El Cabildo de Tenerife paga el 35,5% del coste del ‘basurazo’ con medidas y euros

El Cabildo de Tenerife afronta el denominado basurazo con la estrategia de perjudicar lo menos posible el bolsillo de los ciudadanos de la Isla. Lo hace tanto con medidas como con el pago directo. Así, de los 140 euros de los cálculos iniciales por tonelada de residuos que se llevan al Complejo Ambiental de Tenerife (CAT), ubicado en Arico, se llegó a los 90,3 finales, un 35% menos, que establece la nueva tasa emanada de la Ordenanza de la Gestión de los Residuos en la Isla, en vigor desde el pasado sábado 10.

'Tasazo'

Como basurazo o tasazo se conoce la normativa que parte de una directiva europea traspuesta a una ley española, la 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados por una economía circular. Alejandro Molowny, director insular de residuos del Cabildo de Tenerife valora:«Se podía transponer de diferentes maneras y la elegida por el Gobierno de España da lugar a que se tenga que aprobar una tasa por las entidades locales». Su creación era obligatoria en un plazo determinado que alcanza ría los tres años desde la aprobación.

El basurazo entra en vigor en Tenerife: aprobada la tasa de 90 euros por tonelada de basura

Impuesto

El impuesto del depósito de residuos en vertedero entró en vigor el 1 de enero de 2023. Exigía la implementación de una tasa «diferenciada y no deficitaria» añade Molowny. Fuentes de la Hacienda insular establecen en unos 38 millones de euros el montante abonado para hacerle frente hasta el pasado abril. El director insular subraya:«Tasa diferenciada quiere decir que no puede estar junto al IBI o el impuesto del agua sino ser exclusivamente para los residuos». En cuanto a «no deficitaria equivale a no puede estar financiada y tiene que cubrir exactamente el coste». Esto significa que «ni el Cabildo ni los ayuntamientos pueden repercutir menos el coste por esta vía».

Coste

Lo que se busca es un pago por generación; o sea que se abone lo que cuesta el servicio. Un concepto que sale del que afirma que contamina paga. El Cabildo quedó obligado por ley a modificar la ordenanza fiscal reguladora y, por lo tanto, las tasas. Alejandro Molowny reconoce que «cuando empezamos a estudiarlo, nos daban valores muy altos, 150 o 140 euros. Hicimos un gran esfuerzo para, dentro del marco de la ley repercutir lo mínimo a los ayuntamientos y por ende sobre los ciudadanos». 

Unidad

La Corporación insular se unió a nivel nacional con otras administraciones, a través de la Federación Española de Municipios. Molowny recalca:«Después de muchas reuniones acordamos, entre otras medidas, asumir el coste de la gestión de los puntos limpios». También «no repercutir las inversiones ya realizadas con fondos propios o incluso aquellas financiadas con los europeos, ni siquiera lo que restaba por amortizar». Asimismo, explica, «incluimos todos los ingresos posibles como los de la energía eléctrica o la recuperación de materiales» hasta llegar a aprobar esta tasa de 90,3 euros. 

Estrategia

El director insular recalca:«La estrategia pasa por incrementar la recogida de materia orgánica selectiva por parte de los ayuntamientos –actualmente solo en 9 y 2.000 toneladas al año, frente a más de 200.000 que se podrían recuperar– para tratarla gratuitamente». Anima a aumentar esa separación en origen que, a su vez, derive en una disminución del coste de la gestión de los residuos porque la que se saque de la basura mezclada o en masa no pagará. Alejandro Molowny concluye:«La gestión de la materia orgánica de recogida selectiva para los ayuntamientos y la transformación en compost en el Complejo Ambiental tiene coste cero».

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