Los okupas se hacen de nuevo con el Edificio Chasna de Costa del Silencio

El Edificio Chasna de Costa del Silencio, en el municipio de Arona, ha vuelto a ser ocupado un año después.

Según manifiesta Eloy Outerial, una de las personas desalojadas en 2024 del inmueble, tan pronto se retiró el dispositivo de seguridad, que duró tres meses, las vallas que protegían la edificación fueron vandalizadas.

Desalojado el edificio Chasna, en Arona, en el que vivían 210 personas

Recuerda que él, junto a otras 210 personas "trabajadoras", fue desalojado por requerimiento del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arona. "Entonces, nos metimos por necesidad. Sin embargo, hay otra gente, con problemas, con adicciones, que ha vuelto otra vez", ha asegurado a Europa Press.

Lamenta Outerial que el amplio despliegue de seguridad que asegura que existió el día del desahucio, el 12 de marzo de 2024, no sirviera "para nada", ya que, hoy, un año después, se "vuelve a ocupar el inmueble, a la vuelta de tres meses" de vigilancia, y sin haber hecho "absolutamente nada" por evitarlo, ni precintarlo ni apuntalarlo.

Ayuda económica

Tras el desalojo algunos vecinos se beneficiaron de una ayuda económica. También se contó con el apoyo de Cruz Roja mientras se acampó en el entorno, aunque solo por un tiempo. "Eso fue en las primeras semanas, pero a la vuelta de un mes ya ni Cruz Roja, ni asistencia, ni nada", confiesa Eloy , que repasa cómo arribó a Chasna --"por necesidad"-- y los sentimientos con los que vivió aquel 12 de marzo de 2024.

"Cuando te falla la justicia, te falla el Estado, y te abandonan en la calle como a un perro, pierdes totalmente la fe, la fe en la sociedad", ha lamentado Outerial un año después de un desalojo que hoy califica como un "movimiento de ganado", durante el que no sintieron el respaldo de las administraciones públicas.

La decisión de Eloy de ocupar el Edificio de Chasna, en Costa del Silencio, derivó de la necesidad de contar con un techo bajo el que vivir. "No hay vivienda asequible", exclama. Hoy, esa situación persiste. Emprendió para seguir evolucionando, pero, de momento, vive en un trastero.

"La situación en Tenerife Sur no ha mejorado, al contrario. Como no han hecho nada, esto no hace más que empeorar. A día de hoy, solamente aquí hay como cuatro campamentos, entre El Fraile y Montaña Amarilla", ha asegurado Outeiral, que denuncia que la política mire para otro lado, con la negativa de no declarar el municipio como zona tensionada, a pesar de las dificultades de sus vecinos para acceder a una vivienda.

Edificio Chasna

El edificio Chasna se encuentra en las inmediaciones del límite de Arona y San Miguel de Abona, en la carretera que conduce desde Costa del Silencio a Guargacho. Su construcción quedó inconclusa «y lleva 53 años abandonado. Durante mucho tiempo pasaron muchas cosas aquí, muertes entre ellas», explicó entonces uno de los afectados por el desalojo, Juan José López. «Aquí somos gente trabajadora, carnicero, albañiles...».

López alude a la falta de viviendas en alquiler para tantos afectados y a precios asequibles. «La más barata es de 800 euros al mes, tres meses de fianza, aval bancario, no puedes tener niños ni animales... El problema es ese». Que se complica con la imposibilidad de empadronarse, asunto del que responsabilizan al gobierno municipal de Arona.

Querella

Por todo ello, un grupo de vecinos ha manifestado su "voluntad" de querellarse contra lo que entienden como un "exceso" cometido en la ejecución de su desahucio, del que este miércoles se cumple un año.

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arona ordenó entonces el desalojo de 44 viviendas de los bloques 8 y 10 del citado edificio, abandonado durante casi cinco décadas a medio hacer, ya que estaba afectado por debilidad estructural (aluminosis) y riesgo de desplome. La decisión implicó el desahucio de unas 210 personas, entre ellas mujeres, alguna embarazada, personas mayores y con discapacidad.

En declaraciones a Europa Press, el abogado del colectivo, Gabriel Morales, ha ahondado que lo que se busca con esta acción: "depurar responsabilidades" en un proceso en el que, aseguran, se ha cometido "un exceso en la ejecución del título" judicial.

"Hay unos trámites que se tienen que cumplir, unas formas, unas garantías con los demandados, y que no se han cumplido. Se ha hecho un procedimiento a las espaldas y eso, evidentemente, ha causado perjuicio", ha señalado.

Ejemplifica esta situación retrocediendo al momento en el que se dictó la sentencia, que más allá de las consideraciones de que pueda ser "justa" para unos e "injusta" para otros, hacía referencia a un espacio concreto para efectuar el desalojo --"con una referencia catastral específica, que coincidía con el bloque Chasna 10"-- mientras el desahucio, puntualiza, se llevó a cabo más allá.

"El (bloque 10) era la parte del edificio que estaba más en peor estado, por así decirlo, y que a lo mejor sí podría llegar incluso a suponer un riesgo para la vida de las personas que allí se encontraban. Podríamos llegar a plantearnos eso, pese a que nunca hubo realmente un informe a ese respecto", ha defendido el abogado.

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El aviso

En un repaso a otro de los aspectos negativos que habrían podido observarse en este desahucio, también está la forma en la que describen que se les avisó. De este modo, sostiene la defensa, no se tuvo en cuenta "la pluralidad de personas" a las que afectó la situación, notificándosela "con un papel en la puerta, que ni siquiera fue puesto por un funcionario judicial, sino por la procuradora de la otra parte".

Si bien la querella se limitaría al ámbito judicial, la esfera política también ha tenido protagonismo en este caso de desahucio masivo en el sur de Tenerife. Así, recuerda el abogado cuando, "a sabiendas de la existencia del procedimiento judicial", se "bloquearon los empadronamientos, de forma deliberada", cuestión que supuso un obstáculo para que algunas familias pudieran percibir la ayuda económica que otros sí recibieron.

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"Les he explicado a los vecinos que esto es una cuestión de lucha por la dignidad", ha destacado Morales sobre el objetivo de la querella. Detalla que se estarían ante figuras penales para las personas involucradas, "es decir, en este caso, la letrada de la Administración de Justicia", o ante una responsabilidad directa del Estado, dada "la dejadez de sus propios funcionarios".