DISA sostiene que los parques eólicos de Fasnia y Güímar cumplen toda la normativa

La compañía defiende que los proyectos que promueve, El Pilón I y El Pilón II, se ajustan a todos y cada uno de los requisitos legales y medioambientales

Parque eólico El Pilón II

Parque eólico El Pilón II / EL DÍA

Güímar

Los parques eólicos El Pilón I y El Pilón II «cumplen con todos y cada uno de los requisitos legales y medioambientales, tanto por distancias como por afecciones», según la empresa promotora, DISA Energía Renovable, SLU. Los proyectos se encuentran en periodo de exposición pública y de alegaciones hasta el próximo 5 de mayo, por lo que «será el Gobierno de Canarias quien, a la vista de las mismas, realice las consideraciones que estime más oportunas y que cumpliremos debidamente».

DISA Energía Renovable, SLU recuerda que el Ejecutivo regional «ha definido áreas de aceleración de las renovables y esta es una de ellas, por lo que hemos sido respetuosos con la planificación de la implantación de renovables». Además, la compañía alude a que la Ley Canaria de Cambio Climático «nos obliga a llegar, en 2040, al 100% de renovables en la generación eléctrica. Estos proyectos ayudarían a su cumplimiento, desplazando la generación actual con fuel y gasoil, lo que reduciría más de 45.000 toneladas de CO2 que se emiten en Granadilla», en alusión a la central eléctrica emplazada en el Polígono Industrial.

Los proyectos

Los parques eólicos El Pilón I, de 15 megavatios y cuatro aerogeneradores, y El Pilón II, de 8,5 y dos aerogeneradores, se desarrollarán en 181 parcelas situadas en Fasnia y Güímar, municipios en los que crece la oposición social y política a su instalación en ambos municipios. Ambos ayuntamientos presentan alegaciones y rechazan su construcción: Fasnia, por unanimidad; Güímar, con el gobierno municipal (CC, PSOE y USP) en contra; el PP a favor de los proyectos, y NC, se abstiene. Para evacuar la energía que produzcan ambos parques se proyectan 24 torretas desde hasta la ladera de Güímar, desde donde el trazado será soterrado hasta enlazar con la subestación situada en el Polígono Industrial Valle de Güímar. La inversión está cifrada en 22,3 millones de euros (14,3 en El Pilón I y 8, en El Pilón II).

Detalles del emplazamiento y accesos del parque eólico El Pilón II, en Güímar

Detalles del emplazamiento y accesos del parque eólico El Pilón II, en Güímar / EL DÍA

La Dirección General de Energía del Gobierno autonómico publicó la solicitud de autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad pública de ambos proyectos en el Boletín Oficial de la Provincia (14 de marzo) y en el Boletín Oficial de Canarias (20 de marzo), por lo que el plazo de exposición se prolonga hasta el 5 de mayo.

La Plataforma social presenta alegaciones por impacto ambiental y amenaza directa para la calidad de vida, entre otras cuestiones

La Plataforma Ecomarca para la Defensa y Protección del Sureste de Tenerife surge del movimiento social contrario a estos proyectos y ha presentado alegaciones. «La ubicación prevista de los aerogeneradores, a menos de un kilómetro de zonas residenciales, constituye una amenaza directa para la calidad de vida, el entorno natural y la identidad de nuestras comunidades. No nos oponemos a las energías renovables, pero sí a su imposición sin participación ciudadana, y sin respeto por el territorio», señalan.

Parque eólico El Pilón II en Agache, Güímar

Parque eólico El Pilón II en Agache, Güímar / EL DÍA

Alegaciones

Entre sus alegaciones resaltan que los parques eólicos El Pilón I y El Pilón II producen un «impacto ambiental severo», requiere un movimiento de tierra superior a 240.000 metros cúbicos con afección a la vegetación autóctona y alterando el paisaje natural. Además, más de 35 barrancos y cauces serán interceptados por infraestructuras de los parques, comprometiendo ecosistemas hídricos fundamentales. Estarán ubicados con una «proximidad inadecuada» a viviendas, lo que suele generar riesgos por ruidos, vibraciones y alteración del entorno. También consideran que se incurre en «falta de justificación pública real»

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