que se rompió la cadena de custodia.
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