Contaminación marina en Puerto de la Cruz

«El Cabildo está decidido a acabar con todos los vertidos»

La presidenta, Rosa Dávila, acusa a los gobiernos anteriores insular y municipal de desatender las advertencias sobre Playa Jardín

Emisarios de aguas residuales en el Puerto de la Cruz

El Día

Daniel Millet

Daniel Millet

Santa Cruz de Tenerife

«El Cabildo de Tenerife está decidido a resolver de forma definitiva todos los vertidos en Playa Jardín». Rosa Dávila, presidenta de la Corporación insular, se comprometió ayer a poner todos los medios para poner fin a un desastre medioambiental, el mayor que sufre en este momento la Isla, que ha hecho que una de las principales playas de Tenerife lleve ya más de ocho meses cerradas al baño.

Dávila acusó a los gobiernos anteriores del Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, comandados por el PSOE, de «inacción» ante un grave episodio de contaminación marina por vertidos continuos de aguas fecales que se veía venir y que está teniendo graves consecuencias para los vecinos de Playa Jardín y su entorno, los turistas, el tejido productivo, la biodiversidad marina y la propia reputación de la ciudad turística.

Inacción y advertencias ignoradas

«La situación de Playa Jardín es el resultado de años de inacción y advertencias ignoradas por parte del anterior Gobierno insular y el del propio Ayuntamiento», subrayó la mandataria insular, de Coalición Canaria. «Desde el Consejo Insular de Aguas ya en 2020 se alertó sobre problemas en el emisario submarino, sin que se tomaran medidas para resolverlos», puntualizó.

Dávila añadió que «en 2021, un informe detalló 13 incidencias relacionadas con el sistema de saneamiento que afectaban directamente a la calidad del agua en la zona». «Y en 2022», recuerda, «otro informe del Consejo Insular de Aguas volvió a advertir de la gravedad del problema, sin que se actuara de manera efectiva».

La presidenta del Cabildo se refiere a los «numerosos y contundentes» informes, sobre los que ha informado EL DÍA, que alertaron del empeoramiento progresivo de las aguas del complejo de tres calas del Puerto de la Cruz ya desde al menos 2020 por unos vertidos de aguas residuales que terminaron provocando el cierre de Playa Jardín el 3 de julio de 2024.

«La falta de determinación política para abordar un problema tan grave nos ha llevado a la crisis medioambiental que hoy enfrentamos», especifica, para añadir: «Desde el primer momento, este Gobierno», compuesto por un pacto de CC y PP tras las elecciones de mayo de 2023, «ha asumido la responsabilidad de buscar soluciones y revertir una situación que estamos decididos a resolver».

Actuaciones «concretas»

Dávila recordó que el Cabildo ha puesto en marcha actuaciones «concretas» para «solucionar esta crisis de una vez por todas». «Se ha declarado la emergencia para sellar el emisario y su rehabilitación está en marcha con una inversión de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses», dijo. «Además, estamos licitando la construcción de una nueva estación depuradora en Puerto de la Cruz, con una inversión de 20,8 millones de euros, que dará servicio a más de 100.000 personas y permitirá mejorar la gestión del agua en toda la comarca».

Rosa Dávila agrega que el Cabildo también está trabajando en la conexión de los vecinos del barrio de Punta Brava, situado justo al lado de Playa Jardín, al alcantarillado, con una aportación de un millón de euros al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. «Somos conscientes y compartimos la preocupación que genera el cierre de Playa Jardín, tanto para los vecinos como para el sector turístico, pero a diferencia del pasado hoy hay un Gobierno insular que actúa con rigor y compromiso», enfatizó.

La mandataria del Cabildo tinerfeño recordó que en junio del año pasado mantuvo contactos telefónico con el alcalde de entonces de Puerto de la Cruz, Marco González (PSOE) –tras una moción de censura fue reemplazado posteriormente por Leopoldo Afonso (PP)– para advertirle de que tenía prohibir el baño en Playa Jardín de forma inmediata. Lo hizo después de tener acceso al informe de Salud Pública del Gobierno de Canarias, firmado el día 21 de ese mes, que pedía esta medida drástica ante la elevada presencia de bacterias fecales en las aguas de la principal zona de baño del municipio. El cierre se terminó decretando el 3 de julio, 13 días después de la advertencia de Salud Pública.

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