Güímar
Agache forma una plataforma de lucha contra los parques eólicos
Rechazan su construcción en zonas colindantes con el barranco de Herques porque afecta a espacios con protección y precisa 24 torretas

Panorámica del aforo del centro cultural del Escobonal durante la asamblea vecinal. / ED

Más de 200 vecinos de Güímar y Fasnia celebraron una asamblea en la que sentaron las bases del trabajo a desarrollar para impedir la instalación de los parques eólicos El Pilón I y II, proyectados para producir 23,5 megavatios en conjunto con seis aerogeneradores y 27 torretas para el transporte de la energía hasta el Polígono Industrial Valle de Güímar.
Para ello, constituyen la plataforma Ecomarca Sureste (Ecomarca para la Defensa y Protección del Sureste de la isla de Tenerife), que trabajará por «darle valor a esta zona, que tiene identidad propia y recursos que queremos defender». Aseguran que los proyectos de ambos parques eólicos afectan a zonas declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), áreas de protección como el Barranco de Herques, fauna y flora, «algo que recoge el propio estudio de impacto ambiental», explicó Hiurma Rodríguez, portavoz del colectivo.
En el encuentro, celebrado en el centro cultural de El Escobonal, el alcalde de Güímar, Gustavo Pérez, informó de que el Ayuntamiento analiza el proyecto y el estudio ambiental presentado y en exposición pública, desde el pasado día 14, a fin de presentar las alegaciones correspondientes.
El Pilón I (Fasnia), de 15 megavatios y cuatro aerogeneradores, y El Pilón II (Güímar), de 8,5 y dos aerogeneradores, son los dos parques eólicos que promueve Disa con una inversión de 22,3 millones de euros (14,3 y 8, respectivamente). Emplazados en 181 parcelas ubicadas en Fasnia y Güímar, para el transporte de la energía proyecta la instalación de 24 torretas desde Fasnia hasta la ladera de Güímar, desde donde el trazado será soterrado hasta enlazar con la subestación del Polígono Industrial Valle de Güímar, pasando por Montaña Grande y el Camino del Socorro, ambos espacios con protección.
La Dirección General de Energía tiene en información pública la autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad pública de ambos proyectos para cuya instalación los dueños del suelo dicen recibir la propuesta de su alquiler por 35 años o la expropiación.
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