Un juez da 48 horas a los okupas para que abandonen la casa que tomaron en un barrio de la capital de Tenerife

Los okupas que tomaron de forma ilegal una casa del barrio de El Toscal, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, tienen 48 horas para abandonarla si no quieren enfrentarse a un desalojo por la fuerza. Es la decisión que ha adoptado el juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife en un auto al que ha tenido acceso EL DÍA.

Se trata de la vivienda del número 10 del Pasaje Segundo Ravina, que fue ocupada el pasado martes 11 de febrero por la noche por un grupo de jóvenes que previamente había tomado otra vivienda cercana, en la calle El Saludo.

El juez advierte a los okupas que de no abandonar el inmueble en el plazo de 48 horas incurrirán en un delito de quebranto de medida cautelar, por lo que se llevaría a cabo el desalojo "mediante el auxilio de la fuerza pública".

El procedimiento judicial es consecuencia de la denuncia presentada por los propietarios de la casa terrera ante la Policía Nacional un día después de producirse la ocupación ilegal. En esta denuncia, esta familia tinerfeña, defendida por el abogado Jaime García de la Cruz, entregó la documentación que acreditaba que el inmueble es de su propiedad y que no la habían alquilado ni cedido a nadie.

El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife abrió diligencias y llamó a declarar como investigados a tres de los okupas por usurpación de vivienda y otro presunto delito contra el patrimonio histórico. Los investigados son dos jóvenes magrebíes y un ciudadano centroeuropeo.

En al auto, el juez asegura que los tres investigados, en representación de este grupo que ha ocupado dos casas en El Toscal, no aportaron ningún documento en referencia al número 10 del Pasaje Segundo Ravina que pudiera justificar la ocupación de esta vivienda, es decir, ningún contrato de arrendamiento ni permiso temporal de los propietarios. Los tres jóvenes, que acudieron al Palacio de Justicia con un abogado, se acogieron a su derecho a no declarar.

Cacerolada de los vecinos de El Toscal contra la inseguridad y la ocupación de viviendas

Además de la usurpación de vivienda, el juez añade un delito contra el patrimonio histórico a los tres investigados. Hay que recordar que esta vivienda del Pasaje Segundo Ravina, que ocupa un solar de unos 90 metros cuadrados, se encuentra protegida al formar parte del Bien de Interés Cultural (BIC) del Conjunto Histórico Barrio de El Toscal. La dueña la había heredado y el año pasado abrió el proceso para rehabilitarla, para lo que debía respetar estrictas normas de protección al tratarse de un bien catalogado por su gran valor patrimonial.

El magistrado recuerda en el auto, en el que ordena a los okupas abandonar la casa, que el inmueble es BIC "concurriendo indicios de que los investigados están efectuando obras en su interior", lo que supone un delito contra el patrimonio histórico recogido en el artículo 323 del Código Penal. El juez añade que la casa no está en condiciones de ser habitada, "con el consiguiente riesgo para los investigados".

La ocupación de esta casa y otra terrera situada en la cercana calle El Saludo ha generado indignación en el barrio de El Toscal. Los vecinos emprendieron movilizaciones ante la inacción de las autoridades para exigir el desalojo de estos jóvenes, que además de tomar los inmuebles de manera ilegal han creado una sensación de inseguridad en el barrio.

Y es que este grupo, que actuaría como una banda, ha protagonizado varios incidentes y algunos de sus miembros han mantenido una actitud desafiante y violenta. En uno de estos episodios, del que fue testigo EL DÍA, dos de los okupas se encararon con los vecinos y uno de ellos llegó a amenazarlos con un cuchillo.

El Gobierno local de la capital tinerfeña, sin competencias para actuar en estos casos, ha apoyado estas reivindicaciones. El propio alcalde, José Manuel Bermúdez, requirió pocas horas después de la ocupación de la casa del Pasaje Segundo Ravina, una actuación urgente a la Delegación del Gobierno central en Canarias, tanto por la ocupación como por la preservación de la seguridad ciudadana.

En el pleno de este viernes del Ayuntamiento chicharrero, Bermúdez dio un golpe sobre la mesa ante la complicada situación que se está viviendo en el céntrico barrio de El Toscal, con respecto a la ocupación ilegal de viviendas. El regidor chicharrero denunció que con las leyes "socialistas y de Podemos" se protege "de igual manera" a una familia vulnerable con tres menores que a "quinquis okupas".

En sus declaraciones, Bermúdez incidió en el clima de inseguridad que se ha creado en el barrio y en que sobre uno de los okupas pesa una orden de expulsión de España que no se ha ejecutado, sin saber por qué se tarda tanto en actuar.

Dieciocho días después de que los okupas forzaran la puerta de la casa del Pasaje Segundo Ravina y la tomaran ilegalmente, el juez ha ordenado el abandono inmediato. Este sábado, los okupas permanecían en la vivienda y no habían dado muestras de estar preparando el abandono, para lo que cuentan con un plazo de 48 horas.

 Este pasaje donde se encuentra la vivienda terrera, llamado Ravina Segundo, y otro similar muy próximo, Ravina Primero, surgieron a finales del siglo XIX de la mano de sociedades vinculadas a la actividad portuaria de Santa Cruz y constituyen todavía hoy, pese al deterioro de algunas de las casas, uno de los grandes atractivos de El Toscal y una verdadera joya histórica y patrimonial. Es un barrio que el Ayuntamiento está reformando, en un ambicioso proyecto para peatonalizar algunas de sus calles y fomentar su desarrollo social y económico.