Un hotel de lujo del sur de Tenerife, tomado por okupas

En febrero empezó la llegada de unos 300 habitantes de un complejo cerrado durante la pandemia al que el juez deniega su desalojo preventivo

Adeje

Desde mediados de febrero comenzó la ocupación de las 92 habitaciones del Grand Hotel Callao Sport, ubicado en Calle Salvaje (Adeje), en el que actualmente residen en torno a 300 personas que no pagan ni luz, ni agua ni ningún otro servicio básico. La empresa propietaria, Domasa, SA, presentó la denuncia correspondiente dando lugar a un procedimiento cuya última resolución conocida es la desestimación del desalojo preventivo solicitado, en consonancia con el planteamiento de la Fiscalía, que consideró la inexistencia de «criterios de proporcionalidad para una medida de este tipo».

Con motivo del covid-19 y el confinamiento obligado, el Hotel Callao Sport cerró y reabrió a finales de julio de 2020. Dos meses después cesó la actividad por motivos económicos y la propiedad puso en venta el complejo. Pese a la presencia de personal y sistemas de seguridad, el 18 de febrero pasado se produjo un intento de robo –rompieron las cámaras y el equipamiento de vigilancia y causaron otros desperfectos– que requirió la intervención de la Guardia Civil. La operación se saldó con dos detenidos –un tercero se escapó– y un agente requirió asistencia sanitaria en un hospital de la comarca. En ese momento, ya se encontraba una docena de personas residiendo en el hotel; tres días después ya eran medio centenar, según constató la Policía Local y señala la propiedad.

Una ocupación rápida

En los tres meses transcurridos desde ese episodio se calcula que el hotel está ocupado por unas 300 personas, la mayoría de ellas de procedencia marroquí e hispanoamericana, «a las que cobran un alquiler por su estancia». Los alojados se renuevan con asiduidad, cuentan vecinos y la propiedad. La administradora única de la empresa confirma que en el entorno hoy hay inseguridad, temor, malestar, suciedad y hastío: «Además de ser un problema personal, que lo es, se ha convertido en un problema social».

Contenedores con basura en la entrada del hotel.

Contenedores con basura en la entrada del hotel. / Andrés Gutiérrez

Domasa, SA inauguró el Hotel Callao Salvaje Sport en el año 2009, con la reconversión de unas instalaciones centradas en el alojamiento vinculado a la actividad deportiva. Sin eliminar esta modalidad, la nueva propiedad se planteó el turismo francés como el mercado preferente y elevó la categoría del recinto a cuatro estrellas. La plantilla la formaban 45 trabajadores.

La empresa presentó dos demandas por lo civil y por lo penal, pero «ninguna ha prosperado». La administradora única se muestra resignada: «Esa es la justicia que tenemos en España. Tu propiedad no es tuya y los okupas tienen más derechos que nosotros como propietarios».

El último auto judicial

El último en pronunciarse ha sido el Juzgado de Instrucción número 2 de Arona, rechazando las medidas cautelares solicitadas por Domasa, S.A., un auto que la propiedad ya ha recurrido ante el mismo juez «sin mucha esperanza». El caso pasará ahora al Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, un hecho que demorará aún más la resolución del procedimiento, expone la administradora.

Los okupas del Hotel Callao Salvaje Sport «viven de lujo». No pagan ni agua, ni luz ni basura, un gasto que asume por ley la propiedad del complejo hotelero, que tampoco puede suspender dichos servicios. Se da la circunstancia de que ha abonado facturas de luz cuyo importe triplica el gasto medio que tenía el recinto cuando estaba en pleno funcionamiento.

No parecen vulnerables

Tanto el vecindario como la administradora única de la empresa propietaria aseguran que los okupas «no parecen gente vulnerable». La mayoría de ellos son jóvenes, hay niños y algunas personas mayores. Además, es habitual la llegada de vehículos de alta gama con pasajeros (muchos de ellos, familias con menores): «No son las típicas familias vulnerables de aquí. Conocemos el caso de un marroquí al que trajeron desde su país, previo pago de 3.000 euros, pero dijo desconocer que era ilegal».

Este ejemplo ilustra el hecho de que las dependencias ocupadas en la actualidad son un negocio para personas ajenas a la propiedad: «Siguen cobrando por el alojamiento», aunque las cuantías oscilan, si bien las fuentes consultadas no saben con qué criterio. «Habrá gente que esté fija, pero la gran mayoría entra y sale. Tienen montado un negocio», apostilla la empresa propietaria.

Instalaciones interiores del hotel deteriordas y vandalizadas.

Instalaciones interiores del hotel deteriordas y vandalizadas. / Andrés Gutiérrez

Los primeros en alertar

Fueron los vecinos del entorno los primeros en alertar de la ocupación del hotel, cuando se percataron de las luces encendidas en un edificio a oscuras desde hace casi cinco años, así como del movimiento de personas que dieron paso a ruidos y fiestas nocturnas. «Hoy, los vecinos no pueden salir a la calle por temor, tienen miedo a que se les metan en sus casas porque hay una parte del hotel muy cerca del complejo residencial que se encuentra al lado», sostiene la administradora.

Las instalaciones, dotadas plenamente en el momento de comenzar la ocupación hace tres meses, han sido desvalijadas. Los cuerpos de seguridad llegaron a localizar algunas de las piezas extraídas del hotel en el norte de la Isla para su venta. Los vecinos se sienten intimidados.

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