La Fiscalía amplía la investigación por si hay delitos en el peor desastre ecológico de Tenerife

La unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife amplía la investigación del mayor desastre ecológico de Tenerife: los vertidos de aguas residuales que obligaron a cerrar la principal zona de baño de la cuna del turismo de la Isla, Puerto de la Cruz.

El ministerio público prorroga otros seis meses las pesquisas, abiertas en agosto del año pasado, para determinar si hay consecuencias penales en la gestión de esta crisis por parte de las administraciones públicas, principalmente el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

La denuncia que abrió el caso

En agosto de 2024, un mes después de que se prohibiera el baño en el complejo de tres calas de arena negra de Playa Jardín, la fiscal Francisca Sánchez abrió una investigación para determinar si hay delito en el origen de la concentración desproporcionada de patógenos, microorganismos que se encuentran en las aguas negras y que provocan enfermedades, en toda esta parte de la costa portuense, que incluye el barrio de Punta Brava.

La Fiscalía abrió las pesquisas después de que el 23 de julio de 2024, 20 días después del cierre de Playa Jardín, recibiera una denuncia sobre la contaminación en esta playa del norte de la Isla por parte de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales.

El 5 de agosto envió un escrito al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en el que solicitó información sobre la depuradora comarcal que se encuentra muy cerca de Playa Jardín, en Punta Brava, y sobre el estado de la red de saneamiento de este barrio, a cuyas deficiencias se ha achacado parte de la culpa de los vertidos de aguas residuales.

Acabado el plazo de seis meses, la fiscal Francisca Sánchez ha ampliado otro medio año las averiguaciones debido a la complejidad del caso y a la amplia documentación que necesita la unidad de Medio Ambiente para depurar responsabilidades.

Movilización vecinal

La apertura de diligencias previas abrió un nuevo frente en un problema que ha movilizado a vecinos y comerciantes de Punta Brava, un núcleo de unas 450 casas de autoconstrucción y cuyo rápido crecimiento no llevó aparejada una adecuada planificación urbanística.

La fiscal estudia, entre otras cosas, por qué el Ayuntamiento portuense, que en julio de 2024 estaba gobernado por el PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), tardó 13 días en decretar el cierre de Playa Jardín.

El 21 de junio de 2024, el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias envió un informe que recomendaba prohibir el baño en el complejo de Playa Jardín por razones de protección de los bañistas al detectarse una calidad deficiente de las aguas de baño provocada por vertidos de aguas fecales.

El alto cargo del Ejecutivo regional reflejaba en su informe que estos altos niveles de contaminación fecal suponen «un riesgo de padecer enfermedades». Según la normativa, esta advertencia debe conllevar de forma inmediata que el Ayuntamiento decrete el cierre.

Sin embargo, el Consistorio, entonces comandado por el socialista Marco González, no prohibió el baño hasta el 3 de julio. Es decir, transcurrieron 13 días entre el informe de Salud Pública y el decreto municipal.

¿Por qué se tardó en cerrar Playa Jardín?

El colectivo de afectados por los vertidos, Stop Vertidos al Mar, ha criticado que «en ese plazo, miles de personas se bañaron en Playa Jardín", en especial el 23 de junio. Ese día, el mismo Consistorio de Puerto de la Cruz organizó actividades multitudinarias por la Noche de San Juan a las que acudieron miles de portuenses y visitantes. No fueron suspendidas a pesar del informe emitido por Salud Pública dos días antes.

La Fiscalía de Medio Ambiente sigue recabando informes sobre la evolución del estado de las aguas de esta parte del municipio portuense. El próximo mes de agosto tendrá que decidir, en principio, si presenta una denuncia por delitos medioambientales o archiva el procedimiento.

Un informe del Gobierno de Canarias, firmado el pasado 29 de enero, ofreció el primer diagnóstico oficial del origen de los vertidos contaminantes al mar en Playa Jardín que obligaron a cerrar las tres calas de este complejo de Puerto de la Cruz hace nueve meses, medida que ha provocado graves consecuencias a los vecinos y empresarios de esta parte de la costa norteña de Tenerife.

El documento apunta a cuatro causas principales: el mal funcionamiento de la depuradora de Punta Brava, situada justo al lado de Playa Jardín; la rotura del emisario de esta depuradora, las graves deficiencias de la red de saneamiento del barrio de Punta Brava y el mal funcionamiento de tres aliviaderos, los de El Caletón, Playa Chica y Playa Jardín.

El primer diagnóstico

Este documento técnico dibuja un panorama preocupante. Habla de «tubos desconocidos» que tiran agua residual al mar, de «vertidos a modo de cascada», de una «red de saneamiento con deficiencias estructurales que generan un vertido directo continuo a la costa», de «antiguos pozos negros» que llevan las aguas contaminadas al subsuelo y terminan en el litoral, de una depuradora de Punta Brava sin capacidad para completar los procesos exigidos por las normativas, de una «presencia continua de contaminación fecal» muy fluctuante por las especiales condiciones del mar en Playa Jardín y su entorno, y de la «rotura a apenas 100 metros de la costa» en el emisario submarino.

Otro de los aspectos que estudia la Fiscalía de Medio Ambiente es la tardanza de las administraciones públicas en actuar cuando al menos cuatro informes oficiales ya aportaban advertencias que hacían presagiar lo que ocurrió el 3 de julio de 2024: la contaminación fecal obligó a decretar la prohibición de bañarse en Playa Jardín, medida que se mantiene vigente y que comple este domingo 298 días.

Un informe oficial realizado por el Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo de Tenerife, ya advirtió en 2022 del grave problema que se estaba creando con los permanentes vertidos contaminantes en Playa Jardín y otras zonas del entorno.

Hace tres años, el Consejo Insular de Aguas lanzaba una seria advertencia: «Las aguas marinas de Playa Jardín se encuentran afectadas por varios puntos [de vertidos contaminantes] y entre los más cercanos a la franja litoral de Punta Brava destacamos los siguientes: emisario submarino de Punta Brava y los aliviaderos de El Caletón, Playa Chica y Playa Jardín».

Cuatro informes advirtieron lo que iba a pasar

«Se han detectado distintos focos origen de efluentes y vertidos que pueden alterar negativamente la calidad de las aguas interiores y exteriores de la zona», matiza la conclusión de este análisis firmado el 7 de junio de 2022. Es decir, la situación que terminó provocando el cierre de Playa Jardín se veía venir.

Este informe de 2022 que habla claramente de fuentes de contaminación permanentes no es el único con el que las entidades de asesoramiento alertaron de lo que estaba pasando en la costa de Puerto de la Cruz.

El 6 de julio de 2020, el mismo Consejo Insular de Aguas envió un oficio a la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo regional en el que le comunicó que había detectado una fuga en el emisario de la depuradora de Punta Brava, que en ese momento evaluó como «menor».

Aún hoy no se han podido resolver los graves problemas de este emisario, si bien las obras están pendientes de adjudicación tras un primer intento fallido por parte de la Corporación insular, al quedar el concurso desierto. Ya se ha licitado por segunda vez.

En esta cronología de la mayor crisis ecológica que sufre Tenerife hay otro estudio todavía más demoledor. El departamento de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que se encarga de realizar las analíticas en el mar, advirtió el 25 de febrero de 2022 que la calidad de las aguas de Playa Jardín sufrían un «llamativo» deterioro, que se agravó de forma extraordinaria a partir de 2021.

Deterioro progresivo de las aguas

Es en 2016 cuando comienza un «progresivo» incremento de los niveles de escherichia coli y enterocos, las principales bacterias que se encuentran en los vertidos fecales y que producen enfermedades.

La situación se vuelve alarmante en 2021, según las conclusiones de Salud Pública. En Playa Grande, una de las calas de Playa Jardín, los niveles de contaminación «se multiplicaron por hasta 13,6 veces en el caso de escherichia coli, con un incremento de más de un 1.000%».

Es un valor que evidenciaba la degradación significativa de la calidad de las aguas. De tal manera que aquel documento concluía que «el agua de baño de Playa Jardín ha sufrido un llamativo descenso de la calidad». Eso sí, los niveles no fueron suficientes para que el departamento del Gobierno de Canarias aconsejase entonces el cierre al baño.

Una depuradora que incumple con Europa

El cuarto documento que demostraría que se sabía perfectamente lo que estaba pasando en Puerto de la Cruz es del año 2022. Un informe ambiental del Consejo Insular de Aguas, añadido al proyecto de construcción de la nueva depuradora en los terrenos donde está la actual en Punta Brava, lanzó un claro aviso: la estación «carece de la capacidad para dar cumplimiento a los requisitos de la Directiva Europea 91/271 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas».

El documento añade que esta planta, construida en los años 90 y que desde hace al menos 15 ya se sabía que se había quedado obsoleta, se encontraba en el tramo final de su vida útil al tratar con grandes dificultades un caudal que oscila entre 6.500 y 7.000 metros cúbicos al día».

Tres años después de este informe, el Cabildo de Tenerife trabaja a toda prisa para licitar al fin la construcción de la nueva estación, un proyecto que va para largo. Se hará en dos fases: una primera que costará 21 millones y con un plazo de ejecución de dos años, cuyo proyecto ya está redactado y pendiente de ejecución, y una segunda fase que aún está por proyectar.

Una nueva depuradora

La idea es que alcance los 20.000 metros cúbicos de capacidad de tratamiento con tecnología de última generación para tratar las aguas de Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos y parte de Santa Úrsula, es decir, para una población superior a los 115.000 habitantes.

Mientras Cabildo y Ayuntamiento (cuyo gobierno pasó de un pacto PSOE-ACP a un pacto PP-CC-ACP) se han movilizado para resolver el problema (el Consistorio ya ha iniciado los trabajos para ampliar la red de saneamiento a todo el barrio de Punta Brava, entre otras actuaciones), vecinos y comerciantes siguen exigiendo soluciones inmediatas y denunciando la irresponsabilidad de las administraciones que desembocó en el cierre de Playa Jardín. Incluso organizaron una manifestación el pasado 23 de marzo a la que acudieron varios miles de personas.